Comprar boletas para partidos de fútbol y conciertos podría ser más caro con la ley de rescate económico del Gobierno de De la Espriella

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el 29 de octubre de 2026 ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado ‘Ley de Rescate Económico’. La iniciativa propone medidas para contener el déficit fiscal, reducir gastos públicos e introducir modificaciones tributarias.

Entre otras cosas, el texto plantea que cerca del 70% del ajuste fiscal provenga de una reducción del gasto estatal. Dentro de las medidas figura un recorte del 50% en los recursos destinados a contratos de prestación de servicios para 2027, además de una baja del 20% en los gastos generales de funcionamiento. También prevé la venta de activos considerados improductivos y la reorganización o fusión de entidades públicas.

Dicha propuesta también amplía la base del impuesto al valor agregado (IVA) y plantea gravar las compras inferiores a USD200 ($632.009 actuales) hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico.

Desde el 1 de enero de 2028, el mecanismo EfectIVA devolvería el 100% del IVA a personas en pobreza extrema y porcentajes menores a otros grupos vulnerables. El proyecto, además, contempla cambios en aportes parafiscales y cotizaciones de salud para determinados rangos de ingresos de trabajadores y empleadores.

Aplicación de IVA a conciertos y eventos deportivos

Algo que también llamó la atención en el proyecto radicado es una eventual aplicación de un IVA del 19% a las boletas de conciertos, festivales, obras de teatro y eventos deportivos (entre ellos partidos de fútbol), ya que la iniciativa propone retirar la exclusión tributaria que hoy tienen las entradas a espectáculos culturales y deportivos.

Con exactitud, el artículo 42 del escrito del Gobierno nacional plantea modificar el tratamiento de bienes y servicios que en la actualidad no están gravados con IVA. Para las entradas, la regla general sería la tarifa del 19%, salvo que otra norma establezca una condición distinta, algo que podría afectar la asistencia a eventos y el gasto de los hogares destinado a cultura, entretenimiento y deporte.

Así las cosas, si el impuesto se traslada por completo al comprador, una entrada con valor base de $100.000 pasaría a costar $119.000, sin contar otros cargos que puedan aplicarse. El incremento potencial equivale a $19.000 y dependería de que los organizadores incorporen de manera íntegra el gravamen al precio final de la boleta.

La modificación no está vigente y aún debe superar el debate y la aprobación del Congreso de la República. De aprobarse sin cambios, el texto prevé que el nuevo tratamiento tributario comience en enero de 2028, lo que representaría una carga adicional para quienes compren este tipo de entradas.

La factura electrónica como condición para devolver el IVA

El proyecto también contempla un mecanismo de devolución del IVA que, según el exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez, vincularía el reintegro con las compras de manera formal registradas. El exfuncionario sostuvo que la administración del recaudo debe continuar bajo responsabilidad de la autoridad tributaria.

Quiñonez explicó que el esquema parte de una secuencia en la que el vendedor cobra el impuesto, luego lo declara ante la autoridad tributaria y después se devuelve a quienes cumplan las condiciones previstas. Según él, el cambio estaría en la forma de calcular el beneficio para la población vulnerable, pues el valor dependería del IVA registrado de manera efectiva en facturas electrónicas.

Comparó la propuesta con el programa que funcionó durante el gobierno de Iván Duque y que administraba el Departamento de Prosperidad Social (DPS). “Lo que hacía el Departamento de Prosperidad Social era devolverle el IVA a los más vulnerables”, indicó, aunque consideró que ese modelo entregaba una cuota fija y no un reintegro calculado sobre el impuesto pagado en cada transacción.

En el modelo que describió, las personas interesadas en acceder a la devolución tendrían que solicitar el comprobante electrónico al hacer sus compras. “Las personas vulnerables que quieran obtener la devolución del IVA sí o sí tienen que pedir factura electrónica en sus compras”, afirmó el exfuncionario al agregar que “ahora sí la devolución va a ser sobre un monto cierto de IVA”.

Planteó dos posibilidades para hacer los pagos:

• Que la Dian los efectúe con la información recogida en las facturas electrónicas.
• Que el DPS conserve esa tarea, como ocurrió en el programa anterior.

Formalización de operaciones comerciales

La exigencia de factura podría trasladar a los consumidores de menores ingresos parte de la presión para formalizar las operaciones comerciales, advirtió. Quiñonez mencionó las compras de ropa en San Victorino, en Bogotá, y en El Hueco, en Medellín, como ejemplos de circuitos donde puede haber comercio informal: “Si esa persona quiere que le devuelvan el IVA de esa ropa, tiene que pedir factura electrónica”.

Para el exfuncionario, esa condición cambia el papel del comprador frente a establecimientos que no expiden comprobantes formales. “Traslada el control de la informalidad al usuario o consumidor”, sostuvo al referirse a los que adquieren bienes en esos sectores y necesitarían pedir factura para aspirar al reintegro.

Plazos legislativos e impacto fiscal de la propuesta

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo cuestionó el tiempo disponible para que el Congreso de la República tramite la Ley de Rescate Económico dentro de la legislatura. En una publicación en X, señaló que el Gobierno presentó tarde la iniciativa y que quedaban apenas seis semanas para lograr su aprobación.

Describió el proyecto como una norma “complicada, densa y de hondo calado fiscal”; además, consideró “muy improbable” que el Congreso la aprobara en ese lapso. Según expuso, ni siquiera había comenzado la socialización de la propuesta ni el debate legislativo, factores que a su juicio dificultaban su avance.

Advirtió que un eventual retraso tendría consecuencias sobre las modificaciones a los impuestos directos, como la renta de personas naturales y jurídicas. Si la ley no se aprueba en 2027, esos cambios no podrían aplicarse hasta 2028, porque se trata de tributos de período, a diferencia del IVA, que Restrepo caracterizó como un impuesto indirecto de aplicación inmediata.

La demora en la presentación de la iniciativa, según la advertencia de Restrepo, podría extender el calendario de las reformas tributarias directas y generar un “grave trastorno” para las proyecciones fiscales previstas para el año siguiente.