Siguen conociendo nuevos detalles sobre un caso judicial nada menor en Colombia, luego de que la Fiscalía colombiana le atribuyó a la juez Miryam Alcira Martínez López haber concedido un hábeas corpus que permitió la libertad de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, un ciudadano neerlandés señalado en una investigación transnacional por presunto narcotráfico.
La funcionaria no aceptó los cargos que le imputaron por cohecho, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
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De acuerdo con el dosier del caso que conoció el diario El Tiempo, el extranjero, identificado con los alias de Marcus y “Baco”, residía en Medellín desde 2016 y figuraba en expedientes de Países Bajos por una presunta red que coordinaba envíos de cocaína hacia Europa.
El reporte señala que Van der Voort fue capturado en febrero de 2026 y enviado a la cárcel La Picota (de Bogotá).
Luego, el europeo recuperó la libertad tras una decisión de hábeas corpus concedida por Martínez López, que ahora es objeto de investigación judicial.
Los expedientes relacionan al neerlandés con cargamentos de cocaína enviados desde Ecuador
Según documentos judiciales de Países Bajos, la organización al parecer coordinaba desde Medellín y Cali despachos de cocaína ocultos en contenedores de fruta que salían desde Ecuador con destino a Europa.
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La investigación habría comenzado en 2025 a partir del análisis de comunicaciones cifradas. En esos archivos, las autoridades habrían encontrado indicios de actividades de fraude y extorsión a través de Kinky.nl, una plataforma de anuncios de servicios para adultos con presencia en Bélgica y Países Bajos.
El informe añade que medios neerlandeses también informaron sobre presuntos preparativos de la red para ejecutar secuestros, una hipótesis que formaría parte de las indagaciones en ese país.
El capo neerlandés abrió un parqueadero en Envigado y se presentó como empresario
Los registros mercantiles citados en la información señalan que Van der Voort creó en agosto de 2019 un parqueadero llamado Rotterdam, ubicado en Envigado, Antioquia.
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El negocio se constituyó con un capital inicial de $2,5 millones. Cuatro años después, según el informe, declaró ingresos por $310 millones. La indagación plantea que en ese establecimiento se comercializaban vehículos de alta gama y que esa actividad habría servido, presuntamente, para mover recursos vinculados al narcotráfico.
El extranjero también contrajo matrimonio con una colombiana que aparece vinculada a un spa identificado en documentos de investigadores como Lotus Spa 010.
El informe sostiene que la mujer inició un trámite de divorcio seis meses después de la captura de Van der Voort y de la posterior decisión judicial que permitió su salida de prisión.
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La juez ya había sido investigada por una decisión en el caso de la chatarrización
Martínez López había enfrentado una investigación disciplinaria con antelación por una decisión tomada en marzo de 2018, cuando dejó en libertad al exlíder camionero Pedro Aguilar, investigado por el llamado cartel de la chatarrización.
En esa ocasión, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una actuación contra la funcionaria por ese caso, aunque tiempo después quedó libre de responsabilidad disciplinaria.
Aguilar recibió después una condena de 10 años de prisión. Pero ahora, la investigación actual contra Martínez López se centra en la decisión que benefició a Van der Voort, mientras las autoridades determinan si existieron irregularidades en la expedición del hábeas corpus.
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Los detalles de la audiencia: la jueza fue enviada a la cárcel
La Fiscalía General de la Nación de Colombia judicializó a la jueza Miryan Alcira Martínez López por presuntamente aceptar una promesa de $ 1.200 millones para conceder un hábeas corpus que ordenó la libertad del ciudadano neerlandés Marcus van der Boot.
La funcionaria, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, fue imputada por cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
La investigación también alcanza a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y a Gualdo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales.
La acusación busca determinar si los tres coordinaron el trámite que permitió la salida de prisión del extranjero.
La fiscal especial contra la corrupción Margarita Rosa López sostuvo durante la diligencia judicial que se llevó a cabo de manera virtual que a Martínez López “se le atribuye aceptar la promesa remuneratoria directa y posteriormente recibir dinero para sí”.
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La decisión judicial cuestionada ordenó la libertad inmediata de Van der Boot el 13 de junio.
El cambio de turno y los rechazos previos
El expediente habría llegado al despacho de la jueza tras una modificación del turno judicial para que el hábeas corpus fuera atendido durante un fin de semana.
La representante de la Fiscalía afirmó que la presidencia del Consejo autorizó el cambio de turno del sábado 13 de junio, sin conocer la “intención maliciosa” detrás de la petición.
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Antes de esa actuación, la defensa de Van der Boot había presentado dos solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por otros juzgados. Una correspondió al Juzgado 47 Penal del Circuito y la otra al Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá.
“Ambas fueron despachadas desfavorablemente por los jueces en cada oportunidad, quedando ejecutoriadas esas decisiones”, indicó López. Tras esos rechazos, la Fiscalía sostiene que el extranjero acudió a Herrera Cuenca para impulsar una nueva petición.
De acuerdo con la acusación, la abogada debía conseguir funcionarios que asesoraran el procedimiento, aseguraran el reparto del expediente y facilitaran una decisión favorable.
La fiscal explicó que Herrera Cuenca habría contactado a una jueza de garantías y a un servidor responsable del turno de reparto, a quienes presuntamente prometió dinero para obtener la libertad del neerlandés.
El mismo ente investigador ubicó una reunión el jueves 4 de junio de 2026 en la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá.
Según el relato expuesto en audiencia, Herrera Cuenca ingresó a la oficina del Juzgado 77 y se reunió con Martínez López.
Durante ese encuentro se habría realizado una videollamada con Van der Boot. La jueza y la abogada, siempre de acuerdo con la acusación, le habrían confirmado al detenido que el acuerdo para gestionar su libertad seguía en curso.
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