El abogado Camilo Enciso presentó el domingo 25 de octubre una denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro por presunto tráfico de influencias de servidor público, concusión y peculado, a partir de acusaciones sobre contratos estatales que habrían sido otorgados a cambio de favores sexuales.
El exsecretario de Transparencia sostuvo que el exmandatario no respondió de forma directa a los señalamientos vinculados con Deicy Jiménez, de acuerdo con sus declaraciones a la revista Semana.
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La acción plantea tres posibles conductas penales y busca que las autoridades determinen si hubo uso de influencia política para facilitar contrataciones en entidades públicas. Enciso dio a conocer su decisión durante una entrevista con el programa Aquí y ahora, de La FM.
El abogado cuestionó la reacción pública de Petro frente a las denuncias. “La defensa de Petro, la verdad es que ha sido patética, porque él no ha respondido nada de las cosas de las que lo están acusando”, declaró.
Enciso consideró que Petro debería solicitar ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia y por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. A su juicio, esas instancias le permitirían exponer su versión, aportar los elementos que considere pertinentes y explicar su relación con Jiménez.
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Las conductas penales incluidas en la denuncia
El tráfico de influencias de servidor público, según la denuncia, estaría relacionado con el supuesto uso de la posición política de Petro para favorecer la adjudicación de contratos. La concusión, explicó Enciso, se configura cuando un servidor público exige o solicita una contraprestación a un particular a cambio de ejercer sus funciones, poder o influencia.
“Es como un soborno, pero al revés”, afirmó el abogado al describir esa figura penal. De acuerdo con el relato que atribuyó a Deicy Jiménez, Petro habría utilizado su influencia primero como senador y luego como presidente para conseguir contrataciones en distintas entidades estatales a favor de ella a cambio de favores sexuales.
Enciso también señaló la posibilidad de peculado tras revisar informes entregados por Jiménez en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, conocido como Secop. Sostuvo que esos documentos correspondían a trabajos sin sustento suficiente: “Eran prácticamente corbatas”.
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Los funcionarios que aprobaron pagos y supervisaron esas contrataciones también podrían afrontar cuestionamientos judiciales, según el denunciante. Esas personas podrían ser convocadas a declarar ante la Corte Suprema y la comisión de la Cámara.
Las citaciones de Angie Rodríguez, Laura Sarabia y Deicy Jiménez
El relato conocido hasta ahora sugiere, según Enciso, que hubo un acuerdo entre las partes, por lo que no considera a Jiménez víctima de los delitos que denunció desde una perspectiva penal. Sin embargo, distinguió el plano de las relaciones de poder: “Desde lo sociológico y las relaciones de poder sí, ella es una víctima”.
La Fiscalía General de la Nación citó a Angie Rodríguez y Laura Sarabia para que respondan por la información que conozcan sobre el caso. Jiménez, por su parte, será llamada a rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia.
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Enciso reprochó que Petro haya planteado que otros sectores estarían utilizando a Jiménez para impulsar una persecución judicial y política en su contra. “Petro lo que está haciendo es politizando el caso”, afirmó, y agregó que esa postura “enreda a Colombia en un mare magnum de demagogia”.
Pese a sus críticas, el abogado recordó que Petro conserva el derecho a la presunción de inocencia y sostuvo que las autoridades deben esclarecer los hechos. También aseguró que el Instituto Anticorrupción cuenta con información cuya divulgación aún no está autorizada y que los hechos denunciados podrían haberse repetido en otras entidades públicas con participación de altos funcionarios del Gobierno.
El instituto, anticipó Enciso, entregará nuevas pruebas sobre los hechos denunciados.
La Corte Suprema designó al magistrado que investigará el ‘caso de las 48’
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia asignó por reparto al magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado la investigación preliminar contra Gustavo Petro, en su condición de exsenador, y la excongresista María José Pizarro por las denuncias formuladas en el denominado caso de las 48. El magistrado deberá verificar los hechos y determinar si corresponde citar a los señalados para que entreguen explicaciones ante el alto tribunal. La denuncia ingresó por la Secretaría de la Sala y fue asignada mediante un sorteo aleatorio.
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Fonseca Alvarado integra el grupo de cinco magistrados que se incorporó recientemente a la Sala Especial de Instrucción. La Sala Plena lo eligió el 17 de septiembre y asumió formalmente el cargo el 14 de octubre. A partir de su designación, quedó a cargo de conducir las actuaciones relacionadas con la denuncia presentada por Deicy Alejandra Jiménez Ramírez.
Jiménez afirmó públicamente que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres a las que se les asignaban contratos estatales a cambio de silencio, compañía en reuniones y presuntas relaciones sexuales. Según su declaración, conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una plataforma para adultos, y sostuvo que en algunas ocasiones él le habría pedido conseguir cocaína. La denunciante calificó los hechos como supuestos actos de “corrupción, manipulación y abuso de poder”.
La competencia de la Corte Suprema para revisar la denuncia contra Petro se relaciona con los hechos que presuntamente ocurrieron en 2019, cuando ocupaba una curul en el Senado. En cambio, las actuaciones vinculadas con su periodo como presidente corresponden a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
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La denunciante también aseguró que tuvo contratos con el Senado durante la primera vicepresidencia de María José Pizarro, además de vínculos contractuales con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, cuando esa entidad estaba bajo la dirección de Armando Benedetti.
Según los registros del Portal Anticorrupción de Colombia consultados por La FM, Jiménez tuvo diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026: siete relacionados con el Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Uno de ellos seguía vigente al momento de la publicación: fue firmado el 21 de enero de 2026 por $30.457.000 y tenía como objetivo apoyar la elaboración de informes sobre proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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