Deicy Jiménez deberá declarar ante la Corte Suprema de Justicia el jueves 29 de octubre de 2026 por denuncias sobre presuntos contratos estatales entregados a mujeres a cambio de favores sexuales que involucran a Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro. La diligencia revisará, entre otros elementos, el vínculo laboral de la testigo con la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la exsenadora María José Pizarro.
Sumado a ello, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por denuncias sobre presuntos contratos otorgados a 48 mujeres sin requisitos definidos ni condiciones establecidas. El caso cobró relevancia tras las acusaciones expuestas por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y una entrevista de Jiménez concedida a Semana.
PUBLICIDAD
El fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, indicó que era necesario recoger el testimonio de Jiménez dentro de la indagación. La pesquisa examina la denuncia de que los convenios habrían sido entregados a mujeres como retribución por presunta actividad sexual con el expresidente de la República.
La defensa de Jiménez pidió que el ente acusador la escuchara para aportar los elementos que, según sostuvo, tiene en su poder. Su abogado argumentó que la declaración permitiría preservar material relevante para las verificaciones y adoptar medidas orientadas a protegerla.
Medicina Legal se pronunció sobre el caso
En rueda de prensa, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, señaló que la entidad está dispuesta a practicar pruebas psiquiátricas y psicológicas a Deicy Jiménez, para verificar su testimonio sobre los presuntos contratos que se habrían entregado a cambio de supuestos favores sexuales.
PUBLICIDAD
“En estos casos, nosotros también podemos evaluar temas de lesiones no personales, en las cuales podemos hacer algún tipo de estudio de valoración frente a lo que pida un fiscal o un juez de la República, en el sentido de, por ejemplo, hacer evaluaciones psicológicas o psiquiátricas. En este momento, pues no se ha hecho ninguna solicitud, pero para eso está medicina legal en el país”, explicó Cortés.
El alto funcionario señaló que el organismo no puede realizar esas labores por iniciativa propia, por lo que deben ser autorizadas por solicitud del fiscal o de la defensa de la mujer.
“Sí, se puede, mientras en la audiencia o en el proceso que se lleve por parte de los jueces de la República y la Fiscalía lo solicite, tanto la Fiscalía o la contraparte o el mismo juez, eso no sería problema”, indicó.
PUBLICIDAD
Confirman la existencia de contratos de Deicy Jiménez
Por otra parte, el exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Tito Lovo Carretero, confirmó la supervisión de dos contratos otorgados a Deicy Alejandra Jiménez Ramírez entre agosto de 2025 y diciembre de 2026, por un valor conjunto cercano a $41.000.000. La contratación tomó relevancia tras la denuncia de la joven, quien afirmó que recibió cargos estatales como contraprestación por presuntos favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.
El primer contrato fue suscrito el 29 de agosto de 2025 por $11.000.000 y tenía como objeto apoyar la gestión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. El segundo, firmado el 21 de enero de 2026, ascendió a $30.000.000 y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año.
Lovo Carretero confirmó a El Tiempo que fue supervisor de ambas órdenes de prestación de servicios. El acuerdo de 2025 estableció una remuneración mensual de $2.534.395 durante cuatro meses y medio, mientras que el de 2026 fijó pagos mensuales de $2.648.443 durante 11 meses y medio.
PUBLICIDAD
Los acuerdos fueron celebrados mediante contratación directa e incluían tareas de archivo, digitación, apoyo documental y asistencia a la gestión. La justificación consignada para la vinculación fue la insuficiencia de personal para cumplir los objetivos de la dependencia.
El documento firmado por el entonces supervisor señaló que se requería personal de apoyo para consolidar informes destinados al seguimiento de proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Lovo Carretero sostuvo que la contratación respondía a necesidades operativas y que Jiménez reunía el perfil requerido.
La subdirección tenía entre seis y siete funcionarios de planta, según explicó el exfuncionario al diario, una cifra que llevaba a contratar a más de 100 personas bajo órdenes de prestación de servicios. “Con respecto a la contratación de profesionales y/o personas de apoyo a la gestión, se justifica en insuficiencia de personal de planta para cumplir con todas las funciones de la Subdirección”, afirmó.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD