La Fiscalía General de la Nación recibió información sobre la contratación estatal de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, una joven que afirmó que los contratos que obtuvo durante el gobierno de Gustavo Petro respondieron a favores sexuales para el entonces mandatario. Sin embargo, el expresidente de la República rechazó esa acusación.
El Tiempo informó que, además de cinco contratos divulgados el 25 de octubre de 2026, halló registros que apuntan a un sexto vínculo que habría quedado preparado para su firma cerca del final de la administración. La existencia y las circunstancias de esa contratación forman parte de las verificaciones en curso.
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Los registros incluyen entidades del Congreso y del Ejecutivo
Jiménez tuvo contratos con el Senado de la República, durante la primera vicepresidencia de María José Pizarro; la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, entonces encabezado por Armando Benedetti. Los pagos asociados a esos acuerdos superan los $100.000.000, de acuerdo con la información publicada por el diario.
El medio también identificó el nombre de la joven en reportes de contratistas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Carlos Ríos, director de esa entidad, había denunciado ante el Congreso una presunta “instrumentalización” de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios a cambio de “estar con el expresidente”.
Un reporte presentado por Jiménez ante Función Pública, publicado el 25 de julio a las 5:59 p.m., 13 días antes de que concluyera el gobierno de Petro, la registra como auxiliar administrativa del Dapre. En el documento, la mujer, de 27 años, declaró ingresos laborales de $ 2.000.000 durante 2025.
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Jiménez niega haber trabajado en la Presidencia
Deicy Jiménez dijo que espera la citación de la Fiscalía para entregar pruebas relacionadas con las declaraciones que concedió a Semana. Frente al registro en el Dapre, negó haber desempeñado funciones allí.
“Yo no trabajé allá. Nunca fui a Casa de Nariño”, afirmó al medio citado. También sostuvo que no contrató con esa dependencia y añadió que, si su nombre figura en documentos de la sede principal de trabajo del presidente, habrían usado su identidad.
La joven señaló, además, que no conoció a Laura Sarabia ni a Angie Rodríguez y que no tuvo conversaciones con ellas. Sus manifestaciones deberán ser contrastadas con los registros administrativos y contractuales que examinan las autoridades.
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La Fiscalía revisa dos contratos supervisados desde Interior
La investigación también busca establecer la intervención de funcionarios del Ministerio del Interior en la contratación de Jiménez. Entre los documentos revisados aparece Tito Lovo Carretero, director encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno de esa cartera, como supervisor de los dos contratos que la joven tuvo en el organismo del Poder Ejecutivo.
Lovo Carretero firmó una justificación para la vinculación en la que se citaba insuficiencia de personal y la necesidad de apoyo para consolidar informes sobre proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Según la publicación, una argumentación similar se utilizó en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada durante la administración de Yennifer Parra.
Se prevé que el ente investigativo cite a Jiménez en los próximos días. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también podría convocar a Petro, quien ha negado que hubiera intercambios de favores sexuales por contratos estatales.
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Instituto Anticorrupción pide a la Comisión de Acusación investigar a Gustavo Petro
El Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se esclarezcan posibles irregularidades en la contratación pública relacionadas con los señalamientos de Deicy Jiménez sobre el expresidente Gustavo Petro.
El documento, fechado el 25 de octubre de 2026 y firmado por Camilo Alberto Enciso Vanegas, director de la organización, también fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que actúe dentro de sus competencias.
La solicitud busca establecer si se utilizaron recursos públicos para fines particulares y si existieron anomalías en la contratación estatal. Estas posibles irregularidades se relacionan con las declaraciones de Jiménez, quien, en una entrevista con la revista Semana, habló de presuntos vínculos entre contratos públicos y encuentros sexuales con Petro cuando era senador. También aseguró que habría existido una red de unas 40 mujeres a su servicio y afirmó haberle transportado droga.
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