La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) analizará el 30 de octubre, en Ciudad de Panamá, la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la desaparición forzada, tortura y asesinato de Eudaldo Díaz, el exalcalde de El Roble que advirtió en un Consejo Comunal de Gobierno que sería asesinado tras denunciar corrupción y vínculos criminales en Sucre.
La audiencia, en la que se espera la participación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), se llevará a cabo en un panorama de impunidad. La familia Díaz ha señalado sobre este caso que la condena y las confesiones obtenidas ante la justicia no han permitido esclarecer a todos los responsables del suceso, que ocurrió en abril de 2003.
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A 23 años del crimen, Juan David Díaz, hijo del exalcalde y vocero de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Sucre, ha afirmado en múltiples ocasiones que las amenazas contra su familia persisten. “Seguimos siendo víctimas de todo tipo de amenazas y de persecuciones”, recordó en diálogo con Infobae Colombia frente a esta delicada situación.
Cabe destacar que el 21 de febrero de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso para estudiar si el Estado cumplió con su deber de garantizar justicia plena. Así pues, esta audiencia pública podrá seguirse a través de las redes del organismo, a partir de las 11:00 a. m., con la participación de diferentes intervinientes.
En este caso, Juan David Díaz sostuvo que la investigación permanece incompleta pese a que el exgobernador de Sucre Salvador Arana reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad como autor intelectual del homicidio. Arana recibió una condena de 40 años de prisión; aunque desde mayo de 2023 se encuentra en libertad condicional.
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En Colombia, la Constitución establece que la JEP tiene competencia prevalente sobre la justicia ordinaria para investigar y juzgar delitos relacionados con el conflicto armado. Como Arana se sometió formalmente a esa jurisdicción, la pena dispuesta por la justicia ordinaria no está en ejecución, pues apenas había pagado 10 años de prisión.
Advertencia de Eudaldo Díaz ante Álvaro Uribe precedió a su asesinato
El 1 de febrero de 2003, durante un consejo comunal en Corozal, Eudaldo Díaz se dirigió al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en presencia del entonces gobernador Salvador Arana. En esa intervención, identificó al mandatario seccional y a las estructuras paramilitares como responsables de la persecución en su contra, que derivó en su asesinato en Sucre.
“Soy el alcalde de El Roble suspendido. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre... Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar”, expresó Díaz, en declaraciones que en ese acto causaron el rechazo del presidente, que no dio crédito a las advertencias de Díaz.
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Según el relato de la familia, el Estado retiró el esquema de seguridad del alcalde después de sus denuncias. Poco después, hombres armados lo interceptaron cuando se dirigía a una reunión y el 10 de abril de 2003, el cuerpo de Díaz fue hallado en la zona rural de Boca del Zorro, en un estado en el que registró signos de tortura y múltiples impactos de bala.
Para su hijo, la falta de una verdad completa ha dejado abierta la posibilidad de que responsables directos e indirectos conserven influencia en los territorios; una denuncia a la que se suma la libertad otorgada al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso e, incluso, el rol de gestor de paz que en su momento recibió del hoy expresidente de la República Gustavo Petro.
Familia de Eudaldo Díaz ha cuestionado beneficios otorgados a exparamilitares
Díaz ha sido crítico de cómo los integrantes de grupos paramilitares fueron capturados y condenados, aunque algunos de ellos recuperaron la libertad bajo la Ley de Justicia y Paz, al cumplir la pena máxima dispuesta en el tribunal transicional, que es de ocho años. “Faltan personas, tanto autores materiales como intelectuales, por responder”, afirmó.
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El vocero cuestionó que varios beneficiarios de ese mecanismo no hubieran aportado información determinante sobre los que ordenaron y ejecutaron el crimen. También sostuvo que antiguos miembros o colaboradores de esas estructuras conservan poder en Sucre y otros departamentos y, en su concepto, “siguen delinquiendo y oprimiendo al pueblo”.
En este caso, la Fiscalía General de la Nación vinculó recientemente a la investigación al coronel Norman León Arango, entonces comandante de Policía de Sucre, por su presunta complicidad en el debilitamiento de la protección del exalcalde. La familia rechazó una propuesta de conciliación al considerar que no existían garantías de reparación integral.
En la audiencia única de verdad del 15 de mayo de 2023, Mancuso se refirió al homicidio de Díaz ante la JEP. “Fue una solicitud directa, creo que fue del gobernador (...) Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, precisó.
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