La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega irregular de contratos estatales a mujeres a cambio de relaciones sexuales, hechos que podrían involucrar a funcionarios del Congreso, el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y dos superintendencias.
La entidad requirió información sobre cualquier contrato, orden de prestación de servicios u otra vinculación que Jiménez haya tenido desde 2019 con las instituciones bajo revisión. También solicitó copias de los documentos, sus valores, las funciones realizadas, la hoja de vida, el estado de cada vínculo y la identificación de quienes suscribieron o supervisaron esos contratos.
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“PRIMERO: ORDENAR LA APERTURA DE INDAGACIÓN PREVIA en contra de funcionarios por determinar del Congreso de la República Dirección General Administrativa; Departamento Administrativo de la Función Pública DAPRE; Ministerio del Interior, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Superintendencia Nacional de Salud; por hechos relacionados con una presunta extralimitación en el ejercicio de funciones, acoso y violencia de género, irregularidades administrativas en la suscripción de contratos, de órdenes de prestación de servicios y conexos”, señala la Procuraduría.
Las diligencias alcanzan al Congreso de la República, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud. Las entidades deberán responder en un plazo máximo de tres días desde que reciban la comunicación.
Los contratos y las denuncias de violencia de género
Jiménez, líder y defensora de la población Lgbti, aseguró en declaraciones a la revista Semana que recibió contratos en distintas entidades estatales a cambio de sostener relaciones sexuales. La Procuraduría consideró que esos hechos podrían corresponder a una extralimitación de funciones de servidores públicos aún no identificados.
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La resolución plantea que varias mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios por motivos ajenos a las necesidades del servicio público. De confirmarse, las conductas podrían constituir irregularidades administrativas, acoso y violencia de género.
El organismo disciplinario señaló que busca establecer si existió “acoso y violencia de género en contra de un número plural de mujeres que habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios al Estado, siendo la verdadera razón de su contratación otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público”.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas para individualizar a los posibles responsables y precisar las conductas que serán objeto de examen. Sin embargo, aclaró que la apertura no formula cargos contra personas determinadas, ya que la autoridad considera necesario verificar la identidad de los servidores públicos que podrían estar involucrados.
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Jiménez fue reconocida como sujeto procesal dentro de las actuaciones. La entidad también pidió a la revista Semana una copia completa de la entrevista difundida el 25 de octubre de 2026, junto con los datos de contacto e identificación de la denunciante.
Las entidades bajo requerimiento disciplinario
La investigación preliminar incluye a funcionarios por determinar de la Dirección General Administrativa del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y las dos superintendencias. La solicitud de información contempla además las posibles vinculaciones de Jiménez por modalidades distintas de las órdenes de prestación de servicios.
Si las entidades confirman que existieron contratos, deberán entregar una certificación laboral completa y las copias íntegras de los acuerdos. También tendrán que informar las labores, funciones o trabajos desarrollados por Jiménez, así como los nombres de quienes firmaron los documentos y de los supervisores asignados.
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La resolución fue asumida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, competente para adelantar procesos contra servidores públicos nacionales de determinado rango. Las actuaciones se tramitarán bajo lineamientos de enfoque de género establecidos en una circular del 10 de septiembre de 2025.
El expediente podrá avanzar hacia una investigación disciplinaria una vez que se recopilen los documentos y se determine qué funcionarios participaron, si hubo contratos vinculados a las denuncias y cuáles fueron las condiciones en que se suscribieron.
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