El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, y el jefe de la Oficina Jurídica de la cartera, Simón Díaz Granados, dieron a conocer detalles de las acciones que se han adelantado ante presuntas irregularidades que se identificaron en el manejo de los recursos públicos durante la anterior administración.
Los funcionarios se refirieron específicamente al estado de los $38.000 millones que el Gobierno pasado, liderado por el expresidente Gustavo Petro, invirtió en el arreglo de la anterior sede del Ministerio de Agricultura. De acuerdo con el jefe de la cartera, antes no se pagaba “ni un peso de arriendo”, pero ahora se debe hacer un pago de $700 millones mensuales.
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El jefe de la Oficina Jurídica informó que ya se han recuperado $20.000 millones, aproximadamente, por concepto de daños presuntamente causados y por el incumplimiento contractual que se le declaró al contratista.
El funcionario indicó que se ha estado llevando a cabo un trabajo conjunto con la Contraloría General de la República para poder aportar información a la investigación de esos hechos. Además, aseguró que se tomarán acciones legales de carácter penal para que las autoridades competentes individualicen e investiguen a las personas que participaron de alguna manera en la celebración del contrato.
“Se estará presentando una denuncia penal para compulsar a aquellos miembros que participaron en las aprobaciones de este contrato para las investigaciones correspondientes”, detalló.
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Por su parte, el ministro de Agricultura indicó que la cartera seguirá haciendo seguimiento a los hallazgos de presunta corrupción todas las semanas.
Eliminación de contratos en el Ministerio de Agricultura
Además de poner la lupa sobre presuntas irregularidades que se pudieron haber presentado en la anterior administración, el titular de la cartera le está apuntando a la austeridad, relacionada también con la reducción presupuestal que se contempla para el ministerio ($1,3 billones, aproximadamente). Por eso, el ministerio cancelará 10.000 contratos de prestación de servicios en 2027 y suspenderá la compra de nuevas tierras.
Esto, con el objetivo de liberar recursos públicos, que serán destinados a la población campesina, a créditos y a programas productivos.
Actualmente, la cartera cuenta con 18.000 contratos de prestación de servicios, aproximadamente, con un costo cercano a $1 billón. La no renovación de los acuerdos generaría un ahorro cercano a $540.000 millones y permitiría reducir el gasto de funcionamiento para aumentar la inversión.
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De acuerdo con declaraciones que hizo el ministro Dangond ante las comisiones económicas del Congreso en septiembre de 2026, durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, los fondos se dirigirán a reformas del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, subsidios a las tasas de interés, préstamos con plazos más amplios, asistencia técnica, mecanización y seguros agrarios.
“El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente (...) Con $100.000 millones de pesos puedo jalonar $800.000 millones en crédito a 10 años”, aseguró el titular de la cartera en el Legislativo.
Presunto “despilfarro” de recursos
El 22 de septiembre, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro Indalecio Dangond presentó un balance sobre la situación de la cartera tras el cambio de administración. Según detalló, los análisis realizados indican que se habría registrado un “despilfarro de los recursos del agro” y, como ejemplo, mencionó la existencia de 25 asesores con honorarios de $12 millones mensuales, aproximadamente. “Eso es una vagabundería lo que encontramos ahí”, aseguró.
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De igual manera, cuestionó los resultados de la administración pasada en materia de crecimiento de cultivos. “En los cuatro años que pasaron creció más la coca que los cultivos de los pequeños productores del campo”, afirmó el funcionario en su momento.
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