Un grupo de 33 académicos e investigadores colombianos solicitó mantener suspendida la aspersión aérea con glufosinato de amonio para erradicar cultivos de uso ilícito, hasta que las autoridades demuestren que evaluaron y pueden gestionar sus riesgos sanitarios y ambientales.
La petición aparece en una carta abierta fechada el 22 de octubre de 2026 y dirigida a la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, y a la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Cucunubá. El documento fue firmado a título personal por especialistas en epidemiología, salud pública, toxicología, pediatría, enfermería y salud ambiental, vinculados a instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Norte.
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Los planteamientos expuestos corresponden a la posición de los firmantes y a su interpretación de la información científica y jurídica disponible.
Los investigadores cuestionaron que el cambio de herbicida se presente como una garantía de seguridad
Los académicos sostienen que sustituir el glifosato por glufosinato de amonio no permite concluir, por sí solo, que las aspersiones serían seguras. Explican que ambas sustancias tienen composiciones, mecanismos de acción y perfiles toxicológicos diferentes, por lo que requieren análisis independientes.
La carta pide que la evaluación contemple el ingrediente activo, la formulación comercial completa, los componentes adicionales, las dosis, los volúmenes de aplicación y las condiciones operacionales previstas. También plantea que deben estudiarse las características ambientales y sociales de las zonas donde se desarrollarían las operaciones.
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Los firmantes advierten que la información disponible no responde todas las preguntas sobre las consecuencias de aplicar el herbicida mediante aeronaves, en especial sobre posibles efectos a largo plazo. Según el documento, los pilotos o estudios previos podrían identificar efectos agudos o de mediano plazo, pero no reemplazarían investigaciones de seguimiento durante años.
La carta pide analizar posibles efectos en la salud y el ambiente
El texto menciona hallazgos experimentales sobre efectos neurológicos y reproductivos en animales expuestos al producto. Sin embargo, los autores aclaran que esas observaciones no prueban automáticamente daños en seres humanos.
Por ese motivo, solicitan que las autoridades revisen las pruebas toxicológicas, los estudios disponibles en personas, las evaluaciones regulatorias y los modelos de exposición. El análisis, según la carta, debe establecer qué se conoce sobre efectos neurológicos, reproductivos, del desarrollo y una eventual carcinogenicidad, además de las incertidumbres que persisten.
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Los investigadores también cuestionan los riesgos de la deriva, es decir, la dispersión del producto fuera del área prevista de aplicación. Piden estimar las posibles exposiciones por inhalación, contacto con la piel, consumo de agua o alimentos contaminados, y cercanía a los sitios intervenidos.
El documento propone que los modelos científicos se contrasten, cuando sea posible, con mediciones ambientales e información territorial. Para los firmantes, los cálculos deben explicar sus supuestos, limitaciones y márgenes de incertidumbre antes de utilizarse como respaldo de una decisión administrativa.
Mujeres embarazadas, niños y comunidades rurales requieren una evaluación diferenciada
La carta señala que las comunidades rurales no enfrentan las mismas condiciones de exposición. Factores como la edad, el estado de salud, la nutrición, la cercanía a fuentes de agua, el tipo de vivienda y el acceso a servicios médicos pueden modificar la vulnerabilidad ante sustancias químicas.
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Los académicos piden atención específica para mujeres en edad reproductiva, embarazadas, fetos en desarrollo, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y habitantes con enfermedades preexistentes. También solicitan considerar la ubicación de escuelas, viviendas, cultivos de subsistencia, zonas de pesca y fuentes hídricas cercanas a las áreas de aplicación.
La falta de evidencia concluyente no debe interpretarse como prueba de ausencia de riesgos, según la posición de los autores. Por ello, reclaman la aplicación del principio de precaución y medidas de prevención acordes con los daños potenciales.
Los firmantes citaron los antecedentes de la aspersión con glifosato
El documento recuerda que Colombia suspendió en 2015 las aspersiones aéreas con glifosato, tras años de controversias sobre posibles consecuencias sanitarias, ambientales y sociales. Los autores también mencionan la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, que fijó parámetros relacionados con los derechos a la salud, al ambiente sano, al agua, a la participación y a la consulta previa.
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Los investigadores aclaran que esos antecedentes no permiten trasladar de forma automática las conclusiones sobre el glifosato al glufosinato. Aun así, sostienen que la experiencia obliga a examinar con rigor cualquier nuevo programa de aspersión.
La carta reclama participación comunitaria, acceso público a los estudios, mecanismos para presentar denuncias y vigilancia posterior a las operaciones. Los 33 firmantes solicitan que el Gobierno no avance con la implementación aérea hasta acreditar que los riesgos fueron caracterizados y que existen medidas suficientes para proteger a las poblaciones y los ecosistemas expuestos.
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