El Gobierno busca asegurar los recursos para sostener los subsidios eléctricos y evitar que las dificultades de financiación agraven la situación energética del país. Por esa razón, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitó al Congreso acelerar la aprobación de una adición presupuestal de $1,2 billones destinada a cubrir esas obligaciones.
Durante un debate sobre el panorama energético nacional, el funcionario insistió en que la respuesta requiere respaldo legislativo y decisiones que permitan atender las necesidades del sector. Según explicó, el Ejecutivo está dispuesto a tomar las medidas que estén a su alcance para evitar una interrupción del suministro eléctrico.
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“El Gobierno está empeñado en evitar el apagón. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda, pero necesitamos el apoyo del Congreso”, afirmó Gómez Martínez.
La petición presupuestal se suma a la discusión sobre cómo garantizar la financiación de los servicios públicos y responder a las presiones que enfrenta el sistema energético. Para el ministro, asegurar los subsidios es una de las tareas que requieren atención prioritaria, mientras el Gobierno busca respaldo para conseguir los recursos adicionales.
Ministerio de Hacienda insiste en explorar petróleo y gas
Además de solicitar la adición presupuestal, Gómez Martínez defendió la exploración de hidrocarburos como una fuente de ingresos para el Estado y de financiación para programas sociales. A su juicio, Colombia debe aprovechar sus recursos naturales de manera responsable, especialmente por las necesidades económicas de la población y las inversiones que requieren las regiones.
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“Dejar el petróleo enterrado o el gas en las profundidades no genera riqueza para los colombianos; al revés, nos empobrece”, señaló el ministro durante su intervención.
El funcionario planteó que la exploración de petróleo y gas necesita inversiones considerables, estabilidad jurídica y políticas de largo plazo. Estos elementos, sostuvo, son importantes para recuperar la capacidad de producción nacional y reducir la dependencia del gas importado, que tiene un precio significativamente superior al combustible producido en Colombia.
La discusión sobre el futuro de los hidrocarburos está ligada, según el planteamiento del ministro, a la capacidad del país para disponer de recursos destinados tanto al funcionamiento del Estado como a la inversión social. Por eso, insistió en que las decisiones energéticas deben ofrecer condiciones que permitan mantener las inversiones y sostener la producción nacional. “No solo se necesita diversificar las fuentes, sino que se necesita continuidad en las políticas”, afirmó Gómez Martínez.
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Su postura apunta a que los cambios en la política energética tengan estabilidad suficiente para que las inversiones puedan desarrollarse a largo plazo. El ministro considera que el aprovechamiento de las reservas de petróleo y gas puede contribuir a fortalecer las finanzas públicas, en un escenario en el que el Gobierno busca recursos para atender distintas obligaciones presupuestales.
Menos producción, menos recursos para las regiones
Otro de los puntos que destacó el jefe de la cartera de Hacienda fue el efecto de la reducción en la producción de hidrocarburos sobre las regalías. Estos ingresos representan recursos para departamentos y municipios, que los utilizan para financiar programas sociales y proyectos de desarrollo regional.
Gómez Martínez advirtió que una menor producción de petróleo y gas puede reducir los dineros que reciben las entidades territoriales. Esa disminución, según su argumento, limitaría la disponibilidad de recursos para atender necesidades locales y ejecutar iniciativas de inversión.
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Por esa razón, el ministro defendió el fortalecimiento de la exploración como una alternativa para impulsar la generación de riqueza y preservar los ingresos que el sector aporta a las finanzas públicas, tanto nacionales como territoriales.
La solicitud de $1,2 billones y la defensa de la exploración de hidrocarburos hacen parte de los asuntos expuestos por el funcionario durante el debate. Mientras el Gobierno pide al Congreso acelerar la aprobación de los recursos para los subsidios eléctricos, también plantea la continuidad de la actividad petrolera y gasífera como un componente de la financiación estatal.
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