El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín aplazó al próximo viernes 30 de octubre, a las 11:00 a. m., la audiencia que definirá si Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, continúa en detención domiciliaria o es trasladado a una cárcel, después de detectar que los audios de las actuaciones previas estaban incompletos.
La decisión también incidirá en la situación judicial de Sebastián Ortega, vinculado en el mismo proceso por presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los convenios investigados suman $17.656 millones y fueron celebrados y ejecutados entre 2021 y 2023.
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La diligencia estaba programada para el viernes 23 de octubre, pero el despacho concluyó que necesitaba revisar los registros de las audiencias de primera instancia antes de resolver las apelaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima.
Audios incompletos y revisión de la primera instancia
Los archivos de audio no fueron enviados inicialmente junto con el expediente trasladado desde el Juzgado 27 Penal de Medellín, que actuó con funciones de control de garantías. Aunque los registros llegaron después al despacho de segunda instancia, estaban incompletos y el juez debió pedirlos otra vez.
El titular del juzgado explicó que “no fue allegado ninguno de los registros de audio correspondientes a las diligencias surtidas en primera instancia”, según citó El Colombiano. La falta de ese material impedía estudiar con el tiempo necesario las intervenciones, los argumentos y las decisiones adoptadas durante las audiencias previas.
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Los registros son el respaldo de las actuaciones de la Fiscalía, la defensa, las víctimas y los funcionarios judiciales. También permiten revisar posibles controversias sobre lo dicho durante una diligencia e incorporar con precisión los elementos al expediente escrito.
La última actuación ocurrió el 3 de octubre, cuando el Juzgado 27 Penal de Medellín impuso a Quintero la medida de casa por cárcel. En esa misma audiencia, el juez rechazó la solicitud de imponer una medida intramural contra Ortega, es decir, una detención en un centro penitenciario.
Las apelaciones por una medida carcelaria
La Fiscalía y el abogado del Área Metropolitana apelaron esas determinaciones para pedir que Quintero y Ortega sean enviados a prisión. La fiscal 40 anticorrupción había sostenido que una medida cautelar intramural era urgente, aunque no bastara por sí sola para impedir una eventual interferencia en el proceso o una evasión de la justicia.
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Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue imputado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Ortega enfrenta imputación por el segundo de esos delitos.
El pronunciamiento de segunda instancia determinará si se mantiene la detención domiciliaria de Quintero y si se modifica la medida que rige para Ortega.
Por qué se ordenó detención domiciliaria para Miguel Quintero
Un juez de Medellín ordenó, el 2 de octubre, la detención domiciliaria de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, por su presunta participación en una red de contratación vinculada con seis convenios entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Los contratos sumaron 17.657 millones de pesos y, según la Fiscalía, habrían causado un perjuicio superior a 2.481 millones de pesos.
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El despacho consideró que los interrogatorios, las capturas de pantalla y otros elementos permitían inferir una posible intervención de Quintero en decisiones internas, nombramientos y procesos administrativos de la entidad entre 2020 y 2023. También señaló que un grupo de WhatsApp y dos cuadros encontrados durante un allanamiento podían indicar la existencia de una contratación paralela.
El juez sostuvo que los investigados conocían la posible ilegalidad de sus actuaciones y advirtió sobre ganancias desproporcionadas en contratos estatales: “cuando la ganancia resulta tan desmedida obviamente sí debe encender las alarmas de todo el conglomerado social”.
Sebastián de Dios Ortega Urán, señalado como presunto socio de Quintero, seguirá en libertad mientras avanza la investigación. La Fiscalía apeló la detención domiciliaria y va a argumentar que el investigado debe ser enviado a prisión.
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