Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad en falsos positivos que dejaron 38 víctimas: deberá pagar seis años de prisión

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso el 22 de octubre de 2026 una pena de seis años y tres meses de prisión al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, quien aceptó de manera tardía su responsabilidad en 24 hechos que dejaron 38 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Valledupar, Cesar.

La decisión, con ponencia del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, corresponde a hechos ocurridos entre 2004 y 2005 en el Batallón de Artillería La Popa, unidad que Figueroa dirigía entonces. Según estableció la JEP, civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate.

El proceso contra el exoficial fue llevado ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento luego de que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el órgano investigador de la JEP, lo llamara a juicio por los crímenes.

Figueroa Suárez reconoció su responsabilidad y participó después en diligencias públicas ante las víctimas, en las que pidió perdón. La aceptación se produjo una vez iniciada la actuación judicial, por lo que el tribunal aplicó una sentencia de reconocimiento tardío.

La JEP ordenó que el coronel retirado cumpla la sanción alternativa en un establecimiento especial de reclusión. La medida se diferencia de las sanciones propias previstas para quienes reconocen responsabilidad de manera temprana ante esa jurisdicción.

Además de la privación de la libertad, el fallo fijó 11 obligaciones restaurativas. Entre ellas figuran acciones destinadas a reivindicar públicamente el nombre de las víctimas, entregar información que contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas y participar en actos de memoria en la región Caribe.

Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad

En Valledupar, la JEP inició el 27 de agosto de 2026 una audiencia restaurativa en la que el coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez reconoció su responsabilidad por hechos ocurridos durante su comandancia del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.

El encuentro reúne a 36 víctimas, preparadas psicosocialmente para dialogar con el compareciente y avanzar en el restablecimiento de sus derechos. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez explicó que la audiencia no busca reabrir el debate probatorio, sino propiciar el diálogo, reparar el daño y restablecer los lazos sociales afectados; también señaló que el reconocimiento de Figueroa fue tardío y que quienes aceptan verdad y responsabilidad de manera plena y oportuna pueden recibir sanciones propias, sin privación de la libertad.

“La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’, también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, dijo.

Figueroa estuvo al frente del batallón entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en ese periodo ocurrieron 24 hechos victimizantes que dejaron 38 personas asesinadas, además de 11 casos de desaparición forzada y nueve de tortura.

La lista de víctimas incluye a Nohemí Pacheco Zabatá, una niña indígena Wiwa de 13 años asesinada y presentada falsamente como una baja en combate. Otros cuerpos fueron sepultados como personas no identificadas en cementerios de Codazzi y Valledupar, en el Cesar. En el grupo registran campesinos, jornaleros, jóvenes que salieron a buscar trabajo, integrantes de los pueblos Kankuamo y Wiwa, menores de edad y personas que todavía no han sido identificadas.

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP condenar al coronel (r) David Herley Guzmán por los asesinatos de tres menores y otras 14 víctimas de falsos positivos que fueron presentados como bajas en combate.

A la par, el Ministerio Público solicitó que, antes de tomar una decisión sobre el exuniformado, se esclarezca sobre otros cinco hechos que quedaron sin acusación.