La abogada Angélica María Monsalve Gaviria anunció este jueves 22 de octubre de 2026 que el Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura que presentó contra el congresista del Centro Democrático Daniel Briceño.
La jurista afirmó que la acción se relaciona con una presunta vulneración del régimen constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
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Monsalve divulgó la decisión a través de su cuenta en X, donde cuestionó al representante y sostuvo que deberá responder dentro del proceso judicial. “Ahora le corresponde responder ante la justicia”, escribió.
La abogada también señaló que existe una contradicción entre las funciones legislativas y los hechos que sustentan su solicitud. “La ironía de querer legislar mientras se es un violador de las reglas constitucionales”, manifestó en su publicación.
El pronunciamiento incluyó expresiones descalificadoras contra Briceño, a quien se refirió como “mentecato” y “garoso”. Más allá de esos calificativos, el mensaje confirmó que la controversia será examinada por la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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Esto dicen los documentos compartidos por la abogada
Los documentos compartidos por Monsalve corresponden a una providencia de la Sala Especial de Decisión 24 del Consejo de Estado, con fecha del 17 de septiembre de 2026.
En el documento figura como demandante Angélica María Monsalve Gaviria y como demandado Daniel Felipe Briceño Montes.
La actuación está bajo el medio de control de pérdida de investidura. El tema consignado en la carátula es la presunta “violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.
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El auto fue suscrito electrónicamente por el consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera, quien actúa como ponente del proceso. La primera página de la decisión señala de forma expresa: “Auto admite demanda”.
La pérdida de investidura es un mecanismo judicial que puede afectar la condición de un integrante de una corporación pública si se comprueba la configuración de causales establecidas en la Constitución y la ley. En este expediente, el Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos de la solicitante y la respuesta que presente el congresista.
Briceño tendrá cinco días para pronunciarse sobre la demanda
En la parte resolutiva, la Sala ordenó notificar personalmente la providencia al congresista y al agente del Ministerio Público, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1881 de 2018.
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El despacho ordenó, además, notificar por estado a la parte solicitante. La decisión establece que se deberá correr traslado de la demanda a Briceño, junto con la subsanación y los anexos allegados al expediente.
A partir de la notificación, el representante contará con cinco días para pronunciarse por escrito sobre los hechos y argumentos incluidos en la acción. En ese plazo podrá aportar documentos y solicitar las pruebas que considere necesarias para ejercer su defensa.
El auto precisa que ese trámite se realizará conforme al artículo 10 de la Ley 1881 de 2018, norma que regula el procedimiento para las demandas de pérdida de investidura.
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La providencia fue firmada mediante la plataforma Samai del Consejo de Estado. El texto indica que ese mecanismo garantiza la autenticidad, integridad, conservación y consulta posterior del documento, bajo las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En 2024: Daniel Briceño ya había sido demandado por pérdida de investidura
En 2024, Daniel Briceño ya había enfrentado una demanda de pérdida de investidura por una decisión adoptada cuando era concejal de Bogotá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y le permitió conservar su curul.
La acción, presentada el 29 de mayo de ese año por José Romilio Correa Muñoz, también involucró a otros siete integrantes del cabildo. El demandante alegó una presunta indebida destinación de recursos públicos por la aprobación de la inclusión de la ALO Norte en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”.
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Correa sostuvo que esa determinación contradecía el Plan de Ordenamiento Territorial, que contemplaba otros usos para los predios requeridos por la obra, entre ellos equipamientos sociales, vivienda de interés social y una universidad pública.
Durante una audiencia del 22 de julio, la defensa de Briceño argumentó que votar ese artículo constituía una función propia de su cargo. También planteó que la pérdida de investidura no era el mecanismo para controvertir la legalidad de la medida.
El Tribunal concluyó que no se configuró una destinación indebida de dineros públicos y mantuvo al entonces concejal en su puesto.
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