La Fiscalía General de la Nación informó el miércoles 21 de octubre de 2026 la captura de ocho personas con fines de extradición, requeridas por autoridades judiciales de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Con base en la información suministrada por el ente investigador, los operativos se desarrollaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira).
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Siete detenidos son requeridos por una corte federal de Puerto Rico
La primera operación estuvo coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. En el procedimiento participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Armada de Colombia, según la información oficial.
Entre los capturados figura Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias Guillo o Gallo, al que las autoridades identifican como presunto cabecilla de la red. También fueron detenidos Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe (alias Juan Arenas).
Los siete son requeridos por delitos asociados con tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir. La solicitud de extradición deberá seguir el trámite establecido en la legislación colombiana y en los compromisos judiciales vigentes con Estados Unidos.
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José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, señaló que la acción se concretó con respaldo de las agencias estadounidenses Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, conocida como IRS-CI.
Las autoridades investigan el uso de tokens, terceros y depósitos fraccionados
De acuerdo con el requerimiento de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, la organización habría utilizado diversos mecanismos para mover, encubrir y legitimar recursos ilícitos.
Entre las modalidades bajo investigación aparecen el uso de tokens, las transferencias a terceros y los depósitos fraccionados en cuentas a nombre de personas naturales y jurídicas. Las autoridades ubican parte de esas operaciones en Bogotá y Barranquilla.
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Los depósitos fraccionados consisten en dividir grandes sumas de dinero en operaciones menores. Esa práctica puede dificultar la detección de movimientos financieros de alto valor y evitar alertas derivadas de controles bancarios, según la hipótesis investigativa que sustenta el requerimiento estadounidense.
La Fiscalía indicó que las capturas se produjeron en desarrollo de solicitudes judiciales internacionales. Por esa razón, los detenidos deberán comparecer ante las autoridades colombianas dentro del proceso de extradición, que incluye controles judiciales y administrativos antes de una decisión final.
Nassim Orfale Vásquez es requerido por operaciones con criptomonedas
En una acción separada, agentes del CTI capturaron a Nassim Orfale Vásquez durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla. Estados Unidos lo requiere por su presunta participación en una red dedicada al lavado de activos mediante criptomonedas.
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La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo solicita para que responda por hechos vinculados con recursos que, según la investigación, procederían del narcotráfico. El expediente fue desarrollado por la División Criminal del IRS-CI, una dependencia que investiga delitos tributarios, financieros y de lavado de dinero.
Según la información conocida por la Fiscalía, Orfale Vásquez habría movilizado cerca de USD 42 millones en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades estadounidenses investigan si estas operaciones formaban parte de una actividad sostenida desde la costa Caribe colombiana.
Las criptomonedas y otros activos virtuales pueden permitir transferencias entre diferentes jurisdicciones sin recurrir a los canales bancarios tradicionales. La investigación deberá determinar si las transacciones atribuidas al detenido tenían como objetivo ocultar el origen, destino o beneficiario de recursos derivados de actividades de narcotráfico.
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