Las conexiones ilegales de energía siguen generando pérdidas económicas para Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La compañía calcula que deja de recibir $170.000 millones cada mes por el robo de electricidad, una práctica que involucra viviendas, establecimientos comerciales y otros inmuebles donde se manipulan las redes o los medidores para evitar el pago real del servicio.
La dimensión del problema llevó a mantener los operativos de inspección en los tres departamentos donde funciona la empresa. Según Air-e, la energía que se pierde mensualmente por estas conexiones fraudulentas sería suficiente para abastecer a un departamento completo como Magdalena, una referencia con la que la compañía busca mostrar el impacto de esta conducta sobre el sistema eléctrico.
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Las acciones de control han dejado capturas y sanciones contra establecimientos que reinciden en el fraude. La empresa informó que más de 40 negocios fueron cerrados por las autoridades debido a estas prácticas. Además, durante la última semana se identificaron irregularidades en cuatro establecimientos del área metropolitana de Barranquilla: un billar, una tienda y una fábrica de bolsas plásticas.
Capturas y operativos contra las conexiones ilegales
Uno de los procedimientos más recientes ocurrió en el barrio Chiquinquirá, en el suroriente de Barranquilla. Allí, las autoridades sorprendieron a un hombre que se encontraba en la parte alta de un poste, equipado con herramientas y manipulando los cables de la red eléctrica para realizar una conexión irregular.
La maniobra quedó registrada en video. En las imágenes se observa al hombre mientras interviene la infraestructura eléctrica, una actividad que, además de constituir un presunto fraude, implica riesgos por la manipulación de cables y redes energizadas.
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Tras el procedimiento, el hombre fue capturado y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberá responder por el delito de defraudación de fluidos, denominación jurídica que se aplica a este tipo de conductas y que puede acarrear penas de hasta seis años de prisión.
El caso se suma a las actuaciones adelantadas durante 2026 contra quienes presuntamente alteran las instalaciones eléctricas para obtener energía sin pagar por el consumo correspondiente. De acuerdo con el mayor Jhon Carvajal, gerente de Seguridad de Air-e Intervenida, en lo corrido del año se registraron 327 capturas en flagrancia relacionadas con este delito.
“En lo corrido del año, llevamos 327 capturas en flagrancia de personas que están inmersas dentro de la conducta penal de defraudación de fluidos. Hacemos un llamado a toda nuestra comunidad para que, al ver estos casos, reporten a las autoridades o a nuestra empresa”, indicó el mayor Carvajal.
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La compañía insiste en que la colaboración ciudadana es importante para identificar las conexiones irregulares y facilitar la intervención de las autoridades. Por eso, pidió a los habitantes de los tres departamentos que informen cuando detecten posibles manipulaciones de medidores, cableado o redes eléctricas.
El impacto económico del robo de energía
Los $170.000 millones que Air-e calcula dejar de recibir cada mes corresponden a las pérdidas asociadas con los fraudes detectados en los territorios donde presta el servicio. La empresa sostiene que estas prácticas afectan sus ingresos y representan un volumen significativo de electricidad que no queda registrado como consumo facturado.
Los operativos buscan identificar tanto las conexiones clandestinas como las modificaciones realizadas en las instalaciones para reducir artificialmente las lecturas de los contadores. Estas irregularidades pueden presentarse en distintos tipos de inmuebles, desde viviendas hasta negocios que requieren energía para desarrollar sus actividades.
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En el caso de los establecimientos comerciales, las autoridades han aplicado cierres como medida de sanción cuando se presentan reincidencias. La compañía no detalló cuántos de los más de 40 negocios cerrados corresponden a cada departamento, pero confirmó que las intervenciones forman parte de las acciones adelantadas contra el fraude.
Los controles continuarán en Atlántico, Magdalena y La Guajira, mientras Air-e mantiene el llamado a denunciar las posibles conexiones ilegales. La empresa busca reducir las pérdidas económicas y evitar que la manipulación de la infraestructura eléctrica siga extendiéndose en las zonas donde opera.
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