El abogado Edwin Gabriel Díaz, presidente de la Corporación para la Defensa Pública (Cordepública), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en la que reportó presuntas amenazas, seguimientos y hostigamientos contra él, su familia, la organización y varias personas a las que representa en procesos judiciales en el departamento del Meta.
En el documento, fechado el 25 de septiembre de 2026 y conocido por Infobae Colombia, el abogado solicitó que el caso sea asumido por una dependencia nacional de la Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y que no tenga intervención alguna de la Policía Nacional en las diligencias.
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“Formulo DENUNCIA PENAL por los hechos que narro a continuación. Solicito que su investigación se asigne a una autoridad distinta de la Policía Nacional, que se practiquen actos urgentes y que se adopten medidas de protección (sic)”, dice el documento.
Según los relatos, pruebas y documentos que Díaz dio a conocer a Infobae Colombia, los mensajes que recibió mencionan presuntos vínculos entre los autores de las amenazas y uniformados de la institución policial, una hipótesis que pidió verificar judicialmente.
La denuncia identifica comunicaciones atribuidas a personas que se presentan como integrantes de un grupo denominado Los Juanitos, grupo delincuencial organizado (Gdco) que opera en el departamento del Meta.
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En uno de los mensajes transcritos en el escrito, el remitente le dice al abogado: “Usted y su familia [son] objetivo militar de nosotros”. En otra comunicación, según la denuncia, le advierten: “Está listo para la foto”.
“(…) Objetivo militar (...) el abogado defensor de los bandidos de cuello blanco, asesinos y expendedores que los saca a que sigan en las suyas Edwin Diaz. Acá mandamos LOS JUANITOS nadie más, somos aliados de la fuerza del orden (...) trabajándole a Julieta o a Mojorro les vamos a dar bala, al igual que ese abogado enemigo de nuestra organización y de las fuerzas del orden en Granada no estamos jugando (sic)”, es uno de los mensajes.
Díaz sostiene que las intimidaciones estarían relacionadas con su trabajo como defensor de personas procesadas judicialmente en el municipio de Granada, Meta, y con denuncias sobre posibles irregularidades en procedimientos de la Policía.
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“Buenas noches cómo vamos habla con Juanito comandante de las autodefensas los juanitos frente del bajo y alto ariari. Cuente que pretende Doctor Edwin usted viene a Granada como si fuera su casa y hace lo que se le da la gana, acá usted no hace lo que quiera, acá mandamos nosotros, nos viene a dañar nuestra organización, se mete con la policía los hacer trasladar y usted piensa que eso se queda así? (sic)”, se lee en otro de los mensajes amenazantes que recibió el abogado y que fue compartido a Infobae Colombia.
El mensaje incluye: “Usted está buscando lo que no se le ha perdido, lo tengo ubicado en San Martín, desde este momento lo declaramos objetivo militar usted y su familia, nos importa si anda acompañado la va a pagar, esa maricada no va a quedar así, usted la va a pagar y pronto, por metido y sapo, se metió con nosotros y nuestros amigos de la policía, le recomendamos dejar las cosas quietas en lo que hace con la otra gente al defenderlas y joder a los policías, ellos son nuestros amigos. Ya sabe cuídese que está sentenciado. Mis pelados pronto los verá. (sic)”.
Pidió investigar mensajes, panfletos y un presunto seguimiento
El abogado afirmó que cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2014. De acuerdo con el escrito, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) validó en octubre de 2025 un nivel de riesgo extraordinario y mantuvo un esquema con vehículo blindado, dos personas de protección, medio de comunicación y chaleco antibalas.
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La denuncia también alude a un episodio en un conjunto residencial donde, según Díaz, vecinos observaron a uniformados de la Policía en un parqueadero mientras tomaban fotografías a su vehículo, hechos que estarían sustentados con fotografías.
El abogado reveló a este medio que no conoce una orden judicial, una misión de trabajo o un procedimiento que justificara la presencia de los agentes en el parqueadero de su casa.
“No afirmo que ese vínculo exista; señalo los indicios que obligan a investigarlo”, indicó Díaz en el documento, al referirse a una eventual relación entre los autores de las amenazas y servidores públicos.
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Entre las solicitudes incluyó preservar los registros de llamadas y mensajes de varios números telefónicos, verificar una cuenta de mensajería y un perfil de Facebook, recaudar videos de seguridad y determinar si existieron órdenes de inteligencia o actuaciones oficiales relacionadas con él o con su vehículo.
Los presuntos abusos y asesinatos contra población civil en medio de operativos oficiales
Una de las aristas de la denuncia que Díaz suministró a Infobae Colombia incluye reclamos de civiles que alegan posibles abusos de miembros de la Policía Nacional en medio de operativos.
Por medio de videos, fotografías y audios, el denunciante mostró a este medio escenarios en los que estarían involucradas las autoridades mientras desarrollan operaciones investigativas, al parecer, vinculadas con las denuncias expuestas.
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Además, el líder de Cordepública entregó a este medio información —una llamada telefónica con un abogado— en la que hay referencia sobre el hecho de que los amenazantes y los cabecillas de esa estructura estarían aislados y en conversaciones con la Fiscalía.
En la llamada, Díaz expuso su preocupación por posibles contactos entre quienes lo amenazan y miembros de la Policía. Su interlocutor responde: “Yo también sé que de eso me han contado varias cosas”.
Con este intercambio telefónico, Díaz indicó que todo apuntaría a que, en caso de que existan indicios sobre un trabajo conjunto entre miembros de la fuerza pública y la mencionada estructura, los miembros del grupo delictivo entregarían nombres a la Fiscalía.
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De la misma manera, en esa llamada constó que Cordepublica ha denunciado presuntos “falsos positivos judiciales de la Sijin”, cuyos casos, al parecer, han llegado a audiencias judiciales y que, de la misma manera, la corporación ya cuenta cerca de cinco fallecidos que habrían sido beneficiarios. Estas muertes habrían sucedido por la modalidad de sicariato, según la denuncia.
Uno de los asesinatos, que habría estado vinculado a policías
Edwin Díaz compartió con este medio el audio de la madre de uno de los jóvenes ultimados —cuya identidad no fue revelada— que indica que, según el relato, el joven habría sido puesto en el lugar de los hechos para ser asesinado por órdenes oficiales.
Según el denunciante, “ese muchacho era un informante ilegal que la Policía y la Fiscalía usaron y después lo mataron”.
El audio de la mujer dice que, en diciembre de 2025, su hijo la llamó antes de morir y le dijo que debía reunirse con una persona por instrucciones de varios agentes policiales, presuntamente.
“Mamá, no vaya a bajar, porque a mí me mandaron a hacer una vuelta”, afirmó la mujer sobre lo que le dijo su hijo durante la llamada. Según su relato, el joven le explicó que debía hablar con una persona y llevarla hacia un andén, mientras supuestos funcionarios vestidos de civil observaban el encuentro.
La mujer señaló que su hijo le aseguró que contaba con protección, porque “ellos me garantizan la seguridad”, recordó que le dijo. Según el audio, el joven prometió volver a llamar antes del mediodía, pero la mujer afirmó que después recibió la noticia de su asesinato.
Desde Infobae Colombia se intentó obtener una versión oficial de la Policía Nacional sobre esta serie de denuncias. No obstante, no se recibieron pronunciamientos ni versiones al respecto.
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