‘Pacto de Valledupar’ planteaba excarcelaciones y cambios en la extradición de exparamilitares: documento habría dejado en evidencia plan de gobierno de Gustavo Petro

La controversia por el llamado Pacto de Valledupar, que habría dejado al descubierto la intención del Gobierno de Gustavo Petro de que exjefes paramilitares hicieran señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el hoy mandatario Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, sumó un nuevo capítulo el martes 20 de octubre.

Se conoció en La FM un documento que señala que el Estado prometió a los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), designados como gestores de paz por la anterior administración, la extradición, la reubicación carcelaria y la acumulación de penas como incentivos; al parecer, a cambio de sus testimonios contra los mencionados personajes.

La declaración, fechada el 24 de octubre de 2025 y titulada Declaración de Valledupar por el cierre del proceso del Ralito, fue suscrita tras reuniones efectuadas en la capital del Cesar entre delegados del entonces Gobierno de Gustavo Petro y los excabecillas de las antiguas AUC, como Saltatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Freddy Rendón, alias el Alemán, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, entre otros.

El texto salió a la luz en medio de acusaciones de Mancuso, que aseguró que representantes del Ejecutivo les pidieron a excomandantes paramilitares declarar en contra de Uribe Vélez, De la Espriella y Vargas Lleras; con lo que respaldaría el testimonio de la exdirectora del Dapre y de Fondo Adaptación Angie Rodríguez, que reveló cómo habría sido este episodio.

Mancuso sostuvo que les pidieron acusar a tres figuras políticas

Cabe destacar que Mancuso afirmó que la reunión había sido concebida para discutir el cierre del proceso de Ralito, la situación jurídica de antiguos integrantes de las AUC y los asuntos pendientes de verdad, reparación y reincorporación. Sin embargo, aseguró que el propósito cambió durante los encuentros que se efectuaron en el departamento del Cesar.

“Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó el exjefe paramilitar en un video divulgado en redes sociales, tras la solicitud presentada por Rodríguez y el asesor presidencial Víctor de Currea.

Tras las revelaciones, el Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía General de la Nación verificar si existieron presiones, promesas de beneficios judiciales o intentos de obtener testimonios falsos. La cartera aclaró que su requerimiento no supone que las denuncias sean ciertas, sino que busca establecer qué ocurrió durante las reuniones con los exparamilitares.

Declaración incluyó la extradición entre los incentivos por estudiar

Aunque en el documento dado a conocer por el citado medio no menciona a Uribe, De la Espriella ni a Vargas Lleras, ni tampoco ordena suspender o modificar extradiciones, sí incorpora esa figura entre los mecanismos que el Estado se comprometía a estudiar para los que se vincularan al cierre del proceso de Ralito, como lo buscaba el presidente Petro.

“El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, etc. como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”, se leyó en el el apartado de seguimiento y compromisos inmediatos, en el punto 4 de esta declaración.

Pese a que no se precisa qué personas podrían resultar cobijadas, qué tipo de revisión se analizaría sobre la extradición ni cuáles serían las autoridades competentes para aplicar medidas de ese tipo, la inclusión de ese punto, junto con eventuales beneficios carcelarios, quedó en el centro de las críticas de sectores opositores, que expresaron sus reparos.

El documento también establecía que los gestores de paz debían presentar una actualización de sus planes de trabajo dentro de los 10 días hábiles posteriores a las sesiones. “Estos planes identificarán tareas para la implementación de este acuerdo”, se indicó en el texto, con el que se expuso el alcance de estos diálogos en Valledupar.

Las AUC pidieron explorar excarcelaciones y revisar condiciones carcelarias

La declaración registró las solicitudes de los antiguos integrantes de las autodefensas sobre la situación de los gestores de paz que seguían en prisión. “Las AUC han solicitado explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión, así como la posibilidad de revisar las condiciones de reclusión, mientras se concreta su situación jurídica”, indicó el texto.

Y añadió que los excombatientes pidieron revisar las condiciones de seguridad física de los gestores. De hecho, la declaración vincula ese reclamo con “el asesinato de más de 3.800 excombatientes de las AUC”, aunque no detalla el período ni la fuente de ese dato; en una especie de negociación que ofrecía múltiples beneficios a exmiembros de estructuras armadas.

También se planteó la posibilidad de retomar las colonias agrícolas. “Se propone retomar la iniciativa de colonias agrícolas, como una forma de resocialización y de aporte productivo a las comunidades”, señala el apartado dedicado al balance institucional del proceso, que fue reabierto por Petro con el retorno al país de Mancuso, en febrero de 2025.

Acuerdo hablaba de nuevos aportes sobre vínculos políticos y económicos

La denominada Declaración de Valledupar planteaba, además, que existían asuntos pendientes sobre las relaciones entre paramilitarismo, política y economía. Esos puntos coincidína con el eje de la polémica desatada por las denuncias sobre supuestas peticiones de declaraciones contra dirigentes opositores, en este caso Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.

“La verdad de la economía y la política detrás del fenómeno de las Autodefensas tiene temas pendientes”, se señaló en el documento, que agrega que ese proceso debía abordar los asuntos a partir de la información disponible, el interés general y la seguridad jurídica de los implicados en estos procesos, en medio de la controversia por estas reuniones.

La declaración también afirmó que los nuevos aportes debían darse bajo un esquema de justicia restaurativa. “El Estado garantizará que la contribución a la verdad se realice en condiciones de justicia restaurativa y no de impunidad”, señaló el texto, que incluyó el destino de los recursos de las AUC, con “la verdad sobre los bienes entregados y por entregar”.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones y la Fiscalía deberá establecer los hechos

En respuesta a este escándalo, la respuesta del expresidente Petro ha sido la rechazar que existiera un plan para usar a exjefes paramilitares contra adversarios políticos. El exjefe de Estado negó haber ordenado señalamientos contra integrantes de la oposición y pidió que se conozcan las actas y las grabaciones de las reuniones, según lo indicó en su perfil de X.

“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, dijo Petro, que reveló que en estas reuniones estuvieron delegados de la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Otra de las polémicas también salpica a Hollman Morris, exdirector de Rtvc, que negó en diálogo con Caracol Radio que hubiera existido un operativo de medios para grabar a exjefes paramilitares en Valledupar durante las reuniones entre delegados del Gobierno Petro y antiguos miembros de las AUC, como lo afirmó Juan Carlos Villamizar, abogado de Mancuso.

Afirmó que no había una unidad móvil, presentadora ni equipos de producción preparados para difundir declaraciones contra De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras. Morris reconoció que estuvo en la ciudad, pero sostuvo que su objetivo era registrar un eventual encuentro entre Salvatore Mancuso y alias Jorge 40 y buscar una entrevista con este último para Rtvc.

Y es que según Villamizar, los delegados dijeron que actuaban bajo instrucciones del entonces presidente Petro, versión que Morris puso en duda. El exdirector de Rtvc sostuvo que el presidente, al que describió como investigador de la parapolítica, no necesitaría promover declaraciones falsas o denigrantes, y señaló que Rodríguez deberá responder por lo ocurrido.

Mancuso, por su parte, sostuvo que Petro nunca le formuló esa petición de manera directa. “Eso lo deberán responder ella, su asesor y el expresidente ante la justicia”, afirmó, en alusión a Rodríguez, Currea Lugo y Petro. Será entonces la Fiscalía la que deberá determinar si hubo presiones para obtener declaraciones falsas, u ofrecimientos indebidos de beneficios.