La Policía Nacional de Colombia formalizó la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), una dependencia que reemplaza a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y vuelve a incorporar a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) dentro de su estructura.
La medida quedó establecida en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, que redefine la organización y las funciones de la unidad encargada de intervenir ante disturbios, motines, asonadas y otros hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana. Su activación procederá cuando las capacidades policiales disponibles resulten insuficientes o puedan verse desbordadas.
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La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal celebró el retorno del Esmad con un mensaje en X. “Bienvenido el Esmad. Las protestas violentas no se combaten con diálogos tibios”, escribió. La política añadió: “A los encapuchados que queman, saquean y paralizan ciudades se les hace cumplir la ley. Los ciudadanos tenemos derechos. ¿Quién los defiende si a la Policía le atan las manos? Respaldo para actuar”.
La Unadi dependerá de la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía
La nueva unidad estará adscrita a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía. Su organigrama incluirá el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad), el Grupo de Seguimiento Operacional (Gusop), las Regionales Antidisturbios (Radis) y los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad).
Entre sus tareas estarán la coordinación de requerimientos operativos, la asesoría a mandos policiales que soliciten apoyo ante alteraciones del orden público y la gestión de personal, equipos, logística y recursos tecnológicos. La resolución también plantea el fortalecimiento de las condiciones de trabajo de los uniformados asignados a estas labores.
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La modificación representa un cambio frente al esquema adoptado en noviembre de 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando el entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios pasó a integrarse a la Undmo. Con la Resolución 03226, la Policía recuperó la denominación Unadi y reincorporó de forma expresa al Esmad en su estructura.
La reorganización mantiene las obligaciones sobre el uso de la fuerza
La decisión se conoció en medio del debate sobre el control de las manifestaciones, la preservación del orden público y los límites de la intervención policial. El artículo 37 de la Constitución Política protege el derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica, mientras que las normas vigentes regulan el uso legítimo de la fuerza.
El retorno de la denominación Esmad no modifica las obligaciones de la Policía en materia de derechos humanos ni las reglas aplicables durante las protestas. La resolución dispone que la unidad deberá actuar bajo los parámetros constitucionales y legales, además de atender las necesidades institucionales de manera coordinada.
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La Policía tendrá 90 días para ejecutar los ajustes administrativos y organizacionales necesarios para implementar la nueva estructura.
El mismo 13 de octubre de 2026, el Decreto 1525 modificó el protocolo de actuación policial en manifestaciones públicas y reguló los niveles de intervención, incluido el restablecimiento del orden mediante unidades antidisturbios. Aunque se trata de normas diferentes, ambas inciden en la respuesta de las autoridades ante las protestas.
Problemas y cuestionamientos sobre el Esmad en Colombia
El Escuadrón Móvil Antidisturbios ha sido objeto de cuestionamientos por denuncias de uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, en especial en las protestas de 2019 y el Paro Nacional de 2021.
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Entre los principales señalamientos aparecen:
- Uso desproporcionado de la fuerza: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) concluyó que la respuesta estatal a las movilizaciones de 2021 incluyó, en numerosos casos, fuerza excesiva y desproporcionada. También recibió denuncias sobre uso de fuerza letal.
- Lesiones y muertes en protestas: organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos reportaron casos de personas heridas y fallecidas en contextos de intervención policial. Las denuncias incluyeron lesiones oculares causadas por armas menos letales.
- Detenciones arbitrarias y presuntos malos tratos: hubo reportes de traslados por protección, detenciones sin garantías suficientes, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Violencia basada en género: Amnistía Internacional documentó denuncias de violencia sexual, amenazas, tocamientos, desnudez forzada y agresiones verbales contra mujeres y personas Lgbtiq+ durante las protestas de 2021.
- Dificultades para esclarecer responsabilidades: organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la lentitud de algunas investigaciones y la falta de sanciones suficientes frente a denuncias contra integrantes de la fuerza pública.
- Debate sobre la doctrina policial: la Cidh recomendó separar a la Policía Nacional y al ESMAD del Ministerio de Defensa, con el objetivo de consolidar un enfoque ciudadano y de derechos humanos en la gestión de la protesta social.
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