Seis personas fueron imputadas en Medellín por liderar una red que habría defraudado a más de 1.000 víctimas con falsas membresías turísticas, según la Fiscalía General de la Nación. El esquema generó ganancias ilícitas que superan los $14.000 millones.
La Fiscalía identificó una estructura criminal que operaba a través de supuestas agencias de viajes en centros comerciales de Medellín. Sus integrantes captaban ciudadanos con promesas de bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos, para luego cometer fraudes financieros con sus documentos y datos personales.
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La red habría afectado a más de 1.000 personas y acumulado ganancias ilícitas superiores a $14.000 millones. Los seis presuntos responsables fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado. Ninguno aceptó los cargos.
El mecanismo de engaño seguía un patrón preciso. Las víctimas eran abordadas en centros comerciales por integrantes de la organización, quienes las llevaban a oficinas físicas para “validar” los supuestos beneficios. Una vez allí, solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares.
Con esos elementos, los integrantes de la red abrían productos financieros y ejecutaban transacciones a nombre de los afectados. Los recursos terminaban en cuentas bajo control de la organización.
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El perfil de las víctimas no era aleatorio. La estructura apuntaba de forma deliberada a adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas, grupos con menor capacidad de advertir el fraude o de resistir la presión de los captores.
Cuando las personas abordadas no llevaban sus documentos consigo, los integrantes de la red los acompañaban hasta sus propias viviendas para obtenerlos. A quienes intentaban leer los contratos, se les impedía hacerlo, aprovechando sus dificultades visuales o la confianza que habían generado con las ofertas.
La organización se protegía operando bajo distintas razones sociales; es decir, diferentes nombres legales de empresa, lo que dificultaba su rastreo y le permitía continuar captando víctimas mientras una razón social era cuestionada.
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Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín presentó a los seis imputados ante un juez de control de garantías el 17 de octubre de 2026. Los identificados son Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.
Los cargos se asignaron de acuerdo con la responsabilidad individual de cada uno dentro del esquema. Cinco de los seis imputados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Manrique Villa deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
Colombiano y su esposa fueron condenados en Estados Unidos por millonario fraude
Luis Pino-Copete, colombiano de 42 años residente en Bogotá, y su esposa, Jael Watts, fueron declarados culpables en Estados Unidos por participar en un esquema que presentó solicitudes fraudulentas por más de USD 13.000.000 en fondos federales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar.
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El jurado federal de Utica, Nueva York, concluyó que Pearl Transit Corporation, empresa con sede en Nueva Jersey vinculada a la pareja, no realizó los servicios de transporte por los que pidió reembolsos. Según la acusación, la compañía “no prestaba los servicios de transporte por los que pidió reembolsos”.
La maniobra se desarrolló entre julio de 2019 y octubre de 2025 mediante identidades robadas, documentos falsificados, registros ficticios y nóminas elaboradas con datos de personas reales. Algunas de ellas habían muerto cuando supuestamente recibieron atención, mientras que otras fueron incluidas como conductores pese a no tener licencia o experiencia. El jurado determinó que Pearl Transit “no realizó los servicios facturados”.
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La investigación comenzó a finales de 2024, después de que Watts solicitó cerca de USD 750.000 al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York. Una auditoría detectó irregularidades y, según el Departamento de Justicia, la pareja presentó documentación falsa para justificar reclamos por USD 1.275.550.
Ambos fueron suspendidos de participar en transacciones federales y enfrentan una pena de entre dos y 20 años de prisión, además de multas de hasta USD 250.000. La sentencia fue programada para el 21 de enero de 2027.
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