La Corte Suprema de Justicia llamará a juicio formal a seis integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República por el presunto delito de cohecho impropio, al considerar que habrían aceptado contratos millonarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de respaldar créditos de la nación ante la banca internacional.
La Sala de Primera Instancia concluyó, en un decisión de 667 páginas que existen elementos suficientes para procesar a Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, todos miembros de la Comisión de Crédito Público, según informó Semana. La decisión no constituye una declaración de culpabilidad: los congresistas deberán debatir las pruebas en su contra durante el juicio formal.
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El auto de la magistrada Paula Andrea Ramírez señala que los investigados “probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de realizar actos propios de sus funciones como integrantes de esa Comisión”. La Comisión era la instancia encargada de avalar los empréstitos que la nación solicitaba ante organismos financieros internacionales.
El supuesto intercambio de votos por contratos
La hipótesis judicial sostiene que el entonces Ministerio de Hacienda necesitaba con urgencia la aprobación de esos créditos hacia el cierre de 2023 y habría ofrecido obras de la entidad liderada por Olmedo López como contraprestación por votos favorables. La investigación menciona al entonces ministro Ricardo Bonilla, al exviceministro Diego Alejandro Guevara y a la exasesora María Alejandra Benavides.
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Los presuntos acuerdos se habrían discutido los días 5 y 6 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda. Conforme a testimonios citados por la revista, Guevara y Benavides encabezaron una primera reunión el día 5, mientras que al día siguiente Bonilla habría asistido a un nuevo encuentro con los congresistas para ratificar los compromisos.
El contrato para Cotorra, Córdoba, superaba los $46.000 millones e, indica el expediente, habría estado dirigido a Bitar, Manzur y Peinado. La obra de Saravena, Arauca, rondaba los $35.000.000.000 y se habría vinculado con Manrique y Muñoz.
El tercer proyecto correspondía a Carmen de Bolívar, por más de $12.000.000.000. El auto señala que esa obra habría buscado obtener el respaldo de Gallo dentro de la Comisión de Crédito Público.
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Las pruebas citadas en la decisión
La decisión recoge la colaboración de Benavides, que recibió inmunidad total y manejaba una tabla de “cupos indicativos”, expresión con la que se registraba el inventario de obras asignadas presuntamente a los congresistas. El auto otorga especial relevancia a los mensajes intercambiados entre la exasesora y Bonilla, según la revista.
Entre los elementos mencionados figuran también testimonios, chats y pruebas entregadas por el exdirector de la Ungrd Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla. López aseguró que recibió instrucciones desde la Casa de Nariño para “colaborarles” a los congresistas, mientras que el expediente incorpora una libreta atribuida a Manrique sobre el estado de los tres contratos.
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Los recursos de las defensas y la etapa de juicio
La Sala rechazó solicitudes de nulidad planteadas por las defensas sobre la reasignación del expediente, la intervención de conjueces y la incorporación de salvamentos y aclaraciones de voto. También reservó para el juicio los argumentos de Gallo y Muñoz, quienes habían pedido cerrar el proceso al cuestionar la prueba y la relación entre la gestión de proyectos y la función parlamentaria.
Muñoz solicitó excluir los interrogatorios de López, Pinilla y Benavides ante la Fiscalía, además de documentos y material extraído del teléfono de la exasesora. Sin embargo, la Corte descartó retirar esos elementos en esta fase.
El auto advierte que la gestión de obras no implicaría una utilidad patrimonial inmediata, aunque podría traducirse en la consolidación y expansión del capital relacional y social de los investigados frente a autoridades centrales y locales. El próximo martes 20 de octubre de 2026, los seis congresistas deberán comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, donde la presunta asignación de contratos quedará vinculada al respaldo que el Gobierno requería para sus créditos externos.
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