El presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, anunció que aprovechará el desarrollo del Consejo de Política Criminal convocado para la tarde del jueves 15 de octubre de 2026 con el fin de dialogar de manera directa con el fiscal general encargado sobre el avance de las investigaciones por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Las declaraciones se conocieron luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre los avances de las investigaciones para identificar a los autores intelectuales del ataque sicarial, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
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Honorio Henríquez anunció este nuevo diálogo tras la divulgación de nuevos chats y conversaciones por parte de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, que aportarían elementos sobre los determinadores de la acción criminal.

Las declaraciones oficiales del presidente del Senado
En atención a los medios de comunicación en las instalaciones del Capitolio Nacional, Henríquez calificó como altamente delicados los elementos revelados en las últimas horas y solicitó celeridad en la identificación de los autores intelectuales del homicidio.
“Sí, es muy grave lo que seguimos conociendo en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. He solicitado, y lo haré en el marco del Consejo de Política Criminal, que está citado para esta tarde, el dialogar con el fiscal encargado para pedirle celeridad y que se aclare esta situación, que insisto, es de toda la gravedad”, señaló el senador en un video que compartió en su cuenta de X en donde habla frente a los micrófonos de la prensa.
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Honorio Henríquez señaló: “Lo que se necesita más es que se defina la certeza de quién envió el mensaje. Eso le corresponde a la Fiscalía y, de ser así, tiene que proceder de conformidad con lo que ustedes indican”.
El dirigente del Congreso enfatizó que la justicia colombiana debe establecer con rigor y pruebas técnicas la procedencia de los mensajes de texto conocidos en el expediente para proceder a las capturas correspondientes.

María Claudia Tarazona fue quien reveló mensajes y chats inéditos que entregó a la Fiscalía General de la Nación. En las conversaciones se advertía sobre un posible atentado y, después del crimen, se cuestionaba la seguridad del dirigente político.
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Tarazona afirmó que la información recibida apuntaría a que la orden de asesinar a Uribe Turbay habría salido del Senado y que la financiación del crimen habría provenido de Venezuela; también señaló a Luis Alberto Albán, conocido como “Marcos Calarcá”, y mencionó presuntos vínculos de la Segunda Marquetalia con labores de inteligencia y logística. Estas afirmaciones constituyen señalamientos que deben ser verificados por las autoridades.
La Fiscalía recibió el material y deberá evaluar su autenticidad y veracidad para determinar si aporta pruebas a la investigación. Por su parte, el presidente del Senado solicitó esclarecer si el crimen fue ordenado desde el Congreso, mientras que exintegrantes de las Farc y miembros del partido Comunes rechazaron las acusaciones.
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La solicitud de investigación desde la Presidencia del Congreso
A raíz de las declaraciones y las hipótesis sobre presuntas conexiones políticas en el crimen, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, informó que remitió un oficio formal a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando celeridad en los despachos judiciales.
El congresista del Centro Democrático requirió al ente juzgador establecer de forma urgente la veracidad de las versiones que vinculan a sectores del parlamento con la planificación del atentado contra Uribe Turbay.
“Estas afirmaciones requieren, a la mayor brevedad, una investigación rigurosa, exhaustiva y prioritaria que permita establecer su veracidad, identificar los posibles determinadores del magnicidio y esclarecer cualquier participación de personas vinculadas al Congreso de la República”, sostuvo Henríquez.
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El titular de la corporación añadió que la administración del Congreso y los legisladores de las diferentes bancadas se encuentran prestos a colaborar con el material probatorio, documentos y testimonios que requiera el cuerpo de investigadores asignado al expediente.
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