Estos son los candidatos a reemplazar al presidente de la JEP: se elige la próxima semana, pese a reparos de organizaciones sociales

La Jurisdicción Especial para la Paz elegirá el próximo 20 de octubre a un nuevo presidente para reemplazar al magistrado Alejandro Ramelli, en medio de recortes presupuestarios propuestos y reformas que podrían alterar el alcance de sus decisiones sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La elección enfrenta además el reclamo de 50 organizaciones sociales, que advirtieron sobre posibles presiones políticas sobre la futura presidencia. La carta, revelada por la revista Cambio, pide que la Sala Plena privilegie a quien defienda “sin ambigüedades” la independencia de la jurisdicción y los derechos de las víctimas.

La JEP solicitó 947.642 millones de pesos para operar en 2027, pero el presupuesto calculado por el Gobierno le asignaría 721.803 millones de pesos. Ramelli calificó esa diferencia como el ataque más grave que ha sufrido el tribunal.

El Centro Democrático también radicó una reforma para que cada sentencia de la JEP contra un integrante de la fuerza pública pase automáticamente al Tribunal Superior Militar y Policial. Ese órgano podría confirmar, modificar o revocar las decisiones.

La iniciativa devolvería a la jurisdicción penal militar la última palabra sobre casos como los “falsos positivos”, pese a que la Corte Constitucional ha señalado en repetidas ocasiones que esa justicia no debe conocer ese tipo de crímenes. El senador Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, presentó además otra reforma para terminar la Jurisdicción en marzo de 2028.

Las organizaciones firmantes sostuvieron que eliminar o modificar la JEP exigiría una reforma constitucional tramitada durante dos períodos ordinarios y consecutivos del Congreso, con mayoría absoluta en el segundo debate y posterior control de la Corte Constitucional. A su juicio, el Gobierno conoce esas exigencias y por ello buscaría debilitar a la institución mediante la reducción de recursos y condicionar desde adentro a su próxima presidencia.

La misiva fue suscrita por la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otras entidades.

Tres candidatos para conducir la JEP

Los aspirantes son los magistrados Camilo Suárez Aldana, Reinere Jaramillo y Danilo Rojas Betancourth. La decisión definirá quién encabeza la jurisdicción en un momento en el que las víctimas reclaman garantías para acceder a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.

Jaramillo es vicepresidenta de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad del Tribunal para la Paz. Es abogada especializada en derecho público y experta en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional.

La magistrada dirigió el primer juicio transicional de la JEP, aplicado cuando una persona sometida a la jurisdicción no acepta responsabilidad ni los hechos que se le atribuyen. En ese proceso lideró la elaboración del fallo condenatorio contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía por ejecuciones extrajudiciales cometidas mientras comandaba el Batallón La Popa del Ejército en 2002.

También encabezó la Comisión de Género de la JEP y la presentación de medidas cautelares para proteger cementerios. Fuentes consultadas por CAMBIO la ubicaron como la candidata más cercana a la línea de Ramelli, quien alertó desde la campaña presidencial sobre los riesgos para la jurisdicción de una postura de derecha crítica del Acuerdo de Paz.

En una entrevista con el general retirado Óscar Naranjo, Jaramillo recordó que su padre tuvo que salir de San Roque, Antioquia, por la violencia. Sobre su contacto con las víctimas, afirmó: “Me impresionó la capacidad de las víctimas de recomponerse, para perdonar, para mirar a los ojos al victimario y perdonar. Eso es tan potente que no queda reflejado en ninguna decisión judicial”.

Rojas integra la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y antes de llegar a la JEP fue magistrado y presidente del Consejo de Estado. Algunas fuentes señalaron que su candidatura podría buscar puentes institucionales con el Gobierno.

En una columna publicada en el medio, Rojas defendió el trabajo de la jurisdicción cuando se aproximan diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Allí destacó la necesidad de escuchar a las víctimas y las verdades conocidas sobre hechos como el secuestro a partir del proceso de diálogo aplicado por la JEP.

Suárez, vicepresidente de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, concentra los principales cuestionamientos de organizaciones sociales. Fue funcionario de la Jurisdicción Penal Militar durante 24 años y magistrado del Tribunal Superior Militar.

Las víctimas que cuestionan su presencia en la JEP recuerdan que en la justicia militar no fueron escuchadas y que responsables de graves crímenes, que hoy han admitido responsabilidad, fueron exonerados. Sin embargo, Suárez se opuso ante el Congreso a la reforma que pretende que las sentencias contra militares sean revisadas por la justicia militar.

El magistrado argumentó que el Tribunal Superior Militar tiene menor jerarquía, pues corresponde a un Tribunal de Distrito Judicial, y que el órgano de cierre de esa jurisdicción es la Corte Suprema de Justicia. En una audiencia ante el Senado sostuvo: “No podría un tribunal de esta entidad desconocer inclusive la propia Corte Suprema de Justicia”.

Las organizaciones advirtieron que una presidencia dispuesta a ceder ante el nuevo Gobierno transmitiría que la independencia de la JEP admite negociación. En su petición a la Sala Plena, señalaron que la próxima conducción deberá impedir que las presiones políticas deriven en retrocesos para los derechos de las víctimas o debiliten la capacidad de la jurisdicción para cumplir su mandato.