Presupuesto de 2027 pasó a segundo debate con reducción a la deuda y recortes en la Aerocivil y Superservicios: así funcionará el ajuste

El 14 de octubre de 2026 se conoció la ponencia para el segundo debate del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, que conserva el monto global en $634,9 billones, aunque redistribuye parte de los recursos. El principal ajuste recae sobre el servicio de la deuda pública, mientras que se contemplan mayores asignaciones para áreas como Hacienda y Minas y Energía.

El texto, que pasará a discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, propone recortar los recursos para el servicio de la deuda pública nacional de $152,4 billones a $144,1 billones. La modificación supone una reducción de $8,36 billones, equivalente al 5,5% frente a la apropiación aprobada durante el primer debate.

Precisamente, el coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación 2027, Christian Garcés, impulsó en las ponencias de segundo debate una reasignación de recursos desde el servicio de la deuda hacia la inversión pública, mientras que Alexander Bermúdez, presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, pidió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) revisar la distribución territorial de las partidas antes de que las plenarias voten el texto.

Garcés, senador por el Centro Democrático, sostuvo que el ajuste debe abrir espacio para otras necesidades del Estado y advirtió que “los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado asfixian la inversión. Sin embargo, un buen reperfilamiento de la deuda y un programa de austeridad permitirán liberar mayores recursos”. Afirmó además que el Gobierno deberá presentar ante las comisiones económicas un plan para reducir sus gastos de funcionamiento.

Bermúdez elevó su solicitud al Departamento Nacional de Planeación después de que los representantes Yamit Noé Hurtado (Alianza Verde), Carlos Pantoja (Partido Conservador) y María Janeth Sabogal (Citrep) expresaran inquietudes por las asignaciones para sus departamentos. La ponencia de segundo debate mantiene el total de $634,9 billones, pero traslada recursos desde la deuda hacia inversión y funcionamiento, con cambios en subsidios, entidades de control, seguridad, justicia y programas regionales.

El proyecto ya superó el primer debate en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. Las dos plenarias deberán aprobarlo antes del 20 de octubre; si el Congreso no completa el trámite dentro de ese plazo, el Gobierno podrá expedir el presupuesto mediante decreto.

El monto global de $634,9 billones no varía: la ponencia solo modifica la relación entre sus tres componentes. El presupuesto inició su trámite con $393,6 billones destinados a funcionamiento, $152,4 billones para el servicio de la deuda y $88,9 billones para inversión.

Estos son los sectores que ganarían recursos en 2027

Dentro de los sectores beneficiados con más recursos para 2027 se encuentran:

• Minas y Energía: recibiría $3 billones adicionales para cubrir subsidios de electricidad, gas por redes, gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera. De aprobarse, sus recursos pasarían de $7,5 billones a $10,51 billones.
• Hacienda: concentra otra de las mayores adiciones, aunque los documentos exponen cifras distintas. Una versión prevé $4,5 billones adicionales —$3,9 billones para inversión y $600.000 millones para funcionamiento—, con lo que el presupuesto de la cartera subiría de $43,5 billones a $48 billones.

Christian Garcés, por su parte, anunció una bolsa de $3,9 billones para atender el terremoto, otros desastres y prioridades adicionales. “Se deja una bolsa de $3,9 billones en el Ministerio de Hacienda para incorporar recursos destinados a la atención del terremoto, otros desastres y prioridades adicionales”, afirmó.

• Organismos de control: tendrían una adición neta de $267.000 millones, resultado de sumar $310.000 millones y descontar $43.000 millones a la Procuraduría General de la Nación. La propuesta destina esos recursos a modernización tecnológica, seguimiento disciplinario, analítica, inteligencia artificial y programas de atención a víctimas, derechos humanos y servicio al ciudadano.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane): recibiría $150.000 millones para inversión en recolección y acopio de información oficial.

• Registraduría Nacional del Estado Civil: tendría $200.000 millones: $100.000 millones para el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y otros $100.000 millones para el sistema de identificación y procesos de capacitación.
• Fiscalía General de la Nación: se contemplan $100.000 millones, dirigidos a su capacidad organizacional y operativa, y $43.400 millones para la Universidad del Ministerio Público.
• Defensa y Policía: el subsistema de salud de la Policía Nacional sumaría $31.000 millones netos para funcionamiento, provenientes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Recortes y los asuntos pendientes en el Congreso

Dentro de los sectores con recortes se encuentran:

• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: asumiría una reducción de $31.000 millones en su Fondo Empresarial.
• Agencia Presidencial de Cooperación Internacional: se descuentan $12.000 millones, partida vinculada al cupo fiscal para incorporar cooperación internacional destinada al sector salud.
• Aeronáutica Civil: perdería $15.600 millones, de acuerdo con la estimación de los aportes requeridos para el Aeropuerto del Café en 2027 y el avance previsto de sus obras.
• Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: tendría un recorte de $170.000 millones: $30.000 millones en funcionamiento y $140.000 millones en inversión.

La ponencia sostiene que se mantendrán los recursos necesarios para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla sus funciones. La reducción responde a un ejercicio de priorización del gasto y se suma a las discusiones sobre las consecuencias de reasignar partidas de entidades con responsabilidades específicas.

El Pacto Histórico presentó una ponencia alternativa durante el primer debate y cuestionó que la propuesta inicial no incluyera una asignación explícita para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Los anuncios sobre recursos para desastres incorporaron esa preocupación, pero el texto definitivo deberá precisar su reflejo en las apropiaciones presupuestales.

También permanecen sin definición:

• Tasas de interés de los créditos negociados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Alcance real del programa de austeridad y la regionalización.