La reducción del nacimiento de niños y el aumento de adultos mayores ya empezaron a cambiar la estructura de edades en Colombia, con efectos previstos sobre las instituciones, el empleo y la provisión de servicios públicos.
Un estudio del Banco de la República advierte que el país deberá ajustar su economía a una pirámide poblacional que demanda más atención sanitaria, cuidado y protección para la vejez. La investigación, publicada en la edición N.° 112 de la revista Ensayos sobre Política Económica (Espe), fue liderada por la economista Juliana Jaramillo-Echeverri junto a investigadores del Emisor.
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El documento examina el efecto de la transformación demográfica sobre tres áreas: salud, educación y pensiones. Según este, la caída de la fecundidad por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, el aumento de la esperanza de vida y los cambios migratorios explican la modificación de la pirámide poblacional. El crecimiento de la población pasó de cerca del 3% en los años 60 a alrededor del 1% en años recientes, principalmente por el descenso de los nacimientos.
Precisa que entre 2005 y 2018, la población de cero a 14 años bajó de cerca de 13 millones a alrededor de diez millones, mientras las personas mayores de 60 años pasaron de menos de cuatro millones a casi seis millones. Ante esto, el estudio señala que “la transición demográfica colombiana sigue patrones observados en otros países de América Latina, aunque la reducción de la fecundidad y de la tasa de dependencia ha sido más acelerada”.
Y es que la reducción de trabajadores potenciales puede limitar la expansión económica, mientras el aumento de adultos mayores elevaría las necesidades de gasto en pensiones y salud, según las simulaciones del Banco de la República. Sin reformas, la menor base de cotizantes y los mayores costos de protección social incrementarían los déficits y la deuda pública en las próximas décadas.
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El documento estima que el crecimiento económico de estado estacionario —la tasa de largo plazo a la que converge la economía bajo determinadas condiciones— bajaría de 2,6% en 2025 a 1,5% en 2045. Esa desaceleración se vincula con una menor población en edad de trabajar y con la pérdida del impulso demográfico sobre la actividad productiva.
Por supuesto, el cambio obliga a elevar la productividad total de los factores y a adaptar las capacidades laborales a una fuerza de trabajo más pequeña y de mayor edad. La investigación plantea “la necesidad de ampliar la formación técnica, el reentrenamiento continuo y la educación de calidad, al tiempo que la menor matrícula escolar reduciría la demanda de infraestructura educativa básica y media”.
Impacto del envejecimiento en el crecimiento y el empleo
El frente fiscal concentra una de las advertencias centrales del estudio. Sin reformas estructurales, el envejecimiento elevaría de forma persistente el gasto primario, sobre todo por las transferencias destinadas a los sistemas de pensiones y salud, y dificultaría el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Nacional Central (GNC).
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Bajo el escenario simulado para 2070, el déficit primario aumentaría y la deuda del GNC superaría el 150% del producto interno bruto (PIB). El documento aclara que “esos resultados dependen de las tendencias demográficas y de los supuestos de las simulaciones, pero advierte que mayores necesidades de financiamiento también encarecerían el crédito soberano”. La presión no deriva solo del aumento de la población mayor.
Dice el informe que la informalidad laboral, la limitada cantidad de cotizantes y el incremento del costo de la atención médica, asociado a nuevas tecnologías, tratamientos, enfermedades crónicas no transmisibles y servicios de alta complejidad, también tensionarían las cuentas de la protección social.
El análisis contrasta esa trayectoria con un escenario sin cambio demográfico, en el que el gasto social, los déficits y la deuda serían sustancialmente menores. En cambio, “una hipótesis de envejecimiento más acelerado profundizaría los desequilibrios, con una senda de deuda que el estudio describe como insostenible”.
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La caída de la población escolar podría abrir espacio para revisar la distribución del gasto público. El documento examina la posibilidad de trasladar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) desde educación hacia salud, aunque resalta que esa reasignación dependerá de las necesidades de cada sector y de decisiones de política pública, no de un ajuste automático.
Pensiones, salud y deuda pública bajo presión
Para reducir los efectos económicos y fiscales, la investigación propone elevar la participación laboral, especialmente entre las mujeres, y avanzar en productividad, formalización y capacitación de trabajadores. “Una mayor incorporación de empresas y empleados a la economía formal ampliaría la base de cotizantes y facilitaría el acceso a la protección social”, insiste.
También contempla ajustes graduales de la edad de pensión y mejoras en la eficiencia del sistema de salud. Las medidas abarcan reforzar la prevención y la promoción, revisar los esquemas de contratación y contener el crecimiento de los costos sin afectar la prestación de servicios para una población con mayor demanda asistencial.
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La combinación de reasignación de recursos y mayores contribuciones al régimen contributivo permitiría reducir la presión sobre el GNC en cerca del 1% del PIB, según las simulaciones. El documento sostiene que “los resultados mejoran cuando las políticas de salud, pensiones, educación y mercado laboral se aplican de forma coordinada”.
Reformas y respuestas regionales ante el cambio demográfico
El envejecimiento no avanzará con la misma intensidad en todo el territorio colombiano. Dice el estudio que algunas zonas urbanas y departamentos del centro del país registran natalidad extremadamente baja y un proceso más rápido de envejecimiento, mientras otras regiones mantienen una fecundidad relativamente mayor, aunque afrontan más informalidad y menor cobertura de servicios básicos.
Los territorios con poblaciones más jóvenes pueden fortalecer el capital humano y aprovechar su bono demográfico, mientras las zonas envejecidas deberán preparar sus redes de salud, infraestructura de cuidado y servicios para las personas mayores. La migración también requiere medidas de regularización, acceso a servicios y formación que permitan incorporar su potencial económico.
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La transformación demográfica no admite una marcha atrás mediante decisiones aisladas. “Colombia deberá adaptar sus sistemas de protección social, su mercado laboral y sus capacidades regionales a una población que crece menos y vive más años”, finaliza la investigación, publicada en la edición N.° 112 de la revista Ensayos sobre Política Económica (Espe).
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