En vísperas del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, que se conmemora el 14 de octubre, mantener a un paciente con insuficiencia renal en diálisis durante varios años puede resultar más costoso que realizar un trasplante renal.
Las estimaciones de la Clínica Foscal, en Bucaramanga, sitúan ese gasto entre $160 millones y $225 millones por persona tras cinco años de tratamiento, frente a entre $100 millones y $150 millones en el caso de un trasplante exitoso con su seguimiento inicial.
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El cálculo pone el foco en la lista de espera de Colombia, donde 4.024 personas aguardaban un riñón, según el último corte disponible del Instituto Nacional de Salud (INS), con fecha del 30 de septiembre de 2025. El órgano concentra cerca del 93% de quienes esperan un trasplante en el país.
La diálisis cuesta entre $32 millones y $45 millones al año por paciente. El trasplante renal, que incluye cirugía y hospitalización, exige una inversión inicial de entre $60 millones y $90 millones. Después del primer año, el gasto anual por medicamentos inmunosupresores se ubica entre $10 millones y $15 millones.
“Lo que falta son donantes”, afirmó Claudia Vélez, coordinadora operativa de la Unidad de Trasplantes de la Clínica Foscal. La especialista sostuvo que el procedimiento “recupera su costo en menos de tres años” frente a la continuidad de la diálisis.
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La diálisis de 4.024 pacientes suma hasta $ 181.000 millones al año
Si las 4.024 personas que esperan un riñón reciben terapia de reemplazo renal, el costo para el sistema de salud puede oscilar entre $ 129.000 millones y $ 181.000 millones anuales, de acuerdo con las proyecciones de la institución.
La diferencia se amplía a medida que se prolonga la espera. Durante el primer año, la diálisis puede costar entre $32 millones y $45 millones, mientras que el trasplante representa entre $60 millones y $90 millones.
A los tres años, el tratamiento sustitutivo alcanza entre $96 millones y $135 millones; el trasplante, entre $80 millones y $120 millones. A los cinco años, el gasto de la diálisis supera el de la intervención quirúrgica y su tratamiento posterior.
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El médico y epidemiólogo Duván Javier Rodríguez Rodríguez, especialista de la Universidad del Rosario, explicó que el análisis se concentra en el riñón porque es el trasplante más frecuente y aquel sobre el que existe mayor evidencia económica. “El cuello de botella está en la disponibilidad de órganos”, señaló.
La hemodiálisis requiere, por lo general, tres sesiones a la semana. A la cuenta del sistema se añaden el transporte de los pacientes, las ausencias laborales, la necesidad de cuidados familiares y las complicaciones asociadas a una enfermedad crónica avanzada.
El costo también aumenta antes de entrar a la lista de espera
El experto en salud pública Erwin Hernández, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, advirtió que el tiempo de espera no debería contarse solo desde la inscripción formal en la lista. “Hay que medirlo desde que el paciente necesita la valoración”, planteó.
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Ese proceso incluye diagnóstico, remisiones, exámenes, autorizaciones y la evaluación por parte de un centro trasplantador. Para quienes viven fuera de las principales ciudades, el trayecto puede incluir viajes, alojamiento y dificultades para asistir a controles médicos.
Hernández destacó que el acceso efectivo depende también de las condiciones sociales y familiares del paciente. “Tener una cita no siempre garantiza llegar al servicio”, indicó. En su opinión, el sistema requiere rutas que reduzcan los retrasos administrativos y geográficos, con apoyo de gestores de caso y telemedicina cuando sea posible.
El seguimiento posterior también tiene impacto financiero. Una persona trasplantada necesita medicamentos inmunosupresores, análisis clínicos y controles durante toda su vida. La interrupción de esos tratamientos puede provocar rechazo del órgano, hospitalizaciones y, en el caso del riñón, el regreso a diálisis.
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La enfermedad renal y el envejecimiento presionan la demanda
La Cuenta de Alto Costo registró 1,5 millones de personas con enfermedad renal crónica entre julio de 2024 y junio de 2025. La prevalencia pasó de 2,37 a 2,84 casos por cada 100 habitantes en un año. La edad promedio de los pacientes registrados fue de 69 años.
“Una persona puede vivir durante años con diabetes, hipertensión o deterioro de la función renal sin saberlo o sin recibir un tratamiento adecuado. Y es que si la enfermedad llega a identificarse tardíamente, también disminuyen las oportunidades de planificar un trasplante antes de que aparezcan complicaciones graves”, alertó Hernández.
La hipertensión, la diabetes tipo 2 y la obesidad figuran entre las causas principales de deterioro renal. En ese periodo, más de 6,7 millones de colombianos vivían con hipertensión y 2,5 millones con diabetes.
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El envejecimiento añade presión a esas cifras. Las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que la población de 60 años o más pasará del 13,2% en 2018 al 24,6% en 2050. “El país tiene dos retos”, sostuvo Hernández: prevenir que más personas lleguen a una falla orgánica y garantizar atención oportuna para quienes ya necesitan un trasplante.
“Hay que comparar costos acumulados durante varios años y la proyección de vida que tiene el paciente, porque cuando exista la indicación y las condiciones, trasplantar oportunamente puede ser una inversión más eficiente que sostener durante muchos años tratamientos de reemplazo renal. Pero el mayor beneficio no es económico, son los años y la calidad de vida que eventualmente puede llegar a tener el paciente”, señaló Hernández.
La tasa de donación sigue lejos de los países con mayor actividad
En 2024, Colombia tuvo 7,4 donantes fallecidos por millón de habitantes. Ese registro contrasta con los 52,6 donantes por millón de España, según las cifras citadas por la Clínica Foscal. Ese año se realizaron 1.358 trasplantes en el país: 1.080 con órganos de 388 donantes fallecidos y 278 con donantes vivos.
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Al cierre de 2025, 96 personas fallecieron mientras permanecían en lista de espera. La Ley 1805 de 2016 establece que los adultos son donantes de órganos y tejidos tras su muerte, salvo que hayan manifestado en vida su oposición.
Un donante puede beneficiar hasta a ocho personas. Para los especialistas, elevar la detección hospitalaria de potenciales donantes, reforzar la información a las familias y acortar el camino de los pacientes hacia la lista de espera puede reducir el costo acumulado de la enfermedad y ampliar las posibilidades de supervivencia.
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