El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia se ha alejado drásticamente de la orientación política de su predecesor, Gustavo Petro. Ha pasado del enfoque de «paz total» de este último, que buscaba negociaciones con los grupos criminales armados de Colombia y una orientación permisiva hacia el cultivo de coca, a una campaña agresiva, respaldada por los militares, contra grupos criminales y terroristas, así como a la erradicación forzosa de cultivos de coca, incluido el intento anunciado de reanudar la aspersión aérea.
De la Espriella se ha alejado marcadamente de los reproches públicos de Petro a las políticas de contraterrorismo, lucha contra el narcotráfico y migración de la administración Trump, para integrar a Colombia en el «Escudo de las Américas» liderado por Estados Unidos y la «Coalición de las Américas contra los Cárteles» asociada (A3C). En el proceso, su gobierno ha abierto nuevas posibilidades de cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Colombia contra los grupos armados y ha obtenido de la administración Trump una promesa de hasta USD 1.000 millones en asistencia para ese fin.
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En muchos sentidos, el giro de De la Espriella se asemeja al paso de los esfuerzos del expresidente colombiano Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, por negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al esfuerzo gubernamental integral, liderado por los militares, de su sucesor, el presidente Álvaro Uribe, para restablecer el control del Estado colombiano sobre el territorio nacional. Sin embargo, el desafío que enfrenta hoy el Gobierno de De la Espriella difiere en algunos aspectos del que encaró Uribe. Se enfrenta a un entorno internacional más complejo y debe depender de unas fuerzas de seguridad colombianas cuyas capacidades se deterioraron de forma considerable durante el gobierno de su predecesor.
El Gobierno colombiano puede volver a imponer orden al panorama de grupos armados y economías criminales que se extendieron por todo el país desde los acuerdos de 2016 con las FARC, con desafíos agravados por las presiones de la pandemia de COVID-19 y el enfoque de «paz total» de Petro. Sin embargo, ese camino hacia la estabilización de Colombia en su crisis actual estará lleno de riesgos de expansión de la violencia y fragmentación, polarización interna, paralizantes disputas legales y dificultades para asegurar la cooperación internacional necesaria. Este artículo examina los desafíos de seguridad que enfrenta el Gobierno de De la Espriella, su colaboración con Estados Unidos y otros socios, y recomendaciones para una respuesta eficaz.
Los desafíos de seguridad de Colombia
El deterioro de la situación de seguridad en Colombia comenzó, posiblemente, con los acuerdos de 2016 con las FARC. Los acuerdos en sí generaron insatisfacción entre personas de muy distintas orientaciones políticas. Algunos, por lo general de derecha, se mostraron disconformes con los pagos a los miembros desmovilizados de las FARC y con la asignación temporal de escaños en el Congreso colombiano a la organización política sucesora del grupo, que no había sido elegida. Otros, generalmente de izquierda, se mostraron descontentos porque el Estado colombiano no cumplió sus promesas de reforma agraria e inversión en infraestructura al ritmo esperado. Muchos estuvieron disconformes con el mecanismo de justicia transicional, algunos por lo que percibían como un procesamiento de oficiales militares y una indulgencia hacia las FARC, y otros por el motivo opuesto.
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Más allá de esas controversias, aunque los acuerdos hicieron una contribución importante al incorporar a 13.000 combatientes al proceso de desmovilización, sus beneficios no fueron completos ni permanentes. Incluso antes de su implementación, algunos miembros de las FARC se trasladaron al, antes más pequeño, Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que aumentó rápidamente su poder y le permitió ingresar en territorios abandonados por las FARC. Otras organizaciones de las FARC, incluido el Frente Primero, profundamente implicado en actividades criminales en zonas como Guaviare, se negaron a desmovilizarse y continuaron sus operaciones militares y actividades delictivas asociadas. Tras la implementación de los acuerdos, algunos dirigentes históricos de las FARC que habían aceptado sus beneficios y se habían desmovilizado, principalmente Iván Márquez y Jesús Santrich, intentaron continuar sus actividades criminales, entraron en conflicto con el Estado y, finalmente, renunciaron a los acuerdos y volvieron a combatir bajo el nombre de Segunda Marquetalia.
Por debajo de ese nivel de élites, como ocurrió con los integrantes de grupos de autodefensa una década antes, muchos miembros desmovilizados de las FARC no encontraron oportunidades suficientes en la economía legal y regresaron a la forma que conocían para ganarse la vida —el uso de armas— al unirse a grupos criminales como los Urabeños (rebautizados más tarde como el Clan del Golfo). El efecto agregado fue una redistribución de combatientes entre los grupos y una expansión de la violencia, acompañada de fragmentación e incertidumbre.
Mientras los grupos criminales colombianos se reorganizaban sin una reducción duradera de sus filas tras la desmovilización, la pandemia de COVID-19 limitó considerablemente la presencia estatal y las oportunidades en la economía legal. Luego, ante esas oportunidades limitadas y una menor presencia de seguridad estatal, la entrante administración colombiana de Gustavo Petro sustituyó la confrontación con los grupos armados por un nuevo enfoque de Paz Total. La nueva política creó un mosaico de acuerdos temporales y restricciones al empleo de las Fuerzas Armadas de Colombia, lo que permitió a los grupos, que ya se expandían en número y competían violentamente por el territorio, consolidar su control y expandirse con mayor rapidez.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos calculó que en 2015 había aproximadamente 12.000 combatientes armados en Colombia, incluidos 7.000 de las FARC, 2.000 del ELN y 2.400 Urabeños. Para 2025, la Fundación Ideas para la Paz estimó que el número de combatientes era aproximadamente el mismo. El número de municipios que informaron la presencia de al menos un grupo armado en Colombia se disparó de 195 en 2019 a más de 410 en 2025.
Parte de la evolución de los grupos criminales en Colombia en este período fue consecuencia de su financiación, incluido el aumento de los ingresos por la producción de cocaína y la minería ilegal.
En el ámbito del narcotráfico, los acuerdos de 2016 crearon incentivos para que los campesinos maximizaran las hectáreas de coca cultivadas, con la esperanza de ser compensados posteriormente por dejar de producir coca en esas tierras. La lucha del Estado colombiano contra la producción de coca se complicó aún más por un fallo judicial de 2015 que puso fin a la aspersión aérea y, más tarde, por las exigencias logísticas de la pandemia de COVID-19 sobre el Ejército colombiano, que en parte lo desvió de la erradicación manual de coca, intensiva en mano de obra, y del control territorial que requería.
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El cultivo de coca, que ya se expandía, se disparó bajo la administración Petro, que redujo efectivamente la erradicación forzosa y las acciones asociadas contra los campesinos cultivadores de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la cantidad de coca cultivada en Colombia aumentó de 96.000 hectáreas en 2015 a 261.000 hectáreas para 2024. Ese crecimiento, combinado con mayores rendimientos obtenidos mediante mejoras genéticas y una plantación más densa, generó una explosión de ingresos para los grupos armados, que transformaron esa coca en cocaína y la enviaron a Europa y Estados Unidos. Un estudio de referencia calculó que los ingresos de los grupos criminales radicados en Colombia procedentes de la cocaína se multiplicaron por 5,5 entre 2014 y 2024, hasta USD 16.500 millones anuales.
Junto con los ingresos de la cocaína, los ingresos de los grupos armados por la minería ilegal en Colombia también aumentaron durante este período. Este fenómeno reflejó la ya mencionada reducción del control estatal sobre el territorio nacional frente a los grupos armados, el incremento de la minería criminal en la vecina Venezuela y un marcado aumento de los precios mundiales del oro. Los ingresos de la minería ilícita, calculados entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones anuales en 2015, llegaron a unos USD 8.400 millones por año para 2025.
La economía criminal creciente de Colombia se vio además reforzada por el desplazamiento de 2,8 millones de venezolanos al país, sumado a millones más que transitaron por Colombia hacia otros destinos, lo que creó oportunidades de ingresos ilícitos derivados del contrabando, la prostitución, la extorsión y el robo para grupos como el Tren de Aragua, que se aprovechaban de ellos.
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Como reflejo de la combinación de todas estas dinámicas, el campo colombiano y las zonas urbanas se volvieron más violentos mientras esos grupos competían entre sí por controlar las economías criminales, desde la cocaína y el oro hasta el secuestro. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, la extorsión relacionada con secuestros casi se triplicó entre 2015 y 2025, los hurtos denunciados casi se duplicaron y los homicidios aumentaron un 11 % durante el período.
Al final de la administración Petro, los departamentos más violentos de Colombia podrían entenderse como guerras separadas, aunque interrelacionadas, por el territorio y los ingresos criminales asociados entre grupos armados rivales. En Guaviare, el departamento más violento de Colombia, con 120 homicidios por cada 100.000 habitantes, se estima que el 85 % de los homicidios estuvo vinculado a la lucha entre el bloque Amazonas de las disidencias de las FARC vinculadas a Iván Mordisco y las disidencias Córdoba del bloque Calarcá, conocidas como el Estado Mayor de Bloques y Frentes.
En San Andrés, con 66 homicidios por cada 100.000 habitantes, la principal disputa se da entre la facción Los Pusey del Clan del Golfo (AGC) y el grupo La Fortaleza por rutas de tráfico y mercados locales de drogas en la isla de San Andrés.
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En Cauca, con 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, la principal disputa es entre grupos vinculados a la organización disidente de las FARC Estado Mayor Central (EMC) de Iván Mordisco, en particular los frentes Carlos Patiño y otros frentes occidentales, el ELN y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo surgido de la fragmentación de la ya mencionada Segunda Marquetalia.
En Valle del Cauca, donde la tasa de homicidios es de 53 por cada 100.000 habitantes, la disputa es entre otras disidencias del EMC, incluido el frente Jaime Martínez, el ELN y elementos del Clan del Golfo. También existe un conflicto separado, aunque relacionado, entre las bandas Shottas y Espartano.
En Arauca, con 49 homicidios por cada 100.000 habitantes, la principal disputa es entre otras disidencias del EMC de los frentes 10 y 28 y el Frente Oriental del ELN, en particular su frente Domingo Laín.
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La atrofia del aparato de seguridad colombiano
A medida que la amenaza de los grupos criminales armados se expandió durante el gobierno de Gustavo Petro, impulsada por una economía ilícita en expansión y por las luchas entre grupos por territorios e ingresos criminales, su administración obstaculizó y desincentivó de hecho a las fuerzas de seguridad nacionales para actuar agresivamente contra la amenaza, restringió los recursos que necesitaban con urgencia para cumplir su misión y limitó tipos importantes de cooperación con socios tradicionales como Estados Unidos e Israel.
Como se señaló antes, las fuerzas militares de Colombia comenzaron la administración Petro en desventaja, dado que la respuesta de emergencia necesaria ante la pandemia de COVID-19 debilitó la preparación militar para otras operaciones.
Petro también marcó el tono de su administración al retirar a un número sin precedentes de 52 altos generales para dar paso al liderazgo militar de su preferencia. La pérdida de tantos dirigentes de alto rango, cuya experiencia se había forjado durante largas carreras de mando, debilitó las capacidades en los niveles más altos, ya que oficiales con menos experiencia fueron ascendidos para ocupar los cargos vacantes.
Tales decisiones de Petro, junto con nuevas políticas para reducir el riesgo de daños colaterales por acciones militares, como prohibir el bombardeo aéreo de campamentos de grupos armados si no se podía demostrar que no había menores presentes, enviaron un mensaje contundente de que el nuevo gobierno penalizaba los errores y premiaba la cautela por encima de asumir riesgos para obtener resultados.
La elección de Petro de Iván Velásquez como ministro de Defensa, un abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que había construido su carrera investigando a los militares por violaciones de derechos humanos, reforzó ese mensaje y desincentivó enérgicamente a los comandantes a tomar la iniciativa en el campo de batalla. Cuando Velásquez renunció en febrero de 2025, la decisión de Petro de nombrar a Pedro Sánchez Suárez, un líder con más de 35 años de experiencia militar, como su reemplazo fue considerada por muchos colegas militares colombianos a los que consulté de manera extraoficial como una mejora significativa.
Los obstáculos a la eficacia de las fuerzas de seguridad de Colombia derivados de cambios de liderazgo y políticas restrictivas se vieron agravados por la proclamación o negociación de una multitud de treguas y ceses al fuego por parte de la administración Petro, a menudo en territorios superpuestos, que limitaron significativamente dónde podían operar las fuerzas de seguridad colombianas y contra quiénes podían hacerlo. Al asumir el cargo en agosto de 2022, el gobierno Petro anunció cinco ceses al fuego con el ELN, el Clan del Golfo, el “Estado Mayor Central” de los grupos disidentes de las FARC (EMC), la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ASCN). Durante 2023, el gobierno Petro negoció treguas adicionales con sucesores del ELN y de la Segunda Marquetalia a medida que esos grupos se fragmentaban. Además, durante 2023 y comienzos de 2024, anunció ocho prórrogas de ceses al fuego o nuevos acuerdos que cubrían al ELN, el EMC, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF, antes Calarcá), la Segunda Marquetalia, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), los Comuneros del Sur y el Clan del Golfo. También anunció cuatro acuerdos con organizaciones criminales urbanas, incluidos los Shottas y Espartanos de Buenaventura; los Mexicanos, Locos Yam, RPS, Los Z y Revolución Cabí de Quibdó; varios grupos criminales en Medellín y el Valle de Aburrá; y los Pepes y Costeños de Barranquilla, entre otros.
Por último, como se señaló antes, en medio de estos otros obstáculos a la eficacia de las fuerzas de seguridad de Colombia para enfrentar la creciente crisis de seguridad nacional, la administración Petro redujo profundamente y bloqueó desembolsos de fondos a esas instituciones, con efectos cada vez más graves sobre la disponibilidad de equipos y personal. Los recortes de Petro incluyeron una reducción de 606.000 millones de pesos a las fuerzas armadas y la policía en 2024. En enero de 2025, emitió el Decreto 0069, que congeló el uso de fondos ya asignados para que las fuerzas armadas adquirieran bienes necesarios.
Las consecuencias informadas públicamente de tales recortes durante la presidencia de Petro son anecdóticas, pero graves. En julio de 2024, el jefe de la organización de aviación del Ejército colombiano informó que solo 92 de sus 138 aeronaves estaban operativas. En 2025, la Armada de Colombia informó de manera similar que contaba con fondos para cubrir solo el 59 % de sus necesidades de mantenimiento y reconoció efectos negativos por esa insuficiencia. Un informe de septiembre de 2026 de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia detalla el devastador deterioro de la disponibilidad ocurrido en toda la fuerza, con el 56 % de las aeronaves militares fuera de servicio, el 48 % de las embarcaciones navales y fluviales no operativas y brechas entre las necesidades operativas y la financiación proporcionada del 96 % para la artillería del Ejército, 93 % para el transporte del Ejército y 78 % para la caballería del Ejército.
El nuevo camino de Colombia
La respuesta del gobierno de De la Espriella a los desafíos de seguridad y al deterioro institucional de Colombia desde que asumió el cargo ha sido prometedora, aunque es demasiado pronto para evaluar la eficacia de su nueva dirección.
La elección de De la Espriella del mayor general Jorge Mora López como ministro de Defensa es bien valorada por su amplia experiencia de mando militar en fuerzas especiales, operaciones antinarcóticos y planificación estratégica de defensa.
En el plazo de un mes tras asumir el cargo, De la Espriella puso fin a prácticamente todos los procesos de negociación de paz creados por su predecesor mediante nueve resoluciones e inició una serie de importantes operaciones contra grupos armados. Sus nuevas iniciativas militares incluyeron una importante operación aérea contra el ELN en Catatumbo, apenas tres días después de asumir el cargo. También incluyeron la Operación Amón, un bombardeo de los campamentos del bloque Jorge Suárez del grupo Calarcá en Guaviare; la Operación Azarías, contra el frente Carolina Ramírez en el mismo departamento; y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, con 1.200 miembros de todas las fuerzas armadas, para combatir el robo de hidrocarburos.
El gobierno de De la Espriella también declaró que reanudaría la aspersión aérea contra la producción de coca y ampliaría otras formas de erradicación forzada. Colombia ya anunció un programa piloto en el departamento de Putumayo, que utiliza un herbicida distinto al de esfuerzos anteriores, glufosinato de amonio, aunque la iniciativa ha sido impugnada legalmente.
De la Espriella también ha revitalizado la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y Colombia, incluido el intercambio de inteligencia y la posibilidad de operaciones conjuntas. Según se ha informado, él y su equipo se coordinaron con líderes políticos y militares estadounidenses desde su elección, por lo que estaban en condiciones de actuar con rapidez una vez que asumió el cargo. De hecho, apenas cinco días después de la investidura de De la Espriella, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth, anunció que Colombia había autorizado operaciones militares conjuntas. Luego, menos de dos semanas después, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, se reunió con De la Espriella y sus homólogos militares colombianos para avanzar en la cooperación.
El 8 de septiembre de 2026, en una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, De la Espriella anunció el “Plan Patriota para el siglo XXI”, lo que sugiere que los USD 1.000 millones en cooperación de seguridad comprometidos por Estados Unidos podrían incluir apoyo para modernizar aeronaves, helicópteros, radares, drones, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y sistemas de mantenimiento colombianos.
Además de la cooperación estrictamente militar, el gobierno de De la Espriella también reanudó las extradiciones a Estados Unidos, que su predecesor había suspendido, enviando a 94 personas allí durante su primer mes en el cargo.
Riesgos y desafíos
Las iniciativas de seguridad de De la Espriella, con un fuerte respaldo del gobierno de Estados Unidos, se encaminan posiblemente en una dirección muy positiva, pero también plantean riesgos importantes que deberían reconocerse y gestionarse.
En primer lugar, a corto plazo, los esfuerzos intensificados de Colombia contra los grupos armados pueden ampliar la violencia, tanto al terminar las negociaciones de paz como al fragmentar a los grupos armados mediante operaciones dirigidas contra ellos y sus líderes. Ejemplos de tales consecuencias en otros conflictos incluyen la violencia producida cuando el gobierno de Felipe Calderón en México intensificó sus acciones contra los carteles de la droga en ese país.
De hecho, las iniciativas colombianas emprendidas hasta la fecha ya han generado consecuencias violentas, incluidos ataques con drones del ELN y otras represalias y efectos secundarios. Por ejemplo, la operación del 21 de septiembre de 2026 en Santa Marta, que mató a José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, segundo comandante de las ASCN, provocó una serie de acciones de represalia del grupo en la zona, incluido un “paro armado” durante el cual el grupo incendió varios vehículos. Se cree que un ataque del ELN del 4 de septiembre con drones explosivos en Ocaña, Norte de Santander, está vinculado a operaciones gubernamentales en esa zona. En el departamento de Bolívar, la captura el 24 de septiembre por el Ejército colombiano del líder del ELN Isaís posiblemente contribuyó a los combates del 2 de septiembre entre el ELN y el Clan del Golfo en Montecristo, al sur del departamento, en los que se utilizaron drones explosivos. Estas consecuencias no significan que el gobierno de Colombia deba evitar enfrentar a los grupos armados que operan en el país, sino que debe prepararse para las consecuencias militares y políticas de esas acciones.
Además de tales reacciones militares y políticas, es probable que las iniciativas del gobierno colombiano también generen resistencia desde el sólido sistema jurídico de Colombia, como De la Espriella ha reconocido públicamente. De hecho, el ataque del 27 de agosto de 2026 contra campamentos del ELN en Guaviare dio lugar a una demanda por la acusación de que los militares colombianos tenían pruebas razonables de que había menores en el campamento. El 11 de septiembre, un juez de Puerto Asís suspendió el programa piloto de aspersión aérea por presuntos riesgos para la salud.
Además de las acciones legales, grupos de derechos humanos, incluidos Amnistía Internacional y Save the Children, se han pronunciado contra el enfoque militar de De la Espriella. El estilo a menudo confrontativo del presidente puede agravar los efectos de sus acciones al profundizar la polarización en la ya dividida sociedad colombiana, dando oportunidades a quienes están en la izquierda y buscan paralizar al gobierno de De la Espriella mediante acciones legislativas o derribarlo.
La evolución de la situación de Venezuela también pesará considerablemente sobre el éxito de Colombia. Grupos como el ELN y las disidencias de las FARC obtienen ingresos sustanciales de la minería ilegal y otras operaciones criminales en Venezuela. Un número considerable de grupos del ELN, las FARC y otros continúa teniendo refugio y recursos del lado venezolano de la frontera, lo que les permite sostener actividades criminales y terroristas en Colombia. Esa realidad no ha cambiado sustancialmente con la destitución de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su relación con su sucesora, Delcy Rodríguez.
Más allá de la importancia de la colaboración transfronteriza con Venezuela sobre grupos criminales y flujos ilícitos, restaurar un gobierno democrático legítimo y la estabilidad económica en Venezuela beneficiaría sustancialmente la situación económica y de seguridad de Colombia, incluso al facilitar el posible retorno de algunos de los 2,8 millones de venezolanos que viven en el país. Alternativamente, desestabilizar al régimen transitorio de Rodríguez podría aumentar la presión sobre Colombia a causa de la migración y la actividad criminal transfronteriza.
Más allá de Venezuela, Colombia enfrenta hoy un entorno estratégico diferente y, posiblemente, más complejo que el de hace dos décadas, cuando el gobierno de Uribe recuperó con éxito el control de su territorio nacional. Aunque Uribe tuvo que lidiar con una variedad de grupos armados de “autodefensa” y otros grupos criminales, el panorama actual de tales grupos es posiblemente mucho más complejo y está alineado contra el gobierno. El gobierno de Uribe tampoco tuvo que lidiar con drones armados, ciberataques, criptomonedas, inteligencia artificial en manos de grupos criminales o guerras lejanas en Medio Oriente que amenazaban con mantener los precios del petróleo extraordinariamente altos y desestabilizar la economía colombiana y la del resto de la economía mundial.
Por último, el éxito de las iniciativas de De la Espriella dependerá posiblemente de la eficacia de la coordinación interinstitucional e internacional, así como de la atención al detalle en la aplicación de esas políticas. Si bien el enfrentamiento activo del gobierno de De la Espriella contra los grupos criminales es mucho mejor que la acomodación y las políticas improvisadas de su predecesor, ejemplos desde México hasta Honduras y el Ecuador actual muestran que enfrentar a los grupos criminales puede traer orden, pero no siempre. Los logros del anterior gobierno colombiano de Uribe al recuperar el control del Estado colombiano sobre el territorio nacional fueron posiblemente producto de su sostenida atención al detalle en la cooperación interinstitucional e internacional. De la Espriella necesitará no menos para tener éxito.
Recomendaciones
En el marco del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles, Estados Unidos tiene una oportunidad importante de ayudar al gobierno de De la Espriella a recuperar el control sobre el territorio nacional colombiano. Para hacerlo, debe prestar atención a las diferencias en las circunstancias nacionales de Colombia, su entorno internacional y su liderazgo político actuales frente a los de la era de Uribe. No debe suponer que una “repetición” del Plan Colombia, cuyo éxito fue a su vez malinterpretado e incompleto, producirá resultados similares.
Entonces, como ahora, será importante para Estados Unidos trabajar estrecha y flexiblemente con Colombia para comprender sus necesidades institucionales, capacidades, limitaciones e idiosincrasias, y asegurar que la asistencia estadounidense satisfaga las necesidades de Colombia para lograr un éxito a largo plazo, al tiempo que ayuda a un gobierno dispuesto de De la Espriella a abordar las prioridades estadounidenses en la lucha contra los grupos criminales organizados.
El gobierno y el pueblo de Colombia han demostrado sistemáticamente que son capaces, ingeniosos y tenaces. Con políticas públicas eficaces y un gobierno calificado, Colombia puede volver a convertir la tragedia en triunfo. Requerirá trabajo arduo, coordinación y paciencia. Sin embargo, para Colombia y la región, la consecuencia del fracaso es inaceptable.
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