El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó el viernes 9 de octubre de 2026 los principales alcances del decreto expedido por el Ministerio de Transporte para actualizar el régimen de concesiones portuarias en Colombia. La iniciativa busca responder a las dificultades que enfrenta el sector y establecer condiciones para que las terminales continúen ejecutando inversiones en infraestructura, incluso cuando se aproximen las fechas de vencimiento de sus contratos.
Durante su intervención en el puerto de Cartagena, el mandatario explicó que la actualización normativa fue una de las preocupaciones de su administración desde el inicio del Gobierno, debido a que la legislación vigente no avanzó al mismo ritmo que la actividad portuaria. Según señaló, el crecimiento y la proyección del sector hicieron necesario revisar las reglas que regulan las concesiones y las inversiones asociadas a su funcionamiento.
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Uno de los principales cambios consiste en permitir que los concesionarios presenten proyectos de inversión cuando falten cinco años o menos para el vencimiento de sus contratos, siempre que los recursos comprometidos no alcancen a recuperarse durante el periodo restante de la concesión.
Las propuestas deberán ser evaluadas por la entidad competente y, si reciben aprobación, podrán contemplar el reconocimiento del valor residual de las inversiones no recuperadas, conforme a la regulación.
Inversiones durante los últimos años de las concesiones
De la Espriella explicó que las condiciones actuales pueden desincentivar la ejecución de obras necesarias para mantener la competitividad de los puertos cuando los contratos están próximos a finalizar. Como ejemplo, señaló que una inversión puede requerir diez años para recuperarse, aunque a la concesión le queden solamente cuatro años de vigencia.
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En esas circunstancias, indicó, el concesionario puede abstenerse de realizar las obras debido a que no tendría tiempo suficiente para recuperar los recursos invertidos.
El mandatario sostuvo que esta situación afecta tanto al empresario como al país, al limitar la modernización de la infraestructura portuaria. “Colombia no puede permitir que un puerto deje de modernizarse simplemente porque su concesión se aproxima al vencimiento”, afirmó el presidente al explicar uno de los propósitos centrales de la disposición.
El mecanismo previsto en el decreto permitirá que las inversiones proyectadas durante los últimos cinco años de una concesión sean sometidas a evaluación cuando no puedan recuperarse completamente dentro del plazo contractual. Si la autoridad competente las aprueba, podrá reconocerse el valor residual pendiente, de acuerdo con las condiciones establecidas en la regulación.
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La medida busca evitar que la proximidad del vencimiento de un contrato se convierta en un obstáculo para ejecutar obras que contribuyan al funcionamiento y la competitividad de las terminales portuarias.
Ampliación de las inversiones y seguridad jurídica
El decreto también contempla ampliar el conjunto de inversiones que pueden incorporarse a una concesión portuaria. Dentro de este componente se incluyen obras que, aunque no se limiten directamente a las instalaciones de los puertos, resulten necesarias para mejorar sus condiciones de acceso y operación.
Entre los proyectos contemplados se encuentran las intervenciones relacionadas con los accesos marítimos y fluviales, las carreteras vinculadas al funcionamiento de las terminales y las conexiones ferroviarias, entre otras infraestructuras que puedan contribuir a la actividad portuaria.
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Durante su discurso, el presidente también se refirió a la seguridad jurídica para los operadores privados. Señaló que el Gobierno exigirá el cumplimiento de los contratos, al tiempo que establecerá garantías y reglas claras para quienes realicen inversiones en el sector. “Los puertos tienen que convertirse en una verdadera ventaja para producir, exportar y hacer empresa desde Colombia”, expresó De la Espriella en Cartagena.
La iniciativa incluye, además, la creación de un registro único de concesiones portuarias, concebido como una base de datos para los puertos y muelles del país. El sistema permitirá hacer seguimiento a las solicitudes y los trámites relacionados con las concesiones, respetando la reserva aplicable a determinados procesos.
Componente ambiental y continuidad del servicio
La regulación incorpora disposiciones relacionadas con la transición energética y la protección ambiental. Entre las inversiones previstas se encuentran la electrificación de muelles, el uso de fuentes no convencionales de energía, las iniciativas de economía circular y las acciones dirigidas a proteger la biodiversidad.
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Otro de los aspectos abordados corresponde a la terminación de las concesiones y la continuidad de las operaciones. El documento establece que la finalización de un contrato no debe traducirse en la interrupción del servicio portuario. También contempla la renovación para los concesionarios que cumplan adecuadamente con sus obligaciones, conforme a las condiciones aplicables.
Al explicar el alcance de la medida, De la Espriella señaló que la actualización normativa pretende facilitar las inversiones y ofrecer mayor certidumbre a los participantes del sector. “Nunca he creído en la virtud mágica de las normas, un decreto no mueve un contenedor, no construye una carretera y no hace llegar a un barco. Pero una buena norma sí puede quitar obstáculos y dar confianza”, manifestó el mandatario.
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