Las víctimas del conflicto armado en el Catatumbo alistan reclamos sobre seguridad, atención humanitaria e inversión social para presentarlos al presidente Abelardo de la Espriella durante la visita prevista a Cúcuta (Norte de Santander) el martes 13 de octubre.
La Asociación Nacional de Víctimas busca que el encuentro se traduzca en decisiones para la población que continúa en la región y para quienes tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la violencia.
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El presidente de la organización, Olguín Mayorga, anticipó que la seguridad será uno de los asuntos centrales de la reunión. También reclamará recursos sociales para las comunidades afectadas.
Las víctimas del Catatumbo pedirán al Gobierno acciones para proteger a quienes permanecen en el territorio, facilitar retornos y reubicaciones de la población desplazada y asegurar atención humanitaria de emergencia.
La Asociación Nacional de Víctimas sostiene que sus registros superan las 140.000 personas desplazadas durante los 21 meses de confrontación. “Tenemos posiblemente la posibilidad de reunirnos y plantearle soluciones concretas para la región del Catatumbo”, dijo Mayorga a Caracol Radio.
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El dirigente precisó el orden de sus prioridades: “Primero en materia de seguridad, segundo en materia de inversión social, que es muy importante atender”. La organización pretende que las medidas alcancen tanto a las personas que permanecen expuestas a la confrontación como a las familias que huyeron hacia otros lugares.
Mayorga vinculó la necesidad de inversión social con la recuperación de condiciones básicas para las comunidades golpeadas por el conflicto.
El representante de las víctimas también expresó preocupación por el temor que persiste entre los habitantes al momento de informar hechos violentos. Las comunidades han estado muy asustadas para dar a conocer todos estos hechos”, afirmó Mayorga ante la emisora.
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El dirigente sostuvo que la prolongación de la confrontación ha producido un efecto preocupante en parte del territorio. “En varias comunidades de la región del Catatumbo, por el tiempo y por la expectativa que se ha tenido, han como ido normalizando estos hechos”, advirtió.
Para la Asociación Nacional de Víctimas, esa aceptación progresiva de la violencia como parte de la vida diaria agrava las consecuencias que ya dejó el conflicto armado. La situación de las personas desplazadas será otro de los puntos que la entidad llevará a la conversación con el presidente.
“Es una población que necesita soluciones concretas en retornos, reubicaciones y, por supuesto, la atención humanitaria de emergencia”, sostuvo Mayorga ante el medio.
Las víctimas también solicitarán indemnizaciones para las familias afectadas. Según planteó el dirigente, ese respaldo permitiría que los hogares reconstruyan sus proyectos de vida. La expectativa de la asociación es que la visita a Cúcuta deje medidas aplicables para el Catatumbo y no solo anuncios frente a una crisis que ya completa 21 meses.
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Situación del Catatumbo
Las autoridades destruyeron 100 granadas de alto poder que estaban ocultas en un depósito clandestino de la vereda Corinto, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander. El material, que pesaba cerca de una tonelada, presuntamente pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y podía ser usado en acciones armadas en el Catatumbo.
La operación estuvo a cargo de tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinación de la Policía Nacional. Los explosivos fueron destruidos de forma controlada en el mismo lugar, bajo los protocolos de seguridad establecidos.
La fuerza pública atribuyó el arsenal al Frente Juan Fernando Porras Martín del ELN. Según las autoridades, las granadas podían adaptarse para ser lanzadas desde drones o mediante rampas artesanales, con capacidad de afectar a integrantes de la Fuerza Pública, habitantes de la zona e infraestructura.
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El hallazgo ocurrió en medio de una escalada de inseguridad en el Catatumbo, donde distintos grupos armados han respondido a las operaciones ofensivas ordenadas por el Gobierno nacional y ejecutadas con las fuerzas del orden. En las últimas semanas, la región registró ataques con drones explosivos contra militares y población civil.
El sábado 3 de octubre, cuatro personas habrían resultado heridas durante un ataque con drones explosivos en el corregimiento de Versalles, área rural de Tibú. Entre los lesionados había tres adultos y una adolescente de 14 años.
La denuncia fue difundida por Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas de Colombia (Fevcol). Según su relato, los artefactos impactaron comercios y viviendas durante la madrugada.
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Ante el temor de que se produjeran nuevos ataques, varios habitantes salieron de sus casas para que los drones los registraran. Mayorga indicó que las víctimas fueron llevadas al Hospital de Tibú, aunque hasta el momento no se conoció un reporte oficial sobre su estado de salud.
El ataque en Versalles fue atribuido al frente 33 de las disidencias de las Farc. El hecho se sumó a los episodios de violencia que afectan a comunidades rurales de Norte de Santander, donde las estructuras armadas ilegales mantienen capacidad para ejecutar acciones con explosivos.
Las granadas encontradas en Sardinata tenían un peso aproximado de 10 kilogramos cada una. La fuerza pública señaló que su destrucción evitó que fueran incorporadas a operaciones contra objetivos militares o civiles en el Catatumbo.
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