El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro para administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026, iniciando operaciones con una asignación presupuestal de $1 billón de pesos.
El jefe de Estado confirmó que la disposición de este primer paquete de dinero iniciará el miércoles 7 de octubre, en forma directa, orientándose a la reparación y construcción de viviendas, colegios, centros médicos, vías, acueductos e infraestructura básica dañada en las zonas de emergencia.
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Durante la presentación realizada al término del Consejo de Ministros, el mandatario ratificó que la gerencia general del organismo estará a cargo del empresario Jaime Uribe. A su vez, el Gobierno nacional oficializó los nombres de las personalidades del sector privado y del sector público que integrarán el consejo directivo responsable de supervisar la ejecución de los recursos.
La junta directiva quedó conformada por la empresaria Liliana Restrepo, fundadora de la cadena Frisby; Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de la empresa Colombina; el empresario textilero Arturo Calle; y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia de la República.
Compromiso de ejecución sin intermediarios ni burocracia
El presidente De la Espriella enfatizó que la instrucción impartida a la gerencia y a los miembros de la junta es garantizar el manejo riguroso de cada partida presupuestal, evitando sobrecostos y trámites innecesarios.
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“La instrucción es muy sencilla: cada peso se cuida y cada peso tiene que llegar a donde realmente se necesita. Aquí no habrá intermediarios, no habrá despilfarro ni negocios con la tragedia del pueblo colombiano. A partir de este miércoles comenzará la disposición de los primeros recursos con un monto inicial de $1 billón”, dijo el jefe de Estado.
Y Abelardo de la Espriella recalcó que: “Se acabaron los anuncios, ahora viene lo verdaderamente importante: ejecutar, reconstruir y cumplirle a todos los colombianos que se han visto afectados por esta tragedia”.
A través de los canales oficiales de comunicación del movimiento político del presidente, se reiteró que la meta central de la administración será acelerar las obras físicas en las poblaciones golpeadas: “Cada peso será cuidado y cada peso llegará a donde realmente se necesita”.
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“Con una junta directiva de reconocida trayectoria y una gerencia responsable, inicia la disposición de los primeros recursos por $1 billón para atender a los colombianos afectados por la tragedia. Sin intermediarios, sin despilfarro y sin negocios con el dolor del pueblo. Ahora viene lo importante: ejecutar, reconstruir y cumplir”, publicó en su cuenta de X.
Otras medidas que se establecieron en el Consejo de Ministros
En el frente del orden público y la infraestructura, el Gobierno nacional dispuso una intervención prioritaria en el departamento del Cauca para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
De manera paralela, la administración del presidente De la Espriella anunció un paquete de mecanismos normativos para agilizar los trámites de consulta previa con comunidades étnicas, con el fin de destrabar la ejecución de proyectos clave de desarrollo estratégico y acelerar las obras de reconstrucción sin generar parálisis administrativa ni retrasos en las regiones.
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En lo relativo al sector social y económico, el Consejo de Ministros abordó las fallas operativas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de corregir los problemas en la prestación de servicios médicos a los educadores y estabilizar la atención del sistema de salud pública.
Asimismo, la agenda del Ejecutivo fijó acciones inmediatas para enfrentar la crisis de liquidez y generación en el sector energético, coordinando medidas presupuestales y técnicas que prevengan desabastecimientos de energía eléctrica y garanticen la continuidad del servicio en todo el país.
Frente al desarrollo de estas iniciativas y la ejecución de la infraestructura posterior al desastre, el Ejecutivo ratificó que mantendrá un monitoreo permanente sobre la contratación pública y los giros de dinero de la reconstrucción.
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