La senadora María Lucía Villalba, integrante del partido Nuevo Liberalismo, radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 219 de 2026, una iniciativa legislativa que busca establecer límites estrictos al uso de los recursos del Sistema de Medios Públicos (antes Rtvc, ahora Inravisión) e impedir que los fondos de la televisión y la radio pública se destinen a la promoción política del gobierno de turno.
La propuesta legislativa hizo eco tras la controversia nacional desatada por la firma de contratos estatales en Inravisión a favor de las creadoras de contenido Stefany Forero Amaya (Stefy Fa) y Alejandra Montes Rojas (Alejandra M. Habla), reconocidas promotoras digitales de la campaña del presidente Abelardo De la Espriella.
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Frente a los cuestionamientos por el uso del presupuesto de la entidad pública, la senadora Villalba enfatizó la necesidad de pasar de los reclamos en redes sociales a la adopción de reglas legales permanentes que blinden la independencia editorial del canal institucional.
“¿Mamados de la manipulación política de RTVC? Solución: Ya está en el Congreso un proyecto de ley de nuestra autoría donde establecemos que RTVC: 1. No podrá destinar más del 5 % de sus ingresos FUTIC (que son mayoritarios) a gastos de funcionamiento. 2. Sus ingresos FUTIC no pueden destinarse a la promoción del gobierno de turno o al despliegue de información de carácter proselitista”, escribió la congresista en su cuenta en X.
La congresista añadió a su publicación: “Pasemos de la indignación a las lecciones aprendidas. Y de las lecciones aprendidas a la acción”.
El articulado al que hace referencia la congresista se trata del proyecto que modifica la Ley 1341 de 2009 e introduce el artículo 34C, el cual fija un límite máximo del 5% para los gastos de administración y funcionamiento de Rtvc financiados con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic).
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La norma dispone que al menos el 95% restante de las transferencias recibidas deba dirigirse de forma exclusiva a la producción, coproducción y emisión de contenidos de interés público, cultural, educativo y científico.
Asimismo, el texto prohíbe que los giros del Futic se utilicen, de manera directa o indirecta, en la divulgación de propaganda gubernamental o mensajes de carácter partidista, imponiendo a la entidad la obligación de garantizar el pluralismo informativo y la neutralidad como servicio público esencial.
Los antecedentes del escándalo de contratación en Rtvc
La discusión sobre la regulación de Rtvc se intensificó tras revelarse que Stefany Forero Amaya firmó el 22 de septiembre de 2026 un contrato de prestación de servicios por $15.906.053 para actividades en el ecosistema digital hasta fin de año, lo que representa un ingreso mensual de $4.869.200.
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Por su parte, Alejandra Montes Rojas suscribió su contrato el 25 de septiembre por $16.816.163 para la realización de piezas audiovisuales, equivalente a $5.255.051 mensuales.
Ambas contratistas participaron activamente en la estrategia de comunicación de la campaña oficialista y formaron parte de redes de difusión digital que impulsaron contenidos a favor del Ejecutivo, situación que reactivó las críticas sobre la entrega de contratos a promotores políticos en los medios del Estado.
Reforma integral al Futic y plan de austeridad sectorial
Más allá de las restricciones dirigidas a Rtvc, el Proyecto de Ley 219 de 2026 contempla un reordenamiento general del Fondo Único de TIC para obligar a que la inversión se concentre prioritariamente en el cierre de la brecha digital en zonas rurales y centros poblados.
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La iniciativa fija un tope del 5% a los gastos generales de administración del Futic, establece la aplicación de evaluaciones cuatrienales de impacto a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y limita los anticipos en contratos de infraestructura al 30% bajo manejo de patrimonios autónomos.
Adicionalmente, el proyecto ordena al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantar los estudios técnicos para la reestructuración y posterior supresión de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), reincorporando sus funciones de vigilancia dentro de la estructura del ministerio para eliminar duplicidades operativas y generar ahorros al erario.
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