El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de dos presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, durante un operativo conjunto en la vereda La Paulina, en Valdivia, Antioquia.
Los detenidos son alias Lobo o Emanuel, señalado como cabecilla de comisión, y alias Zamanta o La Flaca. La operación reunió al Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
PUBLICIDAD
El jefe de Estado afirmó que el procedimiento representó un golpe contra esa estructura armada en el norte de Antioquia. Según explicó en sus redes sociales, alias Lobo es investigado por extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra la Fuerza Pública.
“¡Golpe a los narcoterroristas de Calarcá en Antioquia!”, escribió De la Espriella al anunciar las capturas.
De la Espriella sostuvo que el investigado estaría relacionado con acciones contra “nuestra Fuerza Pública”. También mencionó los desplazamientos de población civil entre las conductas bajo investigación.
PUBLICIDAD
El Presidente cerró su mensaje con una advertencia dirigida a los grupos armados ilegales. “¡Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades!”, afirmó.
“Cada captura es un paso para devolverles la tranquilidad y la libertad a los colombianos”, agregó De La Espriella en la misma publicación.
Disidencias de ‘Calarcá’ habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”
Las disidencias prohibieron licor en ocho municipios de Antioquia y amenazaron con atacar los vehículos y productos de quienes incumplan la orden. El panfleto fue atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo la denominación de compañía Arnulfo Castellanos.
PUBLICIDAD
La restricción alcanza a los municipios de Donmatías, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí. El grupo ilegal vetó la entrada y distribución de cerveza, aguardiente y otras bebidas alcohólicas.
La medida, según el escrito divulgado por medios locales, se basa en una acusación contra las empresas distribuidoras. La estructura afirmó que organizaciones contrainsurgentes o paramilitares habrían usado esas compañías para infiltrar personas en los territorios.
El documento señala que los distribuidores deberán contactar al grupo armado y someterse a una revisión previa para poder ingresar a las localidades mencionadas. También advierte que quienes desobedezcan sus directrices serán considerados “objetivo militar” y podrían sufrir la quema de sus vehículos y mercancías.
PUBLICIDAD
La compañía Arnulfo Castellanos firmó el panfleto, según el contenido conocido. Esa facción es liderada por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.
En el texto, la estructura ilegal sostuvo que cuenta con “información clara” sobre una supuesta infiltración a través de las distribuidoras de licor. La acusación no incluye pruebas en el material difundido.
El comunicado también impone un control sobre la identidad y la procedencia de quienes pretendan llevar bebidas alcohólicas a los ocho municipios. La exigencia alcanza tanto a personas como a empresas.
PUBLICIDAD
La amenaza contempla consecuencias contra los bienes de quienes ingresen sin el aval impuesto por el grupo armado. El panfleto menciona la posible quema de vehículos y de los productos transportados.
El anuncio generó preocupación entre comerciantes, distribuidores y habitantes de la zona. En Campamento, además, circuló un mensaje dirigido a los negocios locales que limitaría la venta de cerveza a dos proveedores autorizados.
Esa restricción profundizó la incertidumbre sobre el abastecimiento de bebidas alcohólicas en el municipio. Los comerciantes quedaron expuestos a las condiciones fijadas por la organización armada.
PUBLICIDAD
Según testimonios recogidos por Caracol Radio, el valor de algunos licores subió hasta $6.000 por unidad. El aumento se produjo después de las advertencias difundidas en la región.
Los comerciantes consultados por Caracol Radio indicaron que el mensaje también establece una multa de $20 millones para los establecimientos que compren productos a proveedores distintos de los autorizados.
El escrito agrega la posibilidad de cerrar los negocios que incumplan esa disposición. La medida impuesta por el grupo ilegal elevó la preocupación por las consecuencias económicas y de seguridad para los municipios afectados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD