Revés para el Gobierno de De la Espriella: aspersión con glufosinato de amonio no tiene visto bueno del Instituto Nacional de Salud

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, en su pelea contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en Colombia, tiene el objetivo no solo de golpear esas estructuras con los operativos para dar de baja a sus líderes o capturarlos, sino con las labores para acabar con los cultivos ilícitos.

Aunque la idea del Estado es reanudar los planes de aspersión aérea, el proceso recibió otra mala noticia por cuenta del Instituto Nacional de Salud (INS), al informar que aún no entrega el visto bueno para el piloto que se tenía planteado en el Putumayo, como se presentó a los ciudadanos previamente.

Sumado a eso, también un fallo de un juez frenó el plan piloto para la aspersión aérea hasta que se tenga la información total y verificada sobre los alcances y riesgos para la salud, ya que en 2017 la Corte Constitucional prohibió esta práctica con glifosato por las afectaciones a la población.

“No ha emitido concepto previo en salud”

A través de un comunicado, el INS se pronunció acerca de la prueba piloto con glufosinato de amonio que el Gobierno nacional tenía proyectada en el Putumayo, pero en medio de un fuerte debate porque no se tienen claros los riesgos para la salud de las personas.

“En el marco de la posible realización de un piloto de erradicación de cultivos ilícitos por medio de aspersión aérea con glufosinato de amonio previsto en la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Instituto Nacional de Salud (INS) informa que, a la fecha, no ha emitido concepto previo en salud respecto de este plan piloto”, mencionó la entidad.

El INS añadió que “en desarrollo de sus competencias como autoridad científico-técnica en salud, corresponde al INS realizar una valoración sustentada de los posibles riesgos para la salud de la población. Para ello, el INS debe contar previamente con la información y los elementos técnicos y científicos necesarios que permitan efectuar el análisis que exige la ley y con el rigor científico que requiere la emisión del concepto”.

Según la entidad, la clave para emitir su concepto es identificar los efectos de dicho químico, que reemplaza al glifosato, “y su formulación podría causar en la salud de las personas, de acuerdo con las condiciones previstas para su aplicación, y los posibles escenarios de exposición de la población”.

Más allá de eso, el INS dejó claro que la decisión final sobre la implementación del plan piloto “corresponde exclusivamente al Consejo Nacional de Estupefacientes, en el marco de sus competencias” y espera contar con toda la información suficiente de las distintas entidades para informar al público “con evidencia científica rigurosa y de cumplir las responsabilidades que el ordenamiento jurídico le asigna en materia de protección de la salud de la población”.

Pulso por la aspersión aérea en los tribunales

El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, en Putumayo, ordenó el 11 de septiembre que se suspendiera el plan piloto de aspersión con glufosinato de amonio “hasta tanto se recaude la información requerida y se adopte la decisión de fondo dentro de la presente acción constitucional”, debido a los posibles riesgos a la salud.

Posterior a eso, el 22 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Circuito de Mocoa, en primera instancia, mantuvo la decisión “mientras no se acredite de manera integral, verificable y suficiente el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa”.

Ante eso, el Ministerio de Justicia impugnó la decisión y el Tribunal Administrativo de Putumayo será el encargado de definir si arranca o no el plan piloto en el departamento, además de que el jefe de la cartera, Iván Cancino, defendió ante el Congreso el proyecto, en una sesión en el Congreso de la República el 30 de septiembre.

“El país puede tener la absoluta certeza de que este Gobierno está comprometido con disminuir la criminalidad que generan los cultivos ilícitos, pero también en socorrer y darle alternativa a las familias campesinas que han vivido de esto para separarlas del conflicto y las que hagan parte del conflicto también utilizaremos los mecanismos legales para que tengan una sanción”, dijo.