Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó en detalle qué es lo que busca la ‘Ley Antitrámites’, radicada en el Congreso: “Menos vueltas, menos papeles”

El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, entregó detalles acerca de los alcances del proyecto de ley radicado ante el Senado de la República que busca, en términos prácticos, Competitividad, reducir obstáculos burocráticos que afectan la creación y operación de empresas en Colombia y que se ha bautizado como la Ley Antitrámites.

La propuesta, radicada el 18 de agosto ante el legislativo, exime a las micro y pequeñas empresas del cobro por inspección técnica de bomberos y prohíbe que la digitalización de servicios estatales derive en nuevas tarifas o recargos por modernización tecnológica. También plantea consultas inmobiliarias en línea sin costo para propietarios y bancos.

La iniciativa es liderada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín y busca crear el Expediente Único Empresarial Digital: un mecanismo que concentraría información de registros como el Registro Único Empresarial y Social (Rues), el Registro Único Tributario (RUT) y el Registro Único de Proponentes (RUP).

Además, busca asociar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para impedir que las entidades públicas soliciten requisitos que ya fueron cumplidos. El objetivo es que los datos circulen entre dependencias estatales sin trasladar esa carga al empresario, en lo que sería una revolución del sistema en materia de trámites.

Un expediente digital y trámites con plazos definidos

La medida contempla un requerimiento integral al comienzo de cada trámite, en lugar de pedidos sucesivos de información durante meses. Por ello, para los que usen la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la regla buscaría evitar que se exijan nuevamente documentos entregados dentro de la misma operación, como venía sucediendo.

Los certificados urbanísticos tendrían un plazo máximo de 15 días hábiles y carácter vinculante, mientras que los permisos de espacio público y arbolado se tramitarían conjuntamente, en vez de requerir gestiones separadas ante distintas ventanillas; otra de las simplificaciones que se someterán a consideración del legislativo para aprobación.

De la misma forma, el proyecto prevé que los folios de matrícula inmobiliaria sean digitales y que las actuaciones notariales puedan efectuarse de manera remota. La gratuidad de las consultas inmobiliarias se sumaría a esos cambios en los servicios vinculados con bienes raíces, según explicó Soto en su intervención.

En su explicación, el vocero Soto sostuvo que la propuesta busca terminar con un sistema en el que abrir un negocio, importar un contenedor o construir una obra implica atravesar sucesivas exigencias administrativas. “Menos vueltas, menos papeles, más empresa”, resumió el funcionario, al destacar las bondades de la iniciativa.

El silencio administrativo como aprobación del trámite

Este proyecto de ley también propone aplicar de forma efectiva el silencio administrativo positivo: cuando una entidad no responda dentro del plazo que la ley le impone, la solicitud se entendería en consecuencia aprobada. Esa regla apunta a evitar que la falta de actuación de un funcionario paralice inversiones, obras o actividades comerciales.

Sobre este asunto, Soto definió el propósito de la reforma con la creación de más oportunidades para los generadores de empleo. La propuesta, ahora en manos del Congreso, está orientada especialmente a pequeñas y medianas empresas, que suelen carecer de equipos jurídicos para enfrentar procesos administrativos extensos.

Cabe destacar que serán al menos cuatro los debates que deberán ser surtidos para que se convierta en ley. Si ambas corporaciones, Senado y Cámara de Representantes, aprueban versiones distintas, se integrará una comisión accidental de conciliación para unificar el texto antes de su envío a sanción presidencial y posterior promulgación.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la República, el mandatario planteó que los empresarios debían dejar de ser vistos como “enemigos de la patria” y pasar a ser aliados del Estado y se comprometió a reducir las trabas regulatorias para la creación de empresas en Colombia, por lo que este es un proyecto prioritario.