El abogado penalista Víctor Mosquera Marín, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, anunció que acudirá formalmente a la Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación sobre las presuntas actividades de inteligencia y seguimiento realizadas contra el exsenador y otros integrantes de la oposición.
La petición se conoce después de las revelaciones publicadas por la revista Semana sobre el manejo de información por parte de organismos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro.
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Mosquera señaló que, además de pedir que se investiguen los hechos, solicitará que las evidencias relacionadas sean recaudadas y preservadas con celeridad. La solicitud también estaría dirigida a determinar la eventual participación de diferentes entidades. De acuerdo con el anuncio del abogado, el requerimiento incluirá información que repose en las investigaciones correspondientes y que esté relacionada con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras instituciones estatales.
Mosquera pidió preservar órdenes, interceptaciones y reportes
A través de su cuenta de X, Mosquera explicó el alcance de la actuación que pretende presentar ante el ente investigador: “Ante la información conocida sobre actividades de inteligencia y seguimiento reveladas por la Revista Semana contra Miguel Uribe Turbay y otros miembros de la oposición, solicitaré formalmente a la Fiscalía General de la Nación que estos hechos sean investigados a fondo y que las pruebas sean recaudadas y preservadas con la mayor celeridad (sic)”.
El abogado precisó que la solicitud comprenderá diferentes tipos de registros producidos por organismos estatales: “Pediremos acceso a toda la información relacionada que repose en las investigaciones correspondientes, incluyendo órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros y cualquier intercambio de información entre la DNI, la Uiaf y otras entidades del Estado”.
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Según Mosquera, uno de los objetivos de la investigación será establecer la cadena de decisiones detrás de las actuaciones mencionadas. En ese sentido, planteó que será necesario determinar quién impartió las instrucciones, quiénes las ejecutaron y qué ocurrió posteriormente con los datos recopilados.
“Es indispensable establecer quién ordenó estas actuaciones, quién las ejecutó, quién tuvo acceso a la información obtenida, a quién fue entregada y cuál fue su destino. La verdad sobre lo ocurrido debe conocerse por completo. Llegaremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para establecer todas las responsabilidades”, sostuvo en la red social.
La actuación anunciada por el abogado se refiere específicamente a Miguel Uribe Turbay, que murió en agosto de 2025 después de haber sido víctima de un atentado el 7 de junio de ese mismo año; también incorpora las revelaciones sobre otros dirigentes y figuras identificadas por la revista en mención como posibles objetivos de actividades de inteligencia.
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Las revelaciones sobre presunto espionaje a la oposición
La investigación de Semana señala que una auditoría forense adelantada en la DNI encontró información que ahora sería entregada a las autoridades judiciales. Según ese medio, se trata de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas, elementos que permitirían revisar actuaciones desarrolladas durante los últimos años en esa entidad.
En el capítulo dedicado a la oposición, la revista sostiene que el aparato de inteligencia de la DNI habría operado en coordinación con la Uiaf, la Dian y algunos integrantes de la Policía y el Ejército. El medio señala que desde 2024 había recibido denuncias sobre un supuesto uso de información obtenida por organismos estatales contra sectores de oposición.
De acuerdo con una fuente de la Uiaf citada por el medio, entre las personas que habrían sido objeto de actividades de inteligencia estuvieron el expresidente Álvaro Uribe, la entonces procuradora Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, los generales retirados Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, además de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Jenny Rozo, Ramiro Bejarano y la periodista Vicky Dávila.
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En el caso de la Uiaf, la publicación atribuye a una fuente de esa entidad la afirmación de que se habrían realizado escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos. La misma fuente aseguró que algunas solicitudes de información no quedaban registradas mediante los procedimientos ordinarios.
“Las solicitudes de búsqueda de información no siempre se hacían con misiones de trabajo. Daban órdenes verbales o incluso en papelitos para no dejar huella de seguimiento, pero eso es ilegal; la inteligencia tiene protocolos”, señaló la fuente citada por el medio.
La investigación también menciona que, según esa fuente, semanalmente el entonces presidente Gustavo Petro recibía informes sobre determinadas actividades de inteligencia, actos que deberán ser investigados por las autoridades pertinentes.
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