Hay alerta máxima en el municipio de Nóvita, en el departamento del Chocó, después de que se reportara un fuerte hostigamiento contra la estación de Policía en la mañana del miércoles 30 de septiembre.
Según la información preliminar, los hechos ocurrieron sobre las 10:30 a. m. cuando la sede policial fue impactada con al menos seis granadas de fragmentación que fueron lanzadas con drones.
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Hasta el momento, la hipótesis principal de las autoridades atribuye el ataque a miembros del Ejército de Liberación Nacional, que también usaron fusiles de largo alcance para continuar con los hostigamientos al personal policial.
Según información proporcionada por el comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, el coronel Edwin Uriel Cárdenas León, a El Tiempo, hasta el momento no existe información de uniformados lesionados o fallecidos por el ataque.
El oficial también indicó que una unidad del Batallón Julio Londoño se encontraba en el municipio cuando comenzó el ataque, por lo que los militares reaccionaron con sus armas de dotación para alejar a los subversivos de la zona.
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Los videos difundidos en redes sociales registraron detonaciones continuas en el municipio. Las grabaciones circularon mientras se conocían los primeros datos sobre el uso de explosivos arrojados desde aeronaves no tripuladas.
Además, habitantes del municipio dejaron ver que uno de los artefactos habría caído en un vivienda aledaña a la instalación policial. En videos publicados en redes sociales se observa el espacio completamente destruido tras la detonación.
El hecho fue el segundo hostigamiento contra la fuerza pública en menos de 24 horas
El ataque en Nóvita ocurrió menos de un día después de otro hostigamiento contra una estación de Policía en el departamento del Chocó.
El episodio anterior se registró el martes 29 de septiembre en Condoto, donde la sede policial del municipio también fue objetivo de una acción atribuida al ELN mediante drones cargados con explosivos.
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En ese hecho, el comandante de la Estación de Policía de Condoto resultó herido. El oficial sufrió lesiones en el cuello y perdió uno de sus dedos por las detonaciones registradas en el perímetro de la sede policial.
La ofensiva comenzó contra un puesto de control ubicado en la zona urbana y después alcanzó las instalaciones policiales. El reporte preliminar indica que presuntos miembros del ELN lanzaron tres granadas .
Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad después del hostigamiento para asegurar el área y prevenir nuevos ataques contra los uniformados y la población.
La acción armada ocurrió en un departamento donde el confinamiento y el desplazamiento forzado mantienen bajo presión a numerosas comunidades, incluidas poblaciones afrodescendientes e indígenas.
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Un informe de la Defensoría del Pueblo registró 111 casos de desplazamiento forzado entre enero y agosto de 2026. Esos hechos afectaron a 23.931 personas en distintas regiones del país.
La cifra de eventos superó los 83 casos reportados durante el mismo lapso de 2025. Aquel período dejó más de 80.000 víctimas, un resultado asociado en el informe a la crisis humanitaria que estalló en Catatumbo.
El documento identificó a Cauca como el departamento con mayor cantidad de personas desplazadas este año: más de 6.700. Norte de Santander ocupó el segundo lugar, con 4.350 afectados.
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Antioquia registró 3.150 personas desplazadas, mientras que Nariño acumuló 2.550 casos y Magdalena reportó 1.900 víctimas.
La Defensoría atribuyó la persistencia de esta situación a los grupos armados que disputan el control territorial mediante amenazas, combates y ataques con drones. El informe sostuvo que las disidencias de las extintas Farc y el ELN concentran un mayor impacto en los hechos que obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares.
Los desplazamientos masivos registrados en los primeros ocho meses del año afectaron a 20 comunidades afrodescendientes y a otras 20 comunidades indígenas, según el reporte oficial.
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El documento también contabilizó 63 eventos de confinamiento, una situación que restringió la movilidad de 80.369 personas. Aunque el número de casos fue menor que los 68 reportados en 2025, la cantidad de habitantes afectados mantuvo la dimensión del problema humanitario.
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