En medio de la audiencia que se adelanta en Medellín contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde local Daniel Quintero, por presunta corrupción en la contratación entre 2020 y 2023, la Procuraduría General de la Nación mostró su apoyo a la Fiscalía.
En la diligencia adelantada durante el lunes 28 de septiembre, el Ministerio Público respaldó la solicitud del ente investigador de enviar a Quintero y a Sebastián Ortega a prisión mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) con los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
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El delegado del Ministerio Público, José Luis Ochoa, pidió al Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, que acoja la solicitud de medida de aseguramiento intramural presentada en el proceso.
La Fiscalía y la representación de las víctimas sostienen que existen riesgos de obstrucción de la justicia, intimidación a testigos y posible falta de comparecencia, por lo que ven pertinente la detención de los dos hombres.
El delegado Ochoa abrió la jornada del lunes con una intervención de poco más de media hora. Durante su exposición, retomó los argumentos presentados previamente por la Fiscalía y por Mayer Abushihab, representante del Amva.
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El funcionario concluyó que debía acogerse la petición de la representación de víctimas. También reiteró que tanto esa parte como la Fiscalía están facultadas para solicitar una medida de aseguramiento.
Según el delegado, el análisis consideró la gravedad de los delitos imputados, las penas previstas y los elementos materiales probatorios reunidos durante la investigación, entre ellos declaraciones y documentos.
“se justificó la necesidad de restringir la libertad basándose en el riesgo de obstrucción a la justicia, la posible intimidación a testigos y la probabilidad de no comparecencia al proceso. Tras verificar que las medidas menos invasivas resultan insuficientes para proteger los fines constitucionales, el delegado respaldó la petición para garantizar el desarrollo adecuado de la investigación”, señaló la Procuraduría durante la audiencia.
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Miguel Quintero fue imputado hace poco más de dos semanas por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que Sebastián Ortega responde por el segundo cargo.
La investigación se relaciona con contratos suscritos entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022, por un valor de $17.656 millones. La Fiscalía señala que Quintero, Ortega y el entonces subdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, se habrían apropiado de $2.481 millones que provenían de presuntas coimas.
En ese supuesto esquema también figura la exasesora jurídica Vanesa Álvarez, investigada por presunto interés indebido en la celebración de contratos.
El proceso involucra a once personas. Entre ellas están el exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio, y el exgerente de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid.
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La Fiscalía y las víctimas alegan presión sobre testigos
Durante la audiencia de la semana pasada, la fiscal 40 anticorrupción y Abushihab sustentaron por qué consideran necesaria la detención de Quintero y Ortega. El representante de las víctimas afirmó que “ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”, al referirse a la necesidad de imponer la medida solicitada.
Ambas partes sostienen que los procesados representarían un riesgo para la sociedad y que podrían interferir en la investigación. También plantearon que sus condiciones económicas y de movilidad permiten temer una eventual evasión de la justicia.
Uno de los puntos centrales de esa tesis es la presunta presión contra Misael Cadavid y otra testigo. Ambos son considerados piezas relevantes por la información entregada sobre el funcionamiento del supuesto entramado de corrupción.
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Según lo expuesto en la audiencia, Cadavid habría recibido visitas de abogados en la cárcel y su familia habría sido objeto de presiones para que desistiera de colaborar con las autoridades.
La acusación sostiene que, al no obtener el resultado esperado, se habría intentado desacreditar al exgerente de los bomberos mediante cuestionamientos sobre su salud mental y su comportamiento.
La investigación también examina presuntas irregularidades que habrían alcanzado a entidades como Metroparques, el Instituto de Recreación y Deportes de Medellín (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), además de otras dependencias distritales durante la administración de Daniel Quintero.
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La defensa de Miguel Quintero cuestionó el riesgo de fuga
El abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero, aceptó que la Fiscalía ha desarrollado una investigación sólida sobre la presunta corrupción durante la anterior administración de Medellín.
Por esa razón, informó que no controvertiría en esta fase la inferencia razonable sobre la eventual participación de su cliente en el delito imputado, uno de los requisitos para estudiar una medida de aseguramiento.
La defensa concentró su intervención, que se extendió por cerca de cinco horas, en refutar la supuesta continuidad de la conducta, el riesgo de obstrucción y la posibilidad de que Quintero no comparezca ante la justicia.
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Trespalacios afirmó que su defendido ya no tendría capacidad de influir en las instituciones investigadas. Argumentó que el Gobierno nacional, el gobierno local y el Amva están en manos de sectores políticos contrarios a Miguel Quintero y a su hermano.
El abogado rechazó que las visitas a Cadavid, las presuntas presiones a sus familiares, publicaciones en medios y mensajes de Daniel Quintero y Esteban Restrepo formen parte de una estrategia ordenada por su defendido.
Trespalacios aseguró que no hay riesgo de fuga porque Miguel Quintero no ha salido del país desde hace casi un año. Según su planteamiento, ese período coincide con el momento en que se conoció públicamente que era investigado.
El abogado solicitó además que se excluyan las pruebas recaudadas desde noviembre pasado, entre ellas minutas de visitas a la cárcel e informes migratorios. Para la defensa, esas evidencias no deberían ser usadas para respaldar la solicitud de detención porque no fueron convocados a las audiencias de control posterior que validaron su obtención.
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