La viceministra Claudia Carrasquilla Minami afronta un proceso penal vinculado con actuaciones realizadas durante su paso por la Fiscalía 27 Especializada contra el Crimen Organizado en Medellín.
La investigación se encuentra en etapa previa al juicio. La funcionaria fue imputada y luego acusada, aunque la audiencia preparatoria todavía no se ha llevado a cabo.
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El caso surgió a partir de una denuncia de William Fernando Molina, que era patrullero de la Policía en Valledupar cuando fue capturado en julio de 2015. En ese momento, enfrentó cargos por concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.
Molina incluyó en su denuncia a Carrasquilla y a cuatro miembros de su equipo de policía judicial: Orlando Cardozo, Wilmer Esneider Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestaña.
El denunciante cuestionó cuatro declaraciones juradas obtenidas en centros de reclusión de Valledupar. Las diligencias están fechadas el 15 y 16 de mayo de 2014, el 5 de junio de ese mismo año y el 4 de diciembre de 2015.
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Según la denuncia, la entonces fiscal figura como firmante de esos documentos pese a que no habría asistido a las diligencias. Molina sostuvo que un investigador recogía las declaraciones en las cárceles y que, después, obtenía las rúbricas de funcionarios y de la fiscal en otros lugares.
La queja plantea que esas actuaciones influyeron en el expediente que derivó en la captura del patrullero y en una privación de la libertad que se extendió por más de dos meses.
La Fiscalía imputó a Carrasquilla el 5 de diciembre de 2024. El escrito de acusación fue radicado el 4 de abril de 2025 y la formulación de acusación ocurrió el 20 de mayo de ese año. La siguiente fase judicial ha enfrentado aplazamientos.
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La audiencia preparatoria fue fijada inicialmente para octubre de 2025 y luego para enero, abril, julio y septiembre de 2026, sin que pudiera concretarse.
Además del expediente penal, la viceministra enfrenta una actuación disciplinaria. La Procuraduría formuló pliego de cargos en agosto de 2025.
La imputación, la acusación formal y el proceso disciplinario no constituyen una condena. Carrasquilla mantiene la presunción de inocencia, mientras los jueces deberán establecer las circunstancias de las declaraciones cuestionadas y definir si existe responsabilidad.
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Claudia Carrasquilla llega al Mindefensa como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad
Claudia Carrasquilla llega al viceministerio tras una carrera vinculada a investigaciones contra organizaciones criminales, entre ellas la Oficina de Envigado. En ese tipo de operaciones, fueron capturados más de 800 integrantes asociados con esa estructura, según la información disponible.
El Gobierno nacional formalizó su designación como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa mediante el Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026. El Tiempo informó que su llegada ocurre durante los primeros ajustes de la administración en el área de seguridad.
Carrasquilla asumirá un puesto centrado en la formulación, coordinación y seguimiento de las políticas de defensa. El cargo implica trasladar su experiencia en la investigación criminal al diseño de decisiones estatales sobre seguridad nacional.
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La nueva viceministra es abogada penalista y cuenta con especializaciones en Procedimiento y Derecho Constitucional. Buena parte de su recorrido profesional transcurrió en la Fiscalía, donde participó en procesos contra redes dedicadas al narcotráfico, la extorsión, los homicidios y otras economías ilícitas.
Su nombramiento responde a la incorporación de una funcionaria con experiencia judicial en el Ministerio de Defensa. Desde el viceministerio, tendrá la tarea de aportar esa visión a las políticas públicas y acompañará al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora López, en la definición de estrategias de seguridad.
Durante sus años en la Fiscalía, Carrasquilla no se concentró solo en la identificación de responsables. También trabajó en la reconstrucción de cadenas de mando, circuitos de financiación, redes de apoyo y mecanismos de control territorial de las organizaciones ilegales.
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Ese recorrido le dio conocimiento sobre la forma en que esas estructuras se reorganizan después de las acciones de las autoridades. El nuevo puesto, en cambio, la ubica en una instancia encargada de convertir esos diagnósticos en lineamientos de defensa y seguridad.
La funcionaria fue conocida como la fiscal de hierro, un apelativo ligado a sus investigaciones sobre los distintos componentes de la Oficina de Envigado. El medio señaló que esas actuaciones derivaron en las capturas reportadas contra integrantes de la organización.
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