Entre el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026, la fuerza pública capturó a 19 integrantes de grupos criminales y logró la incautación de 907 kilos de droga.
La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella y la Presidencia de Colombia a través de su cuenta oficial de X y canales oficiales.
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Los operativos también dejaron la incautación de 907 kilos de droga y la destrucción de 13 dragas empleadas para minería ilegal, junto con 27 motores.
“El resultado de las últimas 24 horas incluye 19 integrantes de grupos criminales capturados y 907 kilos de droga incautados”, señaló la Presidencia en un comunicado.
La información oficial indicó que las intervenciones ocurrieron en distintos puntos del país, aunque no precisó la ubicación de todos los procedimientos.
El reporte difundido por el presidente Abelardo de la Espriella incluyó la destrucción de maquinaria usada en actividades extractivas ilegales. “También destruyó 13 dragas usadas para la minería ilegal y 27 motores”, escribió el presidente en su cuenta de X.
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5 presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron detenidos en Pueblo Viejo y Medellín
De acuerdo con el balance oficial, cinco personas vinculadas con el Clan del Golfo fueron detenidas en Pueblo Viejo y Medellín. La Presidencia no entregó detalles sobre las identidades de los capturados ni sobre las diligencias judiciales posteriores a las detenciones.
Las autoridades también informaron la captura de una persona en Barrancabermeja, a quien identificaron como integrante de Embf. El Gobierno se refirió a esa estructura como un “grupo narcoterrorista”, sin aportar información adicional sobre el detenido ni sobre el lugar exacto de la operación.
El comunicado señaló que las acciones formaron parte de los procedimientos desplegados por la fuerza pública durante la jornada. La Presidencia vinculó la destrucción de las dragas y los motores con las actividades que, según su evaluación, sostienen las economías ilegales de organizaciones armadas y criminales.
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De la Espriella se refirió a los ataques contra policías en Ábrego y Jamundí
El presidente también dirigió un mensaje a los responsables de ataques recientes contra miembros de la Policía Nacional en Ábrego y del lanzamiento de explosivos en Jamundí.
“A los narcoterroristas que atacan a nuestros policías en Ábrego y lanzan explosivos en Jamundí: los estamos persiguiendo. No van a imponer el terror en Colombia”, afirmó De la Espriella.
La Presidencia reprodujo parte de esa declaración y sostuvo que las operaciones continuarán en el territorio nacional. “Los estamos persiguiendo. No van a imponer el terror en Colombia”, indicó el comunicado.
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El Gobierno afirmó que la fuerza pública cuenta con respaldo institucional y actúa bajo las atribuciones previstas en la Constitución y la ley. No se informó si las 19 capturas están relacionadas entre sí ni cuántas organizaciones participaron en los hechos investigados.
Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella informó mediante su cuenta oficial en X que las autoridades ejecutaron una operación en la vereda El Cadillo, ubicada en Tello, Huila. El despliegue reunió a unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El mandatario sostuvo que la acción afectó a la Segunda Marquetalia, grupo asociado con Iván Márquez. También reportó la muerte de alias Robinson Gutiérrez, señalado como responsable político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro.
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El mandatario difundió el siguiente mensaje, tras conocerse el resultado del operativo: “Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja”, expresó.
De la Espriella afirmó además que el fallecido tendría vínculos con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025. El jefe de Estado aseguró que insistirá en esclarecer ese caso. Añadió que Gutiérrez presuntamente coordinaba extorsiones y amenazas contra campesinos locales, reclutaba menores y promovía ataques contra civiles y miembros de la fuerza pública en Huila y Caquetá.
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