El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, ordenó suspender de manera transitoria los efectos de la resolución con la que el Gobierno dispuso el cierre de la Zona de Ubicación Temporal, ZUT, del Valle del Guamuez, previsto para el próximo 30 de septiembre.
La decisión se produjo después de que el despacho admitiera una acción de tutela presentada por 99 exintegrantes de Comandos de Frontera, quienes alegaron que el cierre podría poner en riesgo varios de sus derechos fundamentales.
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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el juez ordenó a la Presidencia suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, mientras se adopta una decisión de fondo sobre la solicitud de amparo.
El fallo se conoce a pocos días de la fecha fijada por el presidente Abelardo de la Espriella para terminar el funcionamiento de esa zona de ubicación temporal.
Excombatientes alegan riesgo para sus derechos
Los accionantes señalaron una posible afectación de sus derechos a la vida, seguridad e integridad física, libre desarrollo de la personalidad, reincorporación, tránsito a la vida civil, personalidad jurídica, identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y paz.
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En la tutela, los excombatientes pidieron frenar materialmente el cierre y desalojo de la zona hasta que exista un plan de tránsito y protección que pueda ser verificado con participación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
Según su petición, ese plan debe garantizar la protección de las personas que permanecen en la ZUT y definir qué ocurrirá con ellas una vez termine formalmente el funcionamiento del espacio.
Los accionantes también solicitaron que se mantengan los servicios básicos de salud, alimentación y habitabilidad, así como las medidas de seguridad actualmente desplegadas por el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.
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En el escrito sostienen además que el cierre se produciría antes de que se cumpla el plazo de 10 meses establecido previamente por el propio Gobierno en la Resolución 053 de 2026.
Aseguran que la decisión anticipada ha generado incertidumbre frente a su situación jurídica y a las condiciones de seguridad de quienes hacen parte del proceso.
Juez consideró necesaria una medida provisional
El despacho concluyó que resultaba procedente ordenar la suspensión temporal para evitar que la amenaza alegada por los accionantes pudiera convertirse en una vulneración efectiva de sus derechos fundamentales.
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Según la decisión judicial citada por Blu Radio, la medida provisional era necesaria mientras se estudia de fondo la acción constitucional.
Los excombatientes también manifestaron que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, habría cesado su presencia y acompañamiento físico en la zona desde la semana del 6 de septiembre de 2026, situación que, según ellos, aumentó la incertidumbre.
Para los accionantes, la resolución expedida el 9 de septiembre podría afectar su proceso de reintegración social, política y económica.
La decisión judicial no implica que el cierre de la ZUT haya sido anulado de manera definitiva. El juez únicamente suspendió provisionalmente la ejecución de la resolución mientras analiza los argumentos de las partes y determina si existe una vulneración de derechos.
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El caso se suma a otra controversia judicial en Putumayo mencionada por Blu Radio, relacionada con la suspensión de un programa piloto de fumigación que iba a desarrollarse en una zona del Bajo Putumayo.
En este nuevo proceso, la discusión se concentra en establecer si el Gobierno puede cerrar anticipadamente la zona y bajo qué condiciones debe garantizarse la transición de las personas que permanecen allí.
Por ahora, la orden judicial detiene el cierre anunciado para el 30 de septiembre y mantiene suspendidos los efectos de la Resolución 389 mientras se adopta una decisión definitiva sobre la tutela presentada por los 99 exintegrantes de Comandos de Frontera.
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