La madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, uno de los fallecidos durante el operativo de la Policía Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acns) en Guachaca, zona rural de Santa Marta, pidió investigar las circunstancias en las que murió su hijo de 18 años.
La mujer afirmó que el joven no pertenecía a esa estructura armada. A las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde permanecen los cuerpos de las personas fallecidas, la progenitora dirigió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.
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“Me mataste a mi hijo injustamente. .¿Porqué, Abelardo?¿Porqué eres tan injusto? ¿Por qué con un a madre, porqué?¿Por qué me mataste a mi Pelaito, por qué?”, manifestó entre lágrimas.
La operación, realizada el 21 de septiembre de 2026 en el sector de Quebrada del Sol, dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por las autoridades. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, a quien la fuerza pública señalaba como segundo cabecilla y responsable financiero de las Acsn.
La familia rechazó que lo relacionaran con las Acsn
La madre de Rodríguez sostuvo que su hijo trabajaba como obrero y no tenía vínculos con organizaciones ilegales.
“Él no estaba armado, era estado de civil. ¿Por qué lo hiciste? ¡Dame una respuesta! Quiero que se haga justicia. Es injusto lo que hicieron con el Pelaito. Lo mataron, lo mataron injustamente. Era un niño.”, afirmó ante los medios de comunicación.
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Una hermana del joven también rechazó la versión que lo identificaba como presunto integrante de la estructura o como supuesto hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado por las autoridades como máximo jefe de las Acsn.
De acuerdo con su relato, Ricardo Andrés trabajaba en una finca ganadera y fue presentado como una persona sin identificar. “No hacía parte de esa organización”, expresó la familiar, quien pidió que se aclare su identidad y el papel que tuvo durante el procedimiento.
La mujer añadió que su hermano se habría entregado a los uniformados y habría dicho que no tenía relación con el grupo armado. Asimismo, cuestionó la actuación de los agentes y solicitó justicia por su muerte. Esas afirmaciones corresponden al testimonio de la familia y deberán ser contrastadas dentro de las investigaciones oficiales.
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El operativo precedió un paro armado en Santa Marta
El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Aérea Colombiana. Las autoridades informaron la incautación de armas, municiones y material de guerra durante la intervención.
Tras el operativo, las Acsn anunciaron un paro armado que afectó la movilidad, el comercio y el transporte en Santa Marta. También se reportaron ataques contra vehículos y establecimientos en distintos puntos de la ciudad.
El expresidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia de la familia y sostuvo que Rodríguez era un “joven campesino” de 18 años que trabajaba en la zona. También cuestionó al Gobierno por el operativo y mencionó los anteriores contactos políticos con las Acsn.
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“En su idea de mostrar que es más macho que sus socios político/electorales llamado “Conquistadores de la Sierra”, El gobierno asesinó a Ricardo Andres Rodriguez, joven campesino de 18 años que trabajaba en la zona", afirmó el exmandatario.
Por su parte, Gabriela Muñoz, una de las polémicas exfuncionarias del gobierno de Gustavo Petro, reclamó una investigación sobre la muerte de Ricardo y cuestionó un mensaje público de Abelardo de la Espriella, a quien aludió por aparecer armado en imágenes difundidas en redes sociales.
En su publicación, Muñoz afirmó que la madre del joven sostuvo que su hijo murió de forma injusta. La familia, según la denunciante, rechaza que Ricardo hubiera tenido vínculos criminales.
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Muñoz comparó las críticas que recibió el expresidente Petro por gestos durante sus discursos con la actual exposición de armas, y planteó si el caso podría remitir a los “falsos positivos”.
“Que se investigue ya”, escribió Muñoz, quien advirtió que Colombia no debe aceptar que haya muertes sin esclarecimiento previo.
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