La discusión sobre el nuevo esquema de tarifas para el servicio público de aseo llegó a una instancia administrativa que podría obligar a revisar varios de los cambios adoptados recientemente. Andesco presentó ante el Gobierno nacional una solicitud de revocatoria directa de la resolución que estableció el nuevo marco tarifario, al considerar que existen reparos jurídicos, regulatorios, económicos y procedimentales que deben ser examinados.
El gremio concentra sus cuestionamientos en cuatro asuntos. Entre ellos están las condiciones en las que se desarrolló la participación ciudadana, la inclusión de disposiciones que no habrían sido sometidas previamente a discusión, los posibles efectos retroactivos sobre el cálculo de la actividad de aprovechamiento y el cumplimiento de los criterios tarifarios previstos en la Ley 142 de 1994.
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Uno de los puntos que más preocupa a Andesco es la diferencia entre los contenidos que fueron puestos a consideración durante el proceso de participación y los que finalmente quedaron incorporados en la resolución. De acuerdo con el gremio, más del 50% de las disposiciones serían nuevas y no habrían sido conocidas ni discutidas previamente por los actores de la cadena.
La asociación sostiene que una consulta pública no debe reducirse a publicar documentos y recibir comentarios. Su planteamiento es que los agentes regulados deben tener la posibilidad de conocer oportunamente las propuestas, estudiar sus consecuencias y saber de qué manera fueron valorados sus argumentos técnicos, jurídicos y operativos antes de que se adopte una decisión definitiva.
Andesco también pide revisar el tratamiento dado a las observaciones presentadas durante la consulta y reclama mayor trazabilidad sobre el análisis realizado por la autoridad. Para el gremio, esa claridad resulta necesaria cuando una regulación puede modificar las condiciones bajo las cuales se presta un servicio público. Otro frente de la solicitud está relacionado con la Ley 142 de 1994. Andesco considera que el nuevo marco debe ser revisado frente a principios como la eficiencia económica, la neutralidad, la suficiencia financiera, la simplicidad y la transparencia, criterios que, según la asociación, deben orientar las decisiones sobre tarifas.
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La discusión tiene además una dimensión económica para las empresas prestadoras. El gremio señala que la metodología debe permitir eficiencias reales, pero al mismo tiempo reconocer los costos eficientes requeridos para mantener la continuidad y calidad del servicio. En esa revisión, plantea considerar los gastos de operación, las obligaciones laborales y ambientales y las inversiones necesarias para una prestación adecuada.
A esto se suma el cuestionamiento sobre los efectos retroactivos que podrían derivarse de las nuevas reglas para el cálculo de la actividad de aprovechamiento. Según Andesco, este aspecto puede afectar a organizaciones de recicladores y usuarios que no hacen parte del nuevo marco tarifario, por lo que solicita revisar las consecuencias de aplicar disposiciones sobre situaciones ya consolidadas.
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, resumió la posición del gremio al advertir sobre el alcance que puede tener la regulación para el servicio de aseo en Colombia. “Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia. Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”, afirmó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
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En su planteamiento, la asociación insiste en que las normas con impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción, que las reglas nuevas no deberían generar efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas y que las decisiones tarifarias deben ajustarse integralmente a los criterios establecidos por la legislación.
Andesco, además, manifestó su disposición a mantener conversaciones técnicas con el Gobierno Nacional y las autoridades regulatorias. El gremio considera que la revisión solicitada puede servir para corregir los aspectos que cuestiona, recuperar la confianza de los agentes y avanzar hacia un esquema tarifario que, desde su perspectiva, ofrezca condiciones de solidez técnica, seguridad jurídica y viabilidad financiera para garantizar la prestación del servicio de aseo.
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