Un recurso jurídico presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pretende detener la ejecución del contrato firmado por Colombia para comprar 17 aviones de combate Gripen E/F.
La demanda también solicita suspender las operaciones presupuestales vinculadas con la adquisición. El abogado Guillermo Rodríguez Martínez promovió el recurso contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional.
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Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y cuestionó la acción popular. En su mensaje, afirmó que en Colombia solo quieren los aviones F-16 y mantener los Kfir, que, según sostuvo, son de tercera mano.
“Solo quieren F16, estadounidenses, de tercera mano y mantener los kafir, israelíes, de 50 años hasta que más pilotos se maten (sic)”, expresó.
Según Gustavo Petro, a los “jefes” del presidente Abelardo de la Espriella les “duele” que Colombia tenga su propio armamento y comprar nuevo equipamiento.
“Les duele a los jefes de Abelardo de la Espriella que Colombia tenga sus propias armas y las que no puede hacer las compre nuevas”, indicó.
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El expresidente Petro señaló que esos supuestos jefes necesitan un “ejército cipayo” y no uno fuerte y soberano.
“Necesitan es un ejército cipayo y no un fuerte y soberano ejército nacional” (sic)“, aseveró el expresidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.
Detalles de lo ocurrido
Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca frenar la ejecución del contrato mediante el cual Colombia acordó la compra de 17 aviones de combate Gripen E/F.
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La solicitud también pretende detener los movimientos presupuestales y financieros relacionados con la adquisición de las aeronaves.
El recurso fue interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez. La demanda está dirigida contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional.
Según una publicación de El Tiempo, esta sería la primera acción judicial conocida que busca intervenir de forma directa en el contrato firmado con la compañía sueca Saab.
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La demanda cita una respuesta oficial de la FAC. De acuerdo con esa información, el valor de la operación asciende a 3.135,5 millones de euros. El documento también señala que el contrato ya fue firmado y se encuentra en etapa de ejecución.
La controversia no se enfoca en las características técnicas, operativas o militares de los aviones. El cuestionamiento se concentra en los detalles de la financiación, el presupuesto y las condiciones de pago previstas para la compra.
Entre los documentos requeridos figuraban el cronograma de desembolsos, los estudios previos, los análisis de costo-beneficio y la minuta del contrato. También pidió los documentos que respaldaron las decisiones presupuestales que permitieron avanzar con la adquisición de los aviones.
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El abogado solicitó, además, información sobre el aval fiscal emitido por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el Documento Conpes 4155 y las autorizaciones de vigencias futuras.
Según la acción popular, estos documentos forman parte de los antecedentes presupuestales que sustentan la operación.
La FAC no entregó parte de los archivos solicitados. La entidad argumentó que la información está sometida a reserva por asuntos vinculados con la defensa y la seguridad nacional.
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El demandante cuestionó que esa reserva se aplique a la totalidad de los documentos. Considera que las entidades deben distinguir entre la información técnico-operativa de las aeronaves y los soportes de carácter financiero, contractual y presupuestal.
La acción señala que la FAC confirmó la existencia de varios documentos relacionados con la financiación de la compra.
Entre ellos aparecen un aval fiscal del Confis del 14 de agosto de 2025, el Conpes 4155 del 1.º de septiembre de 2025, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y una autorización de cupo de vigencias futuras.
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El Ministerio de Defensa mantuvo la negativa en un oficio fechado el 7 de septiembre. La cartera indicó que “no es procedente el suministro de la información solicitada” y citó la reserva legal.
La demanda solicita la suspensión inmediata y total de la ejecución contractual. La petición incluye desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y otras decisiones financieras vinculadas con la compra. El abogado pide que la medida se mantenga hasta que las entidades involucradas acrediten públicamente las condiciones de financiación de la operación.
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