La preocupación por el abastecimiento eléctrico del país no se limita a los efectos que pueda tener un episodio climático. Las cifras presentadas por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) muestran un déficit de energía firme que, según datos de XM, llegará al 5,4% en 2026.
La proyección apunta a un faltante de 7,8% en 2027 y de 7,6% en 2028. Para el gremio, estos números evidencian que el riesgo para la seguridad energética tiene causas que van más allá de la coyuntura y están relacionadas con el comportamiento del sistema durante los últimos cuatro años.
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El panorama fue expuesto durante la apertura del 18° Congreso Anual de Energía, donde la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, cuestionó las condiciones en las que la nueva administración de Abelardo de la Espriella recibe el sector. También llamó a reconocer la dimensión del problema y avanzar en las decisiones necesarias.
“El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella recibe este problema del gobierno anterior: la seguridad energética en cuidados intensivos”, afirmó la dirigente gremial.
A su juicio, la llegada del nuevo Gobierno abre una etapa de esperanza porque permite reconocer ante la opinión pública la gravedad de la situación y concentrar esfuerzos en las soluciones. Uno de los principales puntos de preocupación está en la incorporación de nueva capacidad de generación. De acuerdo con Acolgén, la energía que ingresó al sistema estuvo muy por debajo de la esperada. En 2022 entró el 28% de la capacidad prevista; en 2023, el 17/; en 2024, el 25%; y en 2025 se registró un mínimo histórico de 10,8%.
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En lo corrido de 2026, la cifra alcanza apenas el 23%. Para la organización gremial, este rezago está relacionado con decisiones que afectaron la inversión y con un deterioro de la institucionalidad del sector.
La organización sostiene que este comportamiento reduce el margen de respuesta del sistema y aumenta la presión sobre las decisiones que deben adoptarse para incorporar nueva generación. Para Acolgén, la discusión exige medidas que permitan recuperar el ritmo de inversión y atender las necesidades futuras de electricidad y reducir riesgos para los usuarios del servicio eléctrico. “Colombia enfrenta un reto que no podemos aplazar. La realidad es que Colombia tiene hoy un problema de energía firme que se ha venido alimentando durante los últimos cuatro años”, dijo.
Las posibles consecuencias de un eventual racionamiento agravan la preocupación. Un estudio de Fedesarrollo señala que una restricción similar a la registrada en la década de 1990 provocaría una contracción económica de 1,5 puntos porcentuales del PIB y la pérdida de 230.000 empleos. El análisis estima además un aumento de la pobreza para más de 300.000 personas: 203.000 en pobreza y 102.000 en pobreza extrema.
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La entidad calcula que una hora diaria de racionamiento tendría un costo de entre 175.000 millones y 204.000 millones de pesos. Los sectores de manufactura, minería y comercio recibirían el mayor impacto, al concentrar el 24 por ciento del PIB y el 30 por ciento del empleo nacional. Ante ese escenario, la presidenta de Acolgén insistió en que ampliar la infraestructura eléctrica requiere tiempo y planificación. Las plantas de generación, las centrales térmicas y las líneas de transmisión necesitan años de trabajo, además de licencias, inversión y procesos de diálogo social.
El gremio recordó que durante los últimos 30 años el sector energético destinó más de 140 billones de pesos a inversiones y asumió compromisos sociales y ambientales en más de 80 municipios. La recuperación de la inversión privada es uno de los asuntos centrales para Acolgén. El gremio pide condiciones para planear proyectos a largo plazo y reducir obstáculos.
Su propuesta incluyó la necesidad de recuperar la confianza y avanzar con mayor rapidez en las iniciativas que siguen a la espera de ser puestas en marcha. “La palabra es esperanza. No hablo de una esperanza ingenua. No hablo de cerrar los ojos frente a los enormes retos que enfrentamos. Hablo de la esperanza que nace cuando un nuevo Gobierno reconoce que el país tiene problemas, identifica sus causas y, aunque no sea culpa de este Gobierno, decide enfrentarlos y tiene la voluntad de hacer las cosas diferentes”, dijo.
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Entre las prioridades señaladas está la seguridad jurídica e institucional, con reglas claras y previsibles y una visión de 20, 30 y 40 años. También se plantea agilizar trámites, especialmente los relacionados con licencias ambientales, procesos territoriales y consultas previas. El tercer frente corresponde a la expansión y el abastecimiento. Acolgén considera necesario desarrollar oportunamente la red de transmisión y garantizar la disponibilidad de combustibles para atender las necesidades del sistema.
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