La ministra de Salud, Ana María Vesga, estimó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027 tendría un incremento de entre 12% y 13%.
La jefe de la cartera de Salud presentó la proyección durante una reunión con la bancada del Centro Democrático, liderada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez.
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Ana María Vesga, quien fue crítica del aumento de la UPC durante la administración del Gobierno Petro, indicó que el cálculo toma como referencia la información disponible sobre nueve meses de 2025 y el comportamiento del gasto del sistema de salud.
“Entonces, si tomamos 2025 como referencia, ¿nos habla de algo mentiroso? Es decir, ¿que el sistema está gastando menos? No: el sistema está generando más”, afirmó Vesga.
Según explicó, la estimación debe contemplar la conservación de la generación del sistema y el incremento de las frecuencias y severidades de los servicios.
“El ejercicio que hacemos, ya con la información de nueve meses que tenemos de 2025, es que ese incremento de 100 tendría que, primero, conservar la generación, cuando menos. Segundo, en términos de frecuencias y severidades, tendría que aumentar por lo menos entre 12% y 13%”, sostuvo.
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El Centro Democrático propuso recursos adicionales para el aseguramiento
La UPC es el valor que el sistema reconoce a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para financiar los servicios médicos. El ajuste de esa asignación ha concentrado parte de la discusión sobre la disponibilidad de recursos en el sector.
Durante el encuentro, la bancada del Centro Democrático presentó una proposición para añadir $13,9 billones al Presupuesto General de la Nación para la financiación del aseguramiento. La iniciativa incluyó otros $1,9 billones para inversión.
Henríquez afirmó que la propuesta busca cubrir los déficits asociados a la UPC. “La salud requiere que se ajuste la UPC, que se asignen las citas con criterio de oportunidad y calidad, y que los medicamentos lleguen a los colombianos”, dijo.
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El senador mencionó un faltante presupuestal cercano a $13 billones y una deuda acumulada con clínicas y hospitales superior a $55 billones. También se refirió a un déficit estimado del 28% en la UPC.
La ministra habló de un plan de choque para el sistema
Vesga destacó la disposición de los congresistas durante la reunión y afirmó que trabajará con la bancada en un plan de choque para conseguir los recursos que requiere el sistema. Además, anticipó encuentros regionales con senadores y representantes para revisar el saneamiento de las cuentas.
La ministra cuestionó el uso de recursos de salud durante la campaña electoral del gobierno de Gustavo Petro. Según su declaración, entre el 1 y el 6 de agosto fueron firmadas resoluciones por $560.000 millones sin respaldo presupuestal, destinadas a regiones donde el entonces oficialismo tuvo mayor votación.
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Por su parte, la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, señaló que la entidad define planes para contribuir a la estabilización del sector y atender las preocupaciones expresadas desde los territorios.
UPC en 2026
El Ministerio de Salud informó el 30 de diciembre de 2025 que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 tendría ajustes por régimen.
Para el contributivo, el ajuste fue fijado en 9,03%, mientras que para el subsidiado alcanzó el 16,49%. La cartera calculó un incremento total de 12,94%, con más de $11,6 billones adicionales para el aseguramiento en salud.
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Los recursos pasarían de $89,8 billones en 2025 a $101,3 billones en 2026. Esos montos serían reconocidos a las entidades promotoras de salud (EPS).
El ministerio indicó que la determinación surgió de un estudio técnico elaborado con participación de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. En esa instancia participaron delegados de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (Iets).
Según la entidad, el análisis examinó la información enviada por las EPS para establecer los costos de atención de los afiliados. También incorporó verificaciones recomendadas por la Corte Constitucional sobre calidad y consistencia de los datos.
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