La fiscal Luz Adriana Camargo advirtió falta de presupuesto para 2027: el monto asignado solo alcanza para la mitad del año

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, advirtió sobre la falta de presupuesto asignado para la entidad para 2027. Ante la Comisión Primera del Senado de la República, la funcionaria indicó que el ente acusador necesita $8,55 billones para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y misionales.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece un rubro de $7,06 billones destinados a la Fiscalía. Eso quiere decir que hay una brecha presupuestal de $1,49 billones.

La fiscal explicó al Congreso de la República que la diferencia entre el monto que requiere la Fiscalía y el establecido por el Gobierno nacional compromete la continuidad de la operación de la acción penal y la adecuada prestación del servicio de justicia. Además, indicó que los recursos no son suficientes para cubrir las obligaciones del ente investigador durante la vigencia de 2027.

“Lo que se nos está asignando nos alcanzaría para más o menos la mitad del año entrante. Y esa es una gran preocupación, porque hay gastos que nosotros no podemos evadir. Tenemos dificultades, además, en la presupuestación”, detalló la funcionaria a los legisladores, que tienen la responsabilidad de discutir y votar el proyecto de presupuesto que radicó el Ministerio de Hacienda.

Camargo aseguró que en las cuentas que hizo la Fiscalía se tuvo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, advirtió que hay gastos “que son muy costosos para la entidad”, como los servicios de seguridad y los servicios de aseo. De acuerdo con la funcionaria, estas obligaciones se incrementaron debido al aumento del salario mínimo para 2026, que fue del 23%. El gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro dejó el salario en $1.750.905, a los que se le suman $249.095 correspondientes al auxilio de transporte.

Esa alza hizo que los contratos suscritos con el personal de seguridad y de aseo se elevaran y, según indicó, son gastos que no se pueden eliminar.

A esta situación se añade el gasto que debe hacer la entidad en materia locativa, teniendo en cuenta que algunas de sus sedes no son propias. Hay cientos de ellas que están en arrendamiento y el pago por esos espacios no puede suspenderse. Además, Camargo informó que la Fiscalía busca crecer y tener una mayor presencia institucional en el país.

“Hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar la cantidad de sedes propias, pero seguimos con una gran cantidad de sedes en arrendamiento. Tenemos en arrendamiento 443 sedes, lo cual significa que esos también son gastos inflexibles, de los que no podemos prescindir, salvo que dejáramos de estar en esos lugares, que levantáramos sedes de la Fiscalía, que no es el propósito. Todo lo contrario, el propósito nuestro es poder crecer”, aseveró.

Adicionalmente, la fiscal indicó que hay otra preocupación sobre el presupuesto: el pago de sentencias. La entidad tenía contemplado un monto de $547.000 millones para ese rubro, pero en el presupuesto no se asigna ninguna partida. Esto supone un problema porque, ante cualquier incumplimiento en el pago de las sentencias, se genera un monto por concepto de mora que incrementa todavía más la obligación.

“Nosotros entendemos los problemas de déficit presupuestal, pero toda la mora que nosotros tengamos en el pago de sentencias en realidad le cuesta muchísimo al Estado. Terminamos pagando tres, cuatro y cinco veces el valor de una acreencia por sentencias”, detalló la fiscal.

Así las cosas, indicó que la brecha presupuestal está en los gastos de funcionamiento, en los servicios de la deuda pública y en la inversión.