Un juzgado de Bogotá legalizó un allanamiento en una clínica de Barranquilla a la habitación 335 donde permanecía hospitalizado Gustavo Bolaño Pastrana, procesado como presunto cabecilla del caso de corrupción en la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), y avaló la incautación de un celular y una libreta con anotaciones sobre un supuesto plan contra el fiscal del expediente.
Según información revelada por Caracol Radio, en la diligencia, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá validó el hallazgo de un teléfono celular y una libreta que, según la Fiscalía, contenía apuntes sobre una estrategia para desacreditar y atacar al fiscal del caso.
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Durante la audiencia también se expusieron alertas sobre el presunto uso de ese aparato para seguir en redes sociales a una mujer vinculada al proceso que negocia un principio de oportunidad, lo que aumentó las dudas sobre las condiciones de reclusión del procesado en la clínica.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación señaló que recibió información sobre el supuesto uso de un teléfono desde la clínica para consultar y vigilar en redes sociales a esa mujer. La fuente entregó capturas de pantalla en las que, según el ente acusador, aparecía Bolaño Pastrana siguiendo la cuenta de la procesada.
Para los investigadores, esa situación implicaba un posible riesgo por la colaboración que la mujer presta a la justicia. El juzgado ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reforzar de inmediato la vigilancia y evitar que el procesado acceda a celulares u otros medios de comunicación desde el centro hospitalario.
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Las dudas sobre su permanencia en la clínica
Bolaño Pastrana tiene vigente una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario desde el 15 de abril. Primero permaneció en el Búnker de la Fiscalía y luego estaba previsto su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá.
Después reportó un dolor en el pecho y terminó hospitalizado en Clínica La Asunción, en Barranquilla. La Fiscalía cuestionó esa permanencia porque la información recopilada por las autoridades apunta a que no existirían, hasta ahora, condiciones clínicas que la justifiquen.
Dentro del proceso también quedó consignado que Bolaño Pastrana habría entregado por anticipado $10 millones para cubrir un mes en el centro asistencial. Su estadía, según la información conocida por las autoridades, superó ese plazo.
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La Fiscalía pidió explicaciones al Inpec sobre el cambio del sitio de reclusión y el 6 de agosto solicitó dejar sin efecto la decisión que había autorizado su traslado. Después, una resolución del 14 de agosto dispuso el envío de Bolaño Pastrana y de los demás detenidos de este expediente a La Picota, aunque él continuó en Barranquilla.
El 22 de septiembre está prevista una audiencia para estudiar una solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención domiciliaria. En esa diligencia se definirá si Bolaño Pastrana sigue privado de la libertad en un establecimiento carcelario o si pasa a su residencia.
El alcance del presunto desfalco de Aremca
El caso investiga la presunta apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe. Según la Fiscalía, la estructura habría intervenido en 101 contratos por más de 496.000 millones de pesos.
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Una línea del expediente señala una posible apropiación de más de 80.000 millones de pesos. Otra menciona 3.200 millones de pesos en recursos de regalías de iniciativas que debían ejecutarse en Arauca.
La investigación también sostiene que Aremca presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos por contribución especial de obra pública. En diligencias del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar, fueron capturadas nueve personas.
La Fiscalía imputó delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. En audiencias, el fiscal del caso describió la estructura como un “cartel de direccionamiento de contratos”.
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El expediente también menciona a Alfredo Ballestas, señalado como asesor jurídico de la estructura, quien permanece prófugo. Según información del proceso, habría manifestado interés en negociar con la Fiscalía y entregar datos sobre personas con fuero constitucional y alcaldes, a cambio de una eventual detención domiciliaria.
La pesquisa también alcanza a la representante Karen Manrique, sobre quien la Fiscalía compulsará copias para establecer si tuvo relación con movimientos de dinero asociados a contratos de La Playita y Tame, en Arauca. Una interceptación del 24 de febrero también menciona al senador Wadith Manzur en una conversación entre el contratista Soto Caraballo y su pareja.
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