Estarían provocando incendios en Tolima y otros lugares del país para adquirir títulos mineros y hacer fracking, según denuncia: “Un patrón”

El senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz denunció la presunta quema de tierras en Tolima y otros lugares del país para la adquisición de títulos mineros y el desarrollo de actividades de extracción de hidrocarburos. Esto, en medio de incendios que han estado atendiendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las autoridades locales en varios departamentos; algunos de ellos han sido generados por las temperaturas altas que caracterizan al fenómeno de El Niño y otros han sido provocados.

“Podemos establecer con mi equipo un patrón de comportamiento en todo el país que estamos documentando, ya empezamos a documentarlo en el departamento del Tolima”, precisó el congresista en la sesión del 8 de septiembre de la Comisión Quinta del Senado de la República.

De acuerdo con el servidor público, en Tolima hay 650 solicitudes de títulos mineros en 770.000 hectáreas de tierra, aproximadamente. De la totalidad, 311 están siendo solicitadas para hacer fracking, una técnica de fracturación del suelo que se utiliza para extraer gas y petróleo.

Un ejemplo específico de lo que estaría pasando en Tolima se sitúa en la una reserva campesina de Chaparral. Según el congresista, por medio de la solicitud 504336, la empresa Cementos San Marcos está pidiendo un título minero para poder levantar la restricción de reserva campesina y ejercer allí la minería. “¿Y adivinen qué? Arden las llamas en este territorio”, aseguró el senador del Pacto Histórico.

A su juicio, este panorama muestra que hay personas que podrían estarse beneficiando de los incendios que se están registrando en Tolima y otros departamentos. Presuntamente, se estaría buscando un cambio del suelo para que sean aprobados los títulos mineros, que sin los daños causados por las llamas, podrían ser rechazados debido a que esas zonas son reservas o Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) o reservas.

El congresista vinculó los incendios presuntamente provocados con la eventual eliminación de las Appa que planea hacer el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Desde la perspectiva de Gómez Paz, habría un interés político detrás de la derogatoria de las resoluciones que declararon las áreas de protección. Sin embargo, la administración aclaró que se busca eliminar restricciones que “afecten injustificadamente” el uso productivo de la tierra y fortalecer la economía del campo.

“Por eso la intención de desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, eso que es tan urgente para este Gobierno (...). Se lo quiero decir al país: aquí hay una posición política del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que vamos a buscar la sustentación de esto, hasta el último dato”, precisó el senador, sin presentar pruebas que demuestren que las decisiones gubernamentales están relacionadas con los incendios.

El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho, que ejerció como tal durante la administración del expresidente Gustavo Petro, se pronunció al respecto, respaldando la denuncia que hizo el legislador del Pacto Histórico. Advirtió sobre la eliminación de figuras que fueron creadas para proteger el suelo en medio de incendios forestales que están arrasando con miles de hectáreas de tierra.

“¡Qué coincidencia! Incendios en terrenos en donde se quieren desarrollar proyectos mineros y explotación petrolera. Mientras tanto, se eliminan figuras de protección agrícola y de ordenamiento minero, que coincidencias…”, indicó.

De la Espriella dio a conocer sus intenciones de derogar las Appa desde antes de que asumiera la Presidencia. En ese momento, el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Martha Carvajalino, advirtió sobre el retroceso que se puede generar en el país con la derogatoria de las áreas de protección.

Según explicó la cartera, las Appa permiten que el suelo rural agropecuario sea reconocido como un patrimonio estratégico y esencial para producir alimentos. Sin ellas, estarían en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de la población y los derechos de los campesinos.

“La protección del suelo rural agropecuario no constituye una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas. El Decreto Ley 2811 de 1974 estableció la obligación de conservar la integridad y la capacidad productiva de los suelos; posteriormente, la Ley 388 de 1997 ordenó la delimitación y protección de las áreas destinadas a la producción agropecuaria”, detalló el Ministerio de Agricultura.