El senador y líder de la oposición Iván Cepeda interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora.
La acción judicial responde a las declaraciones emitidas por el jefe de la cartera militar durante una entrevista concedida a la revista Semana, en las cuales vinculó los resultados de la campaña presidencial del congresista con presuntas presiones de grupos armados ilegales bajo la denominación de “voto fusil”.
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El recurso legal radicado por el legislador argumentó la presunta comisión del delito de calumnia agravada. Según el escrito de la denuncia, el titular de la cartera de Defensa incurrió en afirmaciones falsas al señalar que el anterior Gobierno nacional estructuró de manera preconcebida los ceses al fuego y las zonas de despeje institucional de la Paz Total para favorecer electoralmente la candidatura del movimiento político Pacto Histórico.
En el desarrollo del espacio periodístico transmitido por medios digitales, el ministro de Defensa expuso la lectura del Gobierno sobre el crecimiento de las estructuras armadas en las regiones y su impacto en los comicios pasados.
“Esto es premeditado por el Gobierno anterior. La mal llamada política de la paz total produjo que se hicieran ceses al fuego, que se les permitiera a los bandidos movilizarse en toda esa región donde fue el voto fusil”, dijo Mora a la revista en mención.
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Además, señaló sobre el senador: “Fue en las áreas donde ganó el excandidato Cepeda; hubo despejes, ceses al fuego, donde se permitió que los bandidos reclutaran y crecieran. Teníamos 27.000 bandidos de todos los grupos terroristas. Hoy ya vamos a alcanzar más de 29.000, casi 30.000. Y esto es producto de ese error premeditado, provocado estratégicamente por el Gobierno anterior”.
Ante estas aseveraciones, el congresista opositor emitió un comunicado oficial en el que rechazó los señalamientos del alto funcionario y advirtió sobre los riesgos que este tipo de discursos generan contra su seguridad personal y el ejercicio de la representación política de sus electores.
“El día de hoy radicaré en la Fiscalía General de la Nación denuncia en contra del ministro de Defensa Nacional por el presunto delito de calumnia agravada. Lo que se pretende es instrumentalizar los esfuerzos de paz para alimentar una narrativa peligrosa ante la opinión pública”, se lee en el documento.
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Además, se lee: “Propicia un clima de alta hostilidad que puede desencadenar en ataques sistemáticos de intimidación, limitaciones al ejercicio de mis libertades públicas y derechos políticos o, incluso, la materialización de afectaciones a mi vida e integridad”.
De igual manera, la defensa del senador recordó que los informes entregados por las misiones oficiales de observación electoral desmintieron la existencia de una correlación estadística entre la injerencia de las organizaciones al margen de la ley y los sufragios depositados por la ciudadanía en las urnas.
El congresista cercano al expresidente Gustavo Petro citó los reportes definitivos presentados por la Misión de Observación Electoral (MOE) local y la delegación del Parlamento Europeo sobre el desarrollo de las votaciones.
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A la par con la denuncia penal, la dirección del movimiento político Pacto Histórico radicó una solicitud formal de derecho de réplica ante los consejos editoriales del medio de comunicación y las autoridades del Consejo Nacional Electoral, amparándose en el artículo 17 de la Ley 1909 de 2018 que regula el Estatuto de la Oposición.
“El Ministro de Defensa Nacional no se limitó a formular una crítica política al Gobierno anterior o a cuestionar la denominada política de ‘Paz Total’. En su intervención estableció una relación directa entre los resultados electorales obtenidos por el entonces candidato presidencial Iván Cepeda y un supuesto voto fusil”, se lee en el escrito.
Además, señaló: “La referida intervención se encuentra comprendida dentro del supuesto que reconoce a las organizaciones políticas declaradas en oposición el derecho de acceso a medios de comunicación”.
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El recurso radicado ante los organismos de control busca la asignación de un espacio televisivo y digital en condiciones de equidad para responder a los cuestionamientos de la cartera de Defensa, mientras la Fiscalía General de la Nación inicia la asignación del fiscal encargado de valorar los elementos materiales probatorios.
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