En sus primeros 30 días, el gobierno de Abelardo de la Espriella concentró sus decisiones en cinco frentes: cerró tres mesas de diálogo con grupos ilegales, activó medidas extraordinarias por el terremoto del 10 de agosto, radicó un presupuesto de $634,9 billones para 2027, anunció hasta $10 billones para la crisis de salud y reordenó la representación estatal en universidades y autoridades ambientales, aunque el efecto real de esas medidas todavía depende de su implementación y de indicadores que aún no permiten medir resultados definitivos.
El dato más relevante del primer mes estuvo en las cuentas públicas. El Ejecutivo presentó un presupuesto equivalente al 29,9% de la economía nacional, con $155,4 billones destinados al pago de la deuda y $86,9 billones a inversión, además de un recorte de $21,9 billones al gasto de 2026.
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Infobae Consultó al programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá que revisó las decisiones adoptadas entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre y concluyó que este primer corte permite identificar prioridades, cambios institucionales y asuntos que exigirán seguimiento, más que resultados consolidados.
Margarita Martínez, directora del programa, resumió ese criterio así: “Treinta días no son suficientes para establecer el éxito o fracaso de una política pública, pero sí ayudan a identificar las prioridades de un nuevo Gobierno, los cambios institucionales que propone y los asuntos que requieren mayor seguimiento”.
La seguridad mostró un cambio de orientación, no resultados concluyentes
En seguridad, el Gobierno clausuró tres mesas de diálogo de la llamada Paz Total mediante nueve resoluciones, ordenó tres bombardeos y avanzó en la reactivación de la aspersión aérea de cultivos ilícitos.
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Esa última decisión no implica que las fumigaciones empiecen de forma automática, porque el procedimiento sigue sujeto al cumplimiento de cinco condiciones fijadas por la Corte Constitucional, según el análisis de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.
La Presidencia reportó hasta el 6 de septiembre 14.914 capturas, 49.379 kilos de estupefacientes incautados, 1.485 armas retiradas y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas. Ese balance describe actividad institucional durante el primer mes, pero no basta por sí solo para demostrar una mejora en las condiciones de seguridad.
La conclusión sobre este tema es que por ahora cambiaron la orientación de la política pública y el tipo de decisiones adoptadas por la administración, pero no existe todavía evidencia suficiente para afirmar que ya mejoraron la seguridad, la atención en salud o la ejecución del gasto.
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Para medirlo habrá que observar la evolución de homicidios, extorsiones, desplazamientos, reclutamiento de menores, control territorial, tiempos de espera en hospitales, acceso a medicamentos y desembolso efectivo de recursos.
El terremoto desplazó la agenda hacia la reconstrucción y las facultades extraordinarias
El sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto alteró la agenda del Ejecutivo pocos días después de la posesión. El Gobierno calculó de forma preliminar daños por $30 billones y declaró una emergencia económica, social y ecológica por 30 días.
Esa declaratoria habilita la expedición de normas extraordinarias sobre impuestos, presupuesto, vivienda, salud, educación y contratación. El punto central para evaluar sus efectos será identificar quiénes recibirán subsidios, materiales o créditos, en qué momento estarán disponibles los recursos y qué mecanismos de control vigilarán los contratos asociados a la reconstrucción.
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“La emergencia permite expedir normas extraordinarias relacionadas con impuestos, presupuesto, vivienda, salud, educación y contratación”, dice el análisis del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura, realizado para Infobae Colombia.
En salud, el Gobierno autorizó la movilización de hasta $10 billones durante sus primeros 90 días para cubrir obligaciones financieras, facilitar el acceso a medicamentos y atender pacientes con servicios pendientes. También anunció una reorganización de Nueva EPS, entidad que agrupa a más de 11 millones de afiliados.
Al cierre del primer mes, varias de esas medidas seguían en discusión o en etapa de implementación. Según el análisis académico, el impacto del plan solo podrá medirse cuando se observe si bajan las quejas, mejoran la disponibilidad de medicamentos, se sostienen los tratamientos y disminuyen los retrasos en la prestación de servicios.
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Los cambios administrativos también alcanzaron universidades, ambiente y política exterior
Por medio del Decreto 1310, el presidente designó representantes en los consejos superiores de 15 universidades públicas. Otro decreto retiró a los delegados anteriores de 26 corporaciones autónomas regionales y cuatro corporaciones de desarrollo sostenible, aunque eso no significa 30 nuevos nombramientos individuales, sino cambios en la representación dentro de órganos colegiados.
Esas modificaciones tienen consecuencias en espacios que deciden sobre presupuestos universitarios, elección de directivas, gestión institucional, licencias, agua y protección ambiental. Aunque su apariencia es administrativa, inciden en instancias con poder sobre decisiones estratégicas del Estado.
El balance del primer mes también dejó una señal en política exterior. Manuel Camilo González Vides, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, dijo a Infobae Colombia que hubo “un giro de 180 grados en la política exterior” frente al gobierno de Gustavo Petro y lo definió como un alineamiento activo con Estados Unidos.
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Según explicó, ese viraje reduce la autonomía de Colombia y la expone a las decisiones que tome Washington frente a la región y al mundo. También sostuvo que la administración busca recomponer la relación con Israel, una relación que describió como centrada históricamente más en cooperación militar y de inteligencia que en intercambio comercial.
González Vides advirtió además que el Gobierno tendrá que seguir con cuidado las elecciones de medio término en Estados Unidos. Señaló que un Congreso dominado por los demócratas podría intentar recortar o condicionar ayudas a aliados de Donald Trump, con exigencias ligadas a derechos humanos, narcotráfico y la posición colombiana frente a Israel, Gaza y Oriente Medio.
En la misma entrevista con Infobae Colombia, el académico agregó que Colombia debe evitar una agenda exterior monotemática y no cerrarse a otros socios potenciales, en especial después del terremoto.
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“Colombia no se puede cerrar al mundo, particularmente pensando en lo que sucedió con el terremoto, a solamente, no abrirle la puerta a ciertos aliados o potenciales aliados y cerrárselas a otros”, dijo el experto en política internacional.
También sostuvo que una política demasiado centrada en intereses de Washington puede desplazar otros asuntos internacionales en los que el país había tenido presencia, como cambio climático, biodiversidad y reformas al régimen internacional.
“Eso, pues obviamente, lo que nos puede generar es un aislamiento de facto, en el sentido de que ciertamente ese alineamiento activo, esa lógica de vagón, nos puede de alguna forma estar desviando de otras discusiones interesantes en el mundo, como por ejemplo el cambio climático, la protección de la biodiversidad e inclusive, pues temas muy relacionados particularmente pensando en los avances que tuvo Colombia en reformar el régimen internacional de, eh, de drogas”, concluyó González Vides.
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