La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, anunció la implementación de un plan de choque administrativo y la suspensión temporal de los procesos de contratación en el ministerio.
La decisión se tomó tras hallar deficiencias presupuestales, fallas en los controles fiscales internos y posibles irregularidades en la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura hospitalaria en distintas regiones del país.
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El reporte entregado por la cartera señala que la Contraloría General de la República emitió una opinión contable negativa sobre la vigencia de 2025 y decidió no fenecer la cuenta fiscal de la entidad.
A este diagnóstico se suma la detección de una diferencia presupuestal de 2,9 billones de pesos entre los dineros comprometidos por la administración anterior y las obligaciones de pago efectivamente ejecutadas durante el presente periodo gubernamental.
Ministra de Salud Ana María Vesga anuncia plan de choque
La ministra explicó directamente el escenario financiero encontrado al asumir el cargo mediante una declaración oficial dirigida a la opinión pública: “Recibimos un ministerio con serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas”.
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“Contraloría General de la República, en su auditoría de la vigencia 2025, emitió opinión contable negativa, halló deficiencias en el control interno fiscal y no ofreció la cuenta fiscal del ministerio. Pero había algo más urgente. Encontramos un enorme volumen de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones”, señaló la jefa de cartera en su comunicación.
“En agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de $4,4 billones. $4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1.3 billones obligados y pagados, una diferencia cercana a 2.9 billones de pesos”, afirmó Ana María Vesga.
Dentro del proceso de auditoría interna, el equipo técnico del ministerio inició la revisión detallada de 28 resoluciones administrativas que contemplan 176 proyectos por un monto superior a los $490.000 millones de pesos.
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Los análisis preliminares permitieron identificar que 108 de estas iniciativas, valoradas en más de $365.000 millones, carecían del respectivo registro presupuestal, correspondiendo el 83% de esa cifra a contratos para la construcción y remodelación de infraestructura en salud, según indicó la titular de la cartera.
Frente a este panorama, la funcionaria emitió una orden administrativa de carácter inmediato para detener la suscripción de nuevos compromisos contractuales y evaluar cada expediente de manera individual.
El Ministerio de Salud detectó contratos sin registro presupuestal
“No podíamos seguir firmando y tramitando como si nada hubiera ocurrido. Por esa razón, una vez posesionada, expedí una circular que suspendió temporalmente los nuevos procesos de contratación, los nuevos contratos y convenios, los contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de los contratos vigentes”, señaló la ministra.
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Ana María Vesga recalcó: “Las excepciones indispensables quedaron sujetas a justificación y autorización previa de mi despacho”.
A la par con las medidas administrativas, el Ministerio de Salud trasladó las evidencias recopiladas a las autoridades judiciales tras detectar presuntos cobros de comisiones ilícitas e intermediaciones no autorizadas en el trámite de las asignaciones presupuestales.
La entidad formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública y se determinen las responsabilidades individuales.
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A través de un comunicado, la cartera fijó su postura frente al uso de los fondos públicos y el desarrollo de las investigaciones penales: “El Ministerio es absolutamente claro: jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en su nombre”.
“Quien haya utilizado su nombre para pedir dinero o pretender negociar recursos públicos tendrá que responder ante la justicia. El 5 de septiembre la ministra presentó personalmente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables, por la posible comisión de delitos contra la administración pública”, señala el texto oficial.
El documento del organismo estatal reiteró la orientación de las acciones preventivas adoptadas durante este periodo de transición institucional: “Los recursos de la salud no son una caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos: son recursos públicos destinados a hospitales, medicamentos y a la atención de millones de colombianos”.
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“Cada peso comprometido será revisado y cada irregularidad será denunciada. Tenemos una sola instrucción: transparencia absoluta y los recursos de la salud al servicio de los colombianos”, concluye la comunicación del ministerio.
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